Los refugiados como negocio inmobiliario: precios inflados hasta el máximo de la ayuda pública de vivienda
“A inmigrantes no alquilamos”, “a esa gente no la queremos”, “extranjeros no” y negativas de ese corte están escuchando solicitantes y beneficiarios de protección internacional cuando pretenden alquilar una vivienda. Sevilla es una de las ciudades de España con más plazas de acogida temporal (11.971 personas) y eso, por otro lado, “lo están aprovechando algunos propietarios e inmobiliarias para beneficiarse y alquilar en unas condiciones precarias con precios muy elevados”. Del racismo en unos casos a una especie de burbuja inmobiliaria pero “por abajo”: el refugido como negocio.
No se trata de una situación particular ni de casos puntuales sino de una denuncia que quieren hacer pública las ocho organizaciones sociales (Fundación Secretariado Gitano, Accem, Movimiento contra la Intolerancia, Fundación Cepaim, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Movimiento por la Paz, Cruz Roja y Red Acoge) que forman parte del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, dependiente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. “Lo estamos viendo en un 60-70% de los casos”, explica a eldiario.es Andalucía Susana Larios, técnica de igualdad en Accem y que habla en nombre de las citadas entidades, que también trabajan con personas en riesgo de exclusión.
El objetivo fundamental de dicho servicio es la asistencia, asesoramiento y orientación a las personas víctimas de discriminación racial en cualquier ámbito. Pues bien, se están dando situaciones en las que “muchos arrendadores e inmobiliarias están comprando viviendas en zonas desfavorecidas de Sevilla, como 'Los Pajaritos', a unos precios muy bajos para después arrendarlos a los solicitantes de asilo a unos precios desorbitados para esas zonas”.
¿Por qué pueden hacerlo? Larios lo explica con un ejemplo real. Un solicitante de asilo está viviendo junto a su familia en un piso alquilado en La Candelaria, una zona desfavorecida de Sevilla junto a Los Pajaritos, por 700 euros. La renta mensual es notablemente superior a la media de la zona, pero se da la circunstancia de que esa cantidad es igual a la máxima ayuda específica de vivienda que concede el Ministerio para unidades familiares de cinco o más personas, indica la portavoz de las ONG. “La información es pública y los dueños de viviendas lo saben. Preguntan cuántos miembros hay en la familia y ajustan al máximo la renta, esté donde esté el piso”, añade.
“Es una casuística que se está dando en toda España”, comenta Larios, que señala que se da más particulares que inmobiliarias pero que éstas también se están aprovechando de ello. “Es legal pero, ¿es ético? El problema es muy grande y hay entidades tramitadoras y mediadoras que han creado puestos de trabajo específico para el tema de la vivienda”, explica. “A la problemática de los pisos turísticos, las ONG nos encontramos a diario con actitudes racistas y xenófobas por parte de propietarios e inmobiliarias”, denuncia, detallando que habían advertido del fenómeno pero que se está extendiendo considerablemente en este 2018, “coincidiendo con el boom de las viviendas turísticas”.
La técnico de Accem detalla que, dentro del programa de Protección Internacional, los solicitantes de asilo son beneficiarios de unas ayudas económicas entre 18 meses y 24 meses en caso de vulnerabilidad. Dicho programa está dividido en tres fases: Fase de Acogida Temporal, Fase de Integración y Fase de Autonomía. Todo ello está recogido y detallado en el Manual de Solicitantes y Beneficiarios de Protección Internacional del Ministerio.
“Es en la tercera fase cuando se empiezan a dar estas discriminaciones”, dice. En el caso de la ayuda para la vivienda, una vez que salen del centro o del piso de acogida gestionado por la entidad que les acompaña entre el tercer y el sexto mes del ingreso en el programa, se convierten en beneficiarios durante seis meses y hasta un año o más de dicha ayuda para vivienda. Paralelamente, reciben las ayudas para las necesidades básicas con la que cubren todos sus gastos, informa Larios.
Hay determinadas nacionalidades que provocan un mayor rechazo para el alquiler, como puede ser principalmente las procedentes del África subsahariana. En la lista de discriminados le seguirían los países árabes, algunos países de Europa del este y, por último, los latinoamericanos. Los arrendadores tienen miedo de que sus viviendas se conviertan en 'pisos patera' y, por otro lado, tienen miedo de alquilar sus viviendas a determinadas etnias por el rechazo que se pueda producir por la comunidad de vecinos del edificio en cuestión, explica la técnico de Accem.
Ese rechazo no solo se aprecia hacia posibles refugiado sino hacia personas de etnia gitana con las que, desde algunos programas de exclusión social, trabajan varias entidades, observando “estigmatización y prejuicios muy arraigados”. “Nos han llegado a alquilar viviendas diciendo que era para familias en situación de exclusión social, cerrar el trato y, cuando se han mudado y el dueño ha visto que eran gitanos, han llamado a la entidad para rescindir el contrato. El asunto se solucionó y, meses después, el propietario está encantado con la familia y ha podido comprobar cómo sus temores eran infundados. A veces basta con dar el paso de intentarlo”, señala Larios.
Entre los problemas con los que se encuentran los solicitantes de protección internacional cuando quieren acceder a un alquiler de una vivienda, las entidades también aluden a que la sustitución de arrendamientos anuales donde se establece la vivienda fija por arrendamientos turísticos, además de provocar que la oferta de alquiler haya disminuido considerablemente, provoca que en las ofertas se exigen unos requisitos que las hacen inaccesibles para los participantes del programa, además de un aumento excesivo en el precio de la mensualidad.
Eso genera que los barrios en los que puedan acceder a la vivienda sean barrios mayoritariamente de población inmigrante (Macarena, San Jerónimo, Polígono San Pablo…) o barrios desfavorecidos (Los Pajaritos, Las Candelarias, 3.000 viviendas…). Desde Accem añaden que, por ejemplo, a este colectivo se les pide una fianza de tres meses y “llamando a la misma inmobiliaria por el mismo piso, diciendo que eres de Sevilla y tal, la fianza es de un mes. Son casos reales que nos estamos encontrando. Están incumpliendo la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No discriminación”.
Por otra parte, las compañías de seguros que cubren el hipotético riesgo de pago de la renta no reconocen las ayudas de Protección Internacional como suficientes para hacer frente al pago mensual, a pesar de la continuidad en el tiempo de la ayuda concedida por el Ministerio. “Desde las entidades se les facilita un documento en el que se acredita que reciben una ayuda económica para el pago del alquiler, pero en la mayoría de casos es insuficiente”, añade.
Según Accem, y en relación a las circunstancias de la unidad familiar, la dificultad del alquiler se ve incrementada en los casos en que se trata de mujeres solas con menores a cargo (familias monoparentales), familias extensas y familias con varios menores. “Tanto las inmobiliarias como los propietarios nos transmiten el temor de alquilar a estas familias porque, al llegar la finalización de las ayudas, podrían ocupar la casa ya que, teniendo menores alojados en esas viviendas, es mucho más complicado el desalojo. En el caso de las mujeres solas con menores a cargo, el temor se ve incrementado bajo el argumento de que no va a poder trabajar nunca porque tiene que ocuparse de los niños”, explica la fuente.
La Defensoría del Pueblo Andaluz recibió el pasado miércoles a las portavoces de las asociaciones y está estudiando esta cuestión:
