Acuerdo político para un futuro libre de violencia de género

El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente la renovación del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género en España, un hito crucial en la lucha contra una de las problemáticas más urgentes de nuestra sociedad. Desde su aprobación en 2017, este acuerdo ha constituido un marco de actuación fundamental para coordinar esfuerzos institucionales, fortalecer políticas públicas y garantizar los derechos de las víctimas. 

El Pacto de Estado ha representado un consenso político inusual en España, lo que refleja la magnitud y la urgencia de la lucha contra la violencia de género. Su renovación reafirma el compromiso del Estado con esta causa, pero es imprescindible que el acuerdo no se limite a ser una mera declaración de intenciones. Para que su impacto sea real, es necesario garantizar la financiación adecuada y la evaluación continua de las medidas implementadas.

Entre las novedades incluidas en esta renovación, se encuentra la creación de nuevas unidades especializadas en la lucha contra la violencia de género dentro de las fuerzas de seguridad, así como el refuerzo de los programas de protección para víctimas con riesgo elevado. Además, se han incorporado medidas específicas para abordar la violencia de género en el ámbito rural, donde la accesibilidad a los recursos de protección es más limitada.

Uno de los principales retos es la adaptación a las nuevas formas de violencia de género que han surgido con el avance tecnológico. El acoso digital, la difusión no consentida de imágenes íntimas o el cibercontrol son manifestaciones crecientes que requieren respuestas específicas y actualizadas. En este sentido, la inclusión de medidas para combatir la violencia digital es un paso positivo, pero su aplicación debe ser efectiva y contar con los recursos necesarios para su implementación.

Uno de los pilares del Pacto de Estado es la educación como herramienta clave para la prevención. No obstante, las políticas educativas en esta materia aún presentan deficiencias. Es imprescindible que la educación en igualdad y en prevención de la violencia de género se incorpore de manera transversal en el currículo escolar desde edades tempranas, promoviendo una cultura de respeto y erradicando patrones de conducta machistas.

Además, la sensibilización no debe limitarse al ámbito escolar. Es fundamental que se intensifiquen las campañas de concienciación dirigidas a la sociedad en su conjunto, especialmente a los hombres, para fomentar su implicación activa en la erradicación de la violencia de género. Sin una transformación social profunda, cualquier estrategia institucional tendrá un alcance limitado.

A pesar de los avances, las cifras de violencia de género siguen siendo alarmantes. La protección de las víctimas y la mejora de los protocolos de actuación deben ser prioritarias en la renovación del Pacto. El acceso a recursos de atención psicológica, jurídica y social debe garantizarse de forma ágil y sin trabas burocráticas. Asimismo, es necesario fortalecer los mecanismos de protección frente a agresores reincidentes y mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones públicas para ofrecer respuestas más eficaces.

Entre las novedades incluidas en esta reciente aprobación, destaca la agilización de los trámites para que las víctimas puedan acceder a ayudas económicas y el fortalecimiento del sistema de seguimiento de órdenes de protección, mediante el uso de dispositivos electrónicos más avanzados. También se ha reforzado la protección de las hijas y los hijos de las víctimas, asegurando mayor apoyo psicológico y educativo.

Por otro lado, la reforma del sistema judicial para garantizar una atención especializada y con perspectiva de género sigue siendo una asignatura pendiente. La creación de juzgados específicos de violencia de género ha sido un avance importante, pero aún persisten fallos en la formación de profesionales del ámbito, lo que puede derivar en resoluciones que no protegen adecuadamente a las víctimas.

La renovación del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género es una oportunidad para reforzar y modernizar las estrategias de lucha contra esta violación constante de los derechos y libertades de la mitad de la sociedad. No basta con la mera continuidad del acuerdo, aunque el hecho en sí de haber concitado un importante apoyo político de diferentes fuerzas ideológicas es ya un hito. Es necesario dotarlo de recursos suficientes, adaptar sus medidas a los nuevos desafíos y garantizar su cumplimiento efectivo. La violencia de género no es un problema exclusivo de las mujeres, sino un atentado contra los derechos humanos que requiere el compromiso de toda la sociedad. Sólo a través de una respuesta integral, sostenida en el tiempo y respaldada por una voluntad política y social firmes, podremos avanzar hacia la erradicación definitiva de esta violencia estructural.