Un recurso por un contrato de 170.000 euros deja en el aire toda la construcción de la nueva Romareda

Un contrato que no llega a 170.000 euros pone en riesgo toda la construcción del nuevo estadio de La Romareda, valorada en 124 millones de euros. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha dejado en suspenso la adjudicación de la Coordinación de Seguridad y Salud para las obras destinadas a demoler los tres fondos que quedan en pie y la construcción del campo. Lo hace a raíz del recurso de uno de los participantes en el concurso, que denuncia presuntas irregularidades en el proceso. Lo grave es que sin este paso no pueden arrancar los trabajos, que ahora quedan a expensas de la futura decisión del TACPA y, eventualmente, de que el asunto se judicialice en el Contencioso Administrativo.

“Avisé a Víctor Serrano [consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza] hace más de un mes, pero no han querido hacer nada. Solo pido que hagan las cosas bien”, denuncia el recurrente, Ignacio Barrios, de la empresa de prevención de riesgos laborales Mare Nostrum. 

El contrato de 'Coordinación de Seguridad y Salud de las obras denominadas Fase 1B de la Obra 1 y Obra 2', que suponen demoler lo que queda en pie de estadio, renovar la urbanización de la parcela y construir por completo el campo, se adjudicó el pasado 10 de febrero por 167.363,38, según consta en el Portal de Contratación. Casualmente, el vencedor en este concurso, Jesús Villar Lafoz, había resultado ganador también de estos mismos procedimientos para la Fase 1B (demolición del fondo sur) y para la construcción del campo portátil.

Se da la circunstancia de que Mare Nostrum terminó inicialmente primero en el concurso ahora en el aire, tal y como reflejaron los medios de comunicación. Sin embargo, la sociedad La Nueva Romareda cambió después de criterio y se lo otorgó a Villar Lafoz.

Barrios formalizó el recurso el pasado domingo y el TACPA acordó la suspensión el lunes. En su escrito, el representante de Mare Nostrum denuncia que el adjudicatario “carece de titulación académica y profesional habilitante para actuar como coordinador en seguridad y salud” y que “no aportó certificación de colegiación ni respecto del Técnico en Prevención de Riesgos Laborales ni del Coordinador de Seguridad y Salud”. Junto a esto, Villar Lafoz tampoco proporcionó “documentación acreditativa” de haber participado “en obras en las que se tratase material de amianto” ni “certificados de haber” intervenido en “un trabajo de cuantía mínima de 40 millones de euros o dos trabajos de 20 millones de euros”. Todos ellos, requisitos del concurso.

Un acta firmada diez días de ser publicada

Pero hay más. Tal y como explica el recurrente en su escrito, la Mesa de Contratación -de la que no forma parte ningún concejal de la oposición al estar excluida de la sociedad municipal- requirió a Villar Lafoz en su reunión del 3 de febrero que subsanase las deficiencias detectadas. La sesión no se cerró y continuó por videoconferencia cuatro días después, el día 7: la Mesa reflejó posteriormente en el acta que se había “recibido la subsanación requerida” y que era “correcta”. El día 10 se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público la adjudicación y, sin embargo, no fue hasta hasta diez días más tarde, el 19 de febrero, cuando se firmó el acta de la mencionada sesión. Esto demuestra, según el recurrente, al menos “irregularidad” por parte de los firmantes de la Mesa de Contratación, con Martín Fuica, gerente de la sociedad La Nueva Romareda, a la cabeza.

A efectos prácticos, lo que supone la suspensión del TACPA es que queda en el aire la coordinación en seguridad y salud de toda la actuación, sin la cual no pueden empezar las obras. Los trabajos constructivos fueron adjudicados en enero y el contrato se formalizó el pasado 12 de febrero. El concurso lo ganó la UTE integrada por Obrascón Huarte Laín SA, Altuna y Uria SA y OHLA Servicios Ingesan SA por 124,5 millones de euros.

Ahora todo queda a expensas de lo que resuelva el TACPA. Se trata de un órgano de carácter administrativo que depende del Gobierno de Aragón y que desde abril de 2024 preside Alfonso Peña, quien hasta hace un año dirigía la Cámara de Cuentas de Aragón. Barrios ha dejado claro a este diario que está decidido a llegar hasta la jurisdicción contencioso administrativa.

La opción última que se le abriría a la sociedad La Nueva Romareda sería iniciar desde cero una nueva licitación, lo que necesariamente retrasaría el inicio de las obras durante el menos unos meses.