Santander pidió una moratoria de “dos o tres años” antes de aplicarse la Ley de Simplificación de Cantabria

El Ayuntamiento de Santander que lidera Gema Igual (PP) ha demandado al Gobierno de Cantabria presidido por María José Sáenz de Buruaga (PP) que la implantación efectiva de la Ley de Simplificación Administrativa, un contenedor normativo que modifica numerosas leyes y abrevia trámites y que van a sacar adelante gracias a un pacto con Vox, se demore como mínimo “dos o tres años” para dar tiempo a la Administración local a adaptarse en tres áreas: normativa, organizativa y procedimental.

La petición del equipo de gobierno del PP en Santander no se ha incluido en el texto del proyecto de Ley, que en breve va a ir a pleno para su aprobación final, después de rechazarse la enmienda a la totalidad del PSOE y de aceptarse prácticamente en exclusiva las enmiendas parciales que han pactado PP y Vox.

En dichas enmiendas, en lo que atañen a plazos, la redacción final prevé que en seis meses desde la aprobación se ponga en marcha un plan de simplificación. Asimismo, se establece el mismo plazo para que los municipios tengan listos los mecanismos digitales de acceso para ciudadanos y empresas a sus administraciones. También se ha incluido un plazo de tres meses para que los silencios administrativos sean considerados positivos. Estos plazos han sido introducidos por Vox.

“El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de simplificación administrativa, aprobará el Plan de Simplificación Administrativa en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, para la programación, la implantación, el seguimiento y mejora continua en esta materia”, es una de las enmiendas introducidas por la formación de extrema derecha.

Santander, en sus alegaciones iniciales al borrador del proyecto de ley, daba cuenta del precedente de la implantación de la administración electrónica en su funcionamiento, hoy de uso habitual, pero que tardó años en adaptarse. La 'vacatio legis' o moratoria que proponía a la nueva ley era de “dos o tres años” para así dar tiempo a reformar la Relación de Puestos de Trabajo, adaptar lo dispuesto a la propia normativa municipal, disponer de las herramientas telemáticas adecuadas y formar a los empleados públicos, según consta en la información consultada por elDiario.es.

No es este el único reparo que ponía Santander a una ley cuyo “loable espíritu” comparte en el fondo. Mantiene muchas dudas sobre el alcance de las declaraciones de responsabilidad, el principal instrumento para agilizar iniciativas, así como el papel que jugarán las empresas de certificación durante las tramitaciones, que se mantendrán tal cual y que votará favorablemente la propia alcaldesa de Santander, dado que Gema Igual ejerce también esta legislatura como diputada autonómica en el Parlamento de Cantabria.

Moratoria de tres años

Frente a las prisas del Ejecutivo autonómico, el Ayuntamiento de Santander teme que la implantación se le vuelva en su contra, constituyendo un quebradero de cabeza desde el primer día. Así, pone de ejemplo la aplicación inmediata del permiso de actividad sin que medie adaptación de ordenanza previa y la disposición en plazo del soporte electrónico necesario para dar respuesta a todos los trámites que se requieran.

A este último respecto, Santander recuerda “que la última gran transformación organizativa, derivada de la implantación de la 'Administración electrónica', se impulsó inicialmente con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y, sin embargo, su plasmación material no fructificó hasta muchos años después”.

“Por tanto, y a fin de que el anteproyecto que se pretende impulsar goce de la viabilidad necesaria, entendemos que es preciso incorporar al texto un período razonable de 'vacatio legis' (desde la publicación hasta su completa entrada en vigor), en el que se puedan acometer los cambios necesarios, en su triple vertiente normativa, organizativa y procedimental, sin que los Ayuntamientos se vean abocados a incurrir en el incumplimiento de la futura norma”, argumenta el Consistorio presidido por Gema Igual, que añade: “Dicho período de adaptación en ningún caso debería ser inferior a dos o tres años”.

“El loable espíritu que impregna a esta disposición normativa no debe, sin embargo, hacernos perder de vista que los cambios que se pretenden introducir exigirán una cierta transformación de la estructura municipal y de sus hábitos de actuación, lo que requiere que, una vez aprobada la Ley, se cuente con unos plazos amplios, que el texto del anteproyecto no contempla, para acometer con garantías las adaptaciones necesarias”, abunda el Ayuntamiento en su argumentación.

La Ley de Simplificación Administrativa obligará a la adaptación de las plataformas de intercambio de datos entre todas las administraciones públicas y una “unificación de solicitudes con devengo de tasas” que “hará imprescindible integrar los modelos y sistema de pago a través de los diferentes medios, tanto digital como presencial”.

Para que sea posible será necesario también que haya personal de Inspección adecuado, modificar las plantillas municipales y adaptar los presupuestos para reordenar los servicios existentes. Otro cambio, que el Ejecutivo autonómico no cuestiona, es formar al personal en materia de simplificación administrativa. Esta formación, así como la adaptación de sistemas y servicios, conllevaría inversiones, algo a lo que tampoco el Gobierno de Cantabria se cierra -aunque no concreta-, sobre todo en lo que atañe a los municipios de reducidas dimensiones y escaso personal, a los que quiere prestar ayuda.

La Ley de Simplificación tiene una gran incidencia en la administración más próxima al ciudadano. Santander, en este sentido, tiene muchas dudas e incertidumbres por las garantías que puedan ofrecer las empresas certificadoras y propuso excepciones en la concesión de permisos de ciertas actividades peligrosas o de espectáculos.

“Ciertas actividades cuya implantación es susceptible de incidir significativamente sobre la seguridad o el bienestar de las personas (piénsese, por ejemplo, en la apertura de una discoteca o la instalación de una gasolinera en el casco urbano), no deberían quedar excluidas de la exigencia de licencia de actividad, por los graves riesgos y la alarma social que normalmente producen”, argumentaba el Consistorio.

Por último, Santander ha cuestionado el papel de las entidades colaboradoras, en el sentido de preguntarse si es posible sancionarlas con la pérdida de su acreditación.

Enmiendas aprobadas

Mientras, la ley sigue su trámite parlamentario. Este pasado miércoles, la Comisión de Simplificación Administrativa ha aprobado 67 enmiendas parciales, todas las que han presentado el PP, 19, y Vox, 40, tres de ellas transaccionales con el PRC.

Entre las enmiendas de los 'populares' destaca la que reconoce el grado de discapacidad de forma automática a aquellas personas que ya tengan reconocida una situación de dependencia, de tal forma que salen del listado de espera y se reduce el tiempo para el resto.

Por su parte, se ha dado el visto bueno a cinco enmiendas parciales del PRC de las 73 presentadas -9 fueron retiradas-, relacionadas con “pequeñas correcciones”; y tres del PSOE, de las 53 que ha llevado para su debate a Comisión. Las enmiendas socialistas que han salido adelante tienen que ver con la notificación automática ante silencios administrativos para evitar incertidumbre, y respuestas ágiles a las intervenciones en el patrimonio, que tendrán que resolverse en el plazo de un mes salvo que la Consejería pida una prórroga.

Los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta este viernes, 14 de marzo, para comunicar por escrito los votos particulares y las enmiendas que pretenden mantener para su votación en el Pleno del día 17.

Críticas de la oposición

Sin embargo, los regionalistas, aunque tienen “claro” que la Ley Simplificación era “necesaria”, han señalado que el procedimiento legislativo de aprobación ha sido una “completa decepción”. “Si esta ley la hubiera llevado Pedro Sánchez al Congreso de los Diputados, hoy seríamos portada de todos los medios de comunicación de España, como un desprecio al Parlamento, como una actuación claramente inconstitucional”, ha valorado Pedro Hernando, en referencia al carácter 'ómnibus' que tiene una norma que modifica otras leyes.

Por su parte, el diputado socialista Mario Iglesias ha coincidido en la necesidad de contar con una Ley de Simplificación en Cantabria, pero “no esta” que, aunque “mejora” con las enmiendas presentadas, en su opinión, “sigue sin ser una buena ley”. Además, ha aseverado que de las alegaciones presentadas por diversos colectivos en la tramitación previa de la ley “se han tenido muy poco en cuenta en la redacción final”, como las del propio Ayuntamiento de Santander, de las que “no han atendido la mayoría”.