Objeción de conciencia, fin del periodo de reflexión o violencia obstétrica: estos son los planes de Igualdad para el aborto

Darle un vuelco a la Ley del Aborto más de una década después de su aprobación será una de las prioridades del Ministerio de Igualdad de cara al nuevo curso político. El departamento de Irene Montero ya está trabajando en la reforma, y aunque a la norma le espera un largo proceso de consultas, ha avanzado algunas de las claves que prevé que estén incluidas. Aún no hay propuesta de texto, que pretende estar lista para final de año, pero los anuncios ya han levantado polvareda en los colegios de médicos, que han cargado contra algunas de estas medidas a través del organismo que les representa, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).

La ministra adelantó algunas de las líneas maestras del proyecto el pasado jueves en la inauguración de Más salud sexual y reproductiva. Hacia la modificación de la ley orgánica 2/2010, una serie de encuentros con expertas y organizaciones concebidos como punto de partida para articular la reforma. Ya Antonia Morillas, la directora del Instituto de las Mujeres, que tiene encomendada la tarea, había avanzado sus prioridades con la vista puesta en que el aborto “sea un derecho accesible, sin barreras y obstáculos y que no dependa del lugar de residencia”, declaró el día de su nombramiento.

Entre las intenciones se encuentra la despenalización del aborto, que aún se encuentra en el Código Penal como delito, el fomento de la educación sexual o garantizar el acceso a la anticoncepción. También eliminar la necesidad de consentimiento para las chicas de 16 y 17 años y los tres días de reflexión, incluir la violencia obstétrica y la gestación subrogada como violencia de género, instaurar medidas contra el hostigamiento en las clínicas o regular la objeción de conciencia de los sanitarios, algo que Montero defendió como “imprescindible” para garantizar el acceso al aborto en la sanidad pública.

Actualmente el modelo imperante en España es el de los conciertos con clínicas privadas. Así, las mujeres no pagan por el aborto al tiempo que estos centros asumieron la tarea hace más de 30 años ante la dejadez institucional. Para asumir esta prestación en la red sanitaria pública, que es a lo que apunta la ley aprobada en 2010, los centros deben organizar sus servicios y personal en base a quienes son o no objetores. La norma reconoce el derecho a los médicos, pero deben manifestarlo “anticipadamente y por escrito” para que “el acceso y la calidad asistencial de la prestación no puedan resultar menoscabadas”, reza la ley, pero que, sin embargo, “es algo que en la práctica no se cumple”, denuncia Silvia Aldavert, coordinadora de L' Associació drets sexuals i reproductius de Catalunya.

Ni siquiera ocurre en las provincias en las que no hay clínicas para concertar el servicio, lo que hace que miles de mujeres se vean obligadas a desplazarse a otras para abortar. En estos casos la red sanitaria pública tampoco asume las intervenciones, y una razón a la que suelen aludir algunas comunidades es a la objeción de conciencia que vendría a darse en el servicio público. Sin embargo, la objeción “es un derecho individual”, recuerda Aldavert, “es decir, no puede objetar un hospital y una autonomía entera, por lo que sería un incumplimiento de la norma vigente”. Tampoco existen datos sobre cuántos objetores hay realmente.

Un registro avalado por el Tribunal Constitucional

Fuentes de Igualdad explican que una de las posibilidades que se están estudiando es regularla de forma similar a la recién puesta en marcha ley de eutanasia. La norma da un paso más y obliga a las administraciones a crear un registro de profesionales objetores para que la Administración “pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación” y que estará sometido a estricta confidencialidad y protección de datos. Y aún avanza todavía más a través del manual de buenas prácticas para la implementación de la eutanasia de Sanidad, en el que matiza que se trata de un derecho “individual, no colectivo”, que deben conocer los centros sanitarios para “organizar” los servicios, pero que no podrá ser utilizado para “discriminar” al profesional de ninguna forma.

El CGCOM, por su parte, ha mostrado su disconformidad con lo que ha interpretado como un intento de “dificultar” el ejercicio del derecho: “Formar la conciencia de los médicos para ampliar el número de facultativos disponibles” es “inconstitucional” y se consideraría “inaceptable, ilegal e injusto”, suscribió en un comunicado. Preguntado sobre la viabilidad del registro, su presidente Tomás Cobo alude a que “no puede decirse que es ilegal”, pero sí lo considera “poco útil” y “nos da miedo que no tenga la confidencialidad que debe tener”. Los registros fueron avalados por el Tribunal Constitucional en 2014, tras el recurso del PP navarro contra el que desarrolló esta comunidad. Los jueces estimaron que era una medida “a efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación” del aborto y no “un límite al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia”, reza el fallo.

El periodo de reflexión, “tutela del Estado”

Eliminar el consentimiento obligatorio para que las chicas de 16 y 17 años aborten es otra de las piezas que el Ministerio quiere incluir en la futura reforma de la ley. Así fue como lo estableció la norma de 2010, que en su artículo 13.4 reconocía que el consentimiento les correspondía exclusivamente a ellas, aunque especificaba que los padres debían ser informados de la decisión. Estuvo en vigor cinco años, hasta que en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy reformó la ley para impedir a las menores interrumpir voluntariamente su embarazo sin la autorización de los progenitores o representantes legales. Fue el último recurso al que se acogieron los populares para contentar a los sectores más radicales después de que el intento de reforma de Alberto Ruiz-Gallardón, que proponía la norma de aborto más restrictiva de la democracia, fracasara gracias a la presión feminista.

La idea más expandida por los sectores ultraconservadores fue que, supuestamente, muchas adolescentes interrumpían su embarazo sin decírselo a madres o padres. Un argumento desmentido de forma reiterada por las asociaciones especializadas, clínicas y centros de planificación familiar que atienden a estas chicas. Según un estudio elaborado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), entre enero y septiembre de 2014 abortó sin consentimiento un 12,38%; la inmensa mayoría eran chicas de otros países emancipadas, jóvenes en situación de desamparo familiar u otras que alegaban riesgo de sufrir malos tratos.

A esta reforma tan esperada por las organizaciones feministas le acompañará también otra de las demandas históricas: la suspensión de los tres días de periodo de reflexión. La ley dispone actualmente que, cuando una mujer solicita interrumpir voluntariamente su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación, deberá recibir toda la información sobre prestaciones, derechos y ayudas “de apoyo a la maternidad” –se lo entregan en un sobre cuyo contenido depende de cada comunidad autónoma– y esperar tres días antes de la intervención.

Para Aldavert, se trata de “una imposición del control y tutela del Estado sobre el cuerpo y las decisiones de las mujeres”, que no se aplican en ninguna otra prestación. También desde ACAI valoran positivamente la propuesta, pues la práctica clínica ha demostrado que “cuando una mujer acude a interrumpir su gestación ha meditado profundamente su decisión”, explica Francisca García, presidenta de la asociación. Alargar la situación “implica alargar un proceso que debe ser corto en sus plazos, tanto desde un punto de vista médico como emocional y personal”, añade.

Poner fin a las acciones de hostigamiento y acoso que denuncian las clínicas en las que se practican interrupciones voluntarias del embarazo será otra de las prioridades que atajara la reforma de la normativa. Son varios centros que se ven afectados diaria o semanalmente por la actividad de grupos ultracatólicos que se colocan a sus puertas o en las inmediaciones y abordan a las mujeres que entran para intentarles convencer de que no aborten o les entregan folletos culpabilizadores y con información sesgada sobre la intervención.

Aún no se ha decidido cuál será la vía, pero el Instituto de las Mujeres baraja el establecimiento de las llamadas “zonas de seguridad”, es decir, una distancia mínima alrededor de los centros en la que no puede haber manifestaciones ni actividades de este tipo, como ya ocurre en otros países europeos. El PSOE, que también se ha mostrado favorable a esta medida, ha registrado a su vez en el Congreso una iniciativa para que el Código Penal castigue estos actos con penas de cárcel. Sin embargo, las clínicas consideran que la regulación no puede esperar a que se tramite la ley. El “acoso”, señala García, “es sistemático” y se produce desde hace años, por lo que reclama una “protección inmediata para ejercer lo que es un derecho y una prestación sanitaria” a través de reformas urgentes.

La violencia en el parto como violencia de género

Otra de las novedades que ha dado que hablar en los últimos días será el reconocimiento de la gestación subrogada y de la violencia obstétrica, aquella que se da en el marco del parto, como una forma de violencia de género. Según explicaron fuentes del Instituto de las Mujeres recientemente a elDiario.es, la reforma “tiene que hacer todavía un importante recorrido de diálogo, consultas y participación, por lo que es prematuro determinar cuestiones concretas”, pero sí se contemplan varios ejes en este sentido: prevé ahondar en la sensibilización y formación de los profesionales sanitarios, “modernizar” los protocolos vigentes y proporcionar a las embarazadas “toda la información necesaria de sus derechos”, así como “prevenir, detectar y sancionar conductas que los vulneren”.

La intención ha sido duramente contestada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que rechazan el concepto, aseguran que “no se ajusta a la realidad en nuestro país” y consideran que “criminaliza las actuaciones de profesionales, que trabajan bajo los principios del rigor científico y la ética médica”. Eso a pesar de que la ONU la ha calificado de “fenómeno generalizado” e incluso ha llegado a reprobar a España en 2020 por el caso de una mujer que denunció ante el organismo.

Preguntado por ello, Cobo atribuye los testimonios de mujeres que denuncian estas prácticas a “casos aislados de experiencias desafortunadas” de los que “no se puede crear una generalidad” y reitera su oposición a que se utilicen “términos tan agresivos para referirse a tratamientos médicos para los que existe un consentimiento informado y que tienen evidencia científica”. “Estamos dispuestos a colaborar en revisiones de protocolos y que se cambie lo que tenga que cambiar, pero con seriedad, lanzar alarmas de este tipo no es prudente”, opina el presidente del consejo, con los que ya Morillas ha anunciado que se reunirá.

Desde asociaciones como El Parto es Nuestro lamentan el “negacionismo” del Consejo y recuerdan que el dictamen emitido el año pasado por Naciones Unidas instó a España a “adoptar políticas públicas para combatir esa violencia”. La organización defiende que hay “muchas intervenciones que se realizan de forma rutinaria” –entre las que se suelen incluir las episiotomías, la administración excesiva de fármacos o la tendencia creciente a las cesáreas– que “nada tienen que ver con el rigor científico y la ética médica” y que “se alejan” de los indicadores de atención al parto establecidos por la OMS y el propio Ministerio de Sanidad, denuncian.