Una iniciativa popular sortea el veto del Gobierno andaluz al debate de la sanidad pública en el Parlamento

Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “para recuperar la calidad del sistema sanitario público” en Andalucía introducirá en el Parlamento el debate sobre la gestión sanitaria del Gobierno de Moreno que, debido a la mayoría absoluta del PP, ha ido evitando en los últimos meses al neutralizar diversos intentos por parte de la oposición de izquierdas. La Proposición de Ley de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, que viene acusando a Moreno y a la Consejería de Salud de alentar “una sanidad para ricos”, ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, que ahora lo pondrá en conocimiento de la Junta Electoral de Andalucía para la recogida de las firmas requeridas, que la plataforma cifró en 40.000 cuando el pasado mes de noviembre informó de su iniciativa.

Será la segunda ILP que se debata en el Parlamento en esta legislatura. En diciembre de 2022, el Parlamento, de acuerdo a la mayoría de votos del grupo popular, rechazó la iniciativa impulsada por 30 colectivos de la comunidad educativa para modificar la Ley de Educación de Andalucía con el objetivo de reducir el número máximo de alumnos por aula.

Ahora de fondo el debate es sanitario y apenas unas semanas después de que el Gobierno andaluz firmara otra prórroga con la sanidad privada, sumando cinco años de contratos públicos a dedo sin publicidad. La Junta ha vuelto a esgrimir la pandemia para justificar hasta el verano de 2025 la ampliación de los contratos negociados con hospitales privados para reducir las listas de espera quirúrgica y prevé duplicar el gasto inicial hasta los 222 millones de euros.

La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, que en noviembre logró reunir a miles de andaluces para denunciar en las calles que la sanidad pública “se ha convertido en un negocio” bajo el actual Gobierno andaluz, retoma así el pulso reivindicativo después de que las fiscalías de las ocho provincias andaluzas acordaran el archivo de sus denuncias por el “colapso” de las listas de espera sanitaria.

Rechazo a mociones e iniciativas de la oposición

Si bien es más que previsible que el PP tumbe la ILP, las Mareas Blancas consiguen llevar al Parlamento unas cuestiones que han sido vetadas pese a los intentos de los partidos de la oposición. Por ejemplo, en octubre, las fuerzas de izquierdas y Vox respaldaron una iniciativa del PSOE para reforzar el control interno del gasto en el Servicio Andaluz de Salud tras la apertura de la investigación judicial por los contratos de emergencia postcovid. Pero la medida se estrellaba contra la mayoría absoluta de Moreno.

En un debate más general, en noviembre, pero también con el mismo trasfondo sanitario, la mayoría absoluta del PP y el apoyo de Vox tumbaron las enmiendas a la totalidad de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía contra el proyecto de presupuestos andaluces para 2025. Esos tres grupos, al hilo también de lo que vienen reivindicando los sindicatos con representación en la mesa sectorial de la sanidad (CSIF, Satse, CCOO y UGT), denunciaron el “colapso” de la atención primaria, las abultadas listas de espera para operarse, los informes “desfavorables” de la Intervención General que cuestionan la contratación a dedo con clínicas privadas y, sobre todo, una causa judicial abierta contra el Gobierno andaluz por un supuesto delito de prevaricación en la adjudicación a dedo de casi 300 millones de euros a empresas privadas amparándose en el marco legal excepcional de la pandemia ya derogado.

Las Mareas Blancas, en la ILP que se debatirá en el Parlamento, argumentan con cifras que “el derecho a la promoción de la salud y a la atención de la enfermedad están plenamente asegurados tanto en la Ley General de Sanidad como en el Estatuto de Autonomía de Andalucía”.