El Constitucional suspende parte del decreto andaluz convalidado en pleno estado de alarma con solo 18 diputados

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno de España contra varios preceptos del decreto convalidado el pasado 2 de abril en la Diputación Permanente del Parlamento de Andaucía, en pleno estado de alarma y con el voto de tan solo 18 diputados. Se trata de la norma aprobada un mes antes en Consejo de Gobierno de la Junta y que, de una tacada, modificó 21 leyes y seis decretos en virtud de una simplificación administrativa para el fomento de la actividad productiva que, al menos en un par de cuestiones, habrá de revisarse si salta la Constitución Española.

A la misma hora que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, defendía el citado decreto en la sesión de control al Gobierno porque “necesitamos simplificar la vida”, el Constitucional celebraba su primer pleno telemático de su historia y zanjaba que suspendía su artículo 13, con exclusión de su párrafo primero, y los apartados 6, 11, 12, 13, 14 y 15 del artículo 28, según consta en la providencia publicada este miércoles.

El recurso, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 21 de abril pese a que la Junta se ha comprometido a remitir de nuevo la norma al Parlamento, se refería a artículos relativos a la protección del patrimonio cultural contra los expolios (artículo 13) y la comunicación audiovisual (artículo 28), ya que, según el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la comunidad autónoma invade competencias estatales en dichas materias. Antes de cinco meses, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse.

El primero de los puntos aludidos por el Gobierno central podría vulnerar la Ley estatal de Patrimonio Histórico, ya que la norma andaluza autoriza a los alcaldes para hacer reformas en sus municipios, en el entorno de un Bien de Interés Cultural (BIC). El otro punto modifica la Ley Audiovisual para permitir que las empresas privadas gestionen emisoras de radio y televisión que ahora están en manos de los ayuntamientos, y allana la legalización de las radios y televisiones pirata, al autorizarles a emitir publicidad institucional pagada. Hace apenas unos días, el Consejo Audiovisual de Andalucía se sacudía la petición del sector para que se pronunciara sobre el citado decreto, que le quita competencias.

Tiempo para las alegaciones

La decisión del Pleno del TC “produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los referidos preceptos desde la fecha de interposición del recurso (22 de abril) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros”. Asimismo, el Pleno acuerda dar traslado de la demanda y de los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, así como al Parlamento y a la Junta de Andalucía, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes“, según consta en la providencia.

La portavoz del Gobierno español, la andaluza María Jesús Montero, reiteró hace unos días “la voluntad negociadora” del Ejecutivo con la Junta de Andalucía con el fin de “adecuar el decreto al ámbito competencial previsto en la Constitución”. En su recurso, el Ejecutivo solicitaba al TC la suspensión de las disposiciones impugnadas al entender que los perjuicios que pudieran generar por su aplicación podrían ser de “difícil o imposible reparación” y porque, “por su relevancia, inciden en el ejercicio de derechos de los ciudadanos”.

En cualquier caso, no es este el único obstáculo a salvar por la Junta en relación al conocido decreto, del que también han alertado los ecologistas. El PSOE andaluz anunció este martes que acudirá también al Tribunal Constitucional por la convocatoria de la Diputación Permanente del Parlamento durante el estado de alarma y en cuyo marco se convalidó la nueva norma. El PP ha lamentado ese “autorrecurso”, en alusión a que el PSOE votó de forma favorable a dicha convocatoria. Del mismo modo, los socialistas también recurrirán el decreto en sí con un escrito que será llevado al alto tribunal por 50 miembros del Senado de España.