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13 consultores privados desarrollarán el Plan de Reconstrucción de Mazón al dejar la conselleria sin personal

El vicepresidente Francisco José Gan Pampols y el 'president' Carlos Mazón.

Carlos Navarro Castelló

València —
14 de marzo de 2025 22:38 h

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Un equipo de 15 personas dispuesto por la consultora PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios (PwC) se encargará de redactar el Plan de Reconstrucción Económico y Social de la Comunitat Valenciana, incluyendo el diagnóstico, planificación, implementación, seguimiento y evaluación.

Así lo recoge la carta de encargo vinculada al contrato que adjudicó el vicepresidente de la Generalitat y conseller para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols a la consultora por 2,2 millones de euros (IVA incluido). La adjudicación se hizo por tramitación de Emergencia, por lo que la consultora ha sido elegida a dedo sin concurrencia pública, aunque al proceso se invitó a otras tres compañías a que presentaran sus propuestas.

Según el mencionado documento, “los servicios de definición del Plan de recuperación económico-social estarán liderados por un socio de PwC, una directora de PwC como directora del proyecto y responsable principal”, y el equipo completo de trabajo estará formado por un responsable del contrato y un director del proyecto. El diseño del plan contará con un manager y tres consultores; la implementación y seguimiento del plan contará con un manager y dos consultores; y el plan de comunicación estará dotado de un manager y un consultor.

Al respecto, fuentes de la conselleria para la Reconstrucción han recordado que la labor de la consultora es prestar apoyo de asesoramiento y de redacción del Plan, pero siempre bajo las directrices técnicas y políticas de Gan Pampols y de su equipo de directores generales y subdirectores. Unas directrices que emanan de las conclusiones sacadas de las 14 mesas sectoriales que se han desarrollado con un centenar de expertos de todos los sectores, incluidos catedráticos, sindicatos y empresarios, entre otros.

Según el contrato avanzado por elDiario.es, la facturación se realizará realizando un primer pago de 250.000 euros “asociado al Análisis de Causa y Efecto y Fundamentos del Plan, previsto para la semana 10 del proyecto”, y un segundo abono de 275.000 euros “asociado al Plan de Recuperación Social y Económico a medio y largo plazo, previsto para la semana 18 del proyecto”.

Además, el documento establece además varios pagos mensuales. En concreto, “una factura de 110.000 euros por los servicios prestados en febrero de 2025; cinco facturas de 160.000 euros por los servicios prestados de marzo a julio de 2025; tres facturas de 110.000 euros por los servicios prestados de septiembre a noviembre; y una factura de 50.000 euros por los servicios prestados en diciembre”.

En cuanto al plazo de ejecución, “el contrato tendrá una duración de 10 meses desde el 10 de febrero de 2025 hasta el 9 de diciembre de 2025” y tendrá los siguientes hitos: “Primera semana de junio, presentación de la propuesta marco del Plan de Recuperación Económico Social para su consideración”. En junio y septiembre se ejecutarán “ajustes finos a la propuesta marco” y en diciembre del presente año se culminará el “traspaso de la oficina de proyecto” y finalizarán los servicios de la consultora que, contactada por esta redacción, ha preferido no hacer comentarios.

Compromís ya se mostró muy crítica tras conocerse la adjudicación del plan a la consultora. Al respecto, la portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Isaura Navarro, ha criticado que “el contrato evidencia que han puesto en manos de una consultora toda la reconstrucción, que no saben ni por dónde ir y sencillamente han privatizado las decisiones tan importantes para la gente afectada que ahora mismo no sabe si vive en un hogar seguro; es un verdadero escándalo que deja aún más en evidencia las carencias de este Consell de los peores”.

Reparos de la Abogacía de la Generalitat

El contrato incluye los correspondientes informes de justificación de la emergencia, así como los de la Abogacía de la Generalitat. En el primer caso se argumentó que “la recién creada vicepresidencia segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social, carece de una estructura organizativa y administrativa básica a día de hoy y no cuenta con los medios personales y materiales necesarios para acometer de inmediato y con carácter de urgencia el cumplimiento de los objetivos previstos en el Decreto 3/2025, de 8 de enero, del Consell, que le han sido encomendados, por lo que resulta necesario la celebración de un contrato de servicios que comprenda el asesoramiento, la asistencia técnica y consultoría para la elaboración del Plan de Recuperación Económico-Social de la Comunitat Valenciana”.

En cuanto al informe de la Abogacía, destaca como cuestiones a tener en cuenta que “el informe justificativo no determina con exactitud las prestaciones objeto del contrato”. El informe de justificación, “al definir el objeto y las prestaciones del contrato”, se refiere a “la elaboración del Plan”. El informe debe precisar “si el contratista se limitará a la definición y determinación de las directrices que han de guiar la recuperación, como se ha indicado en consideraciones anteriores, o si la prestación del contratista comprende la redacción íntegra del Plan, correspondiendo a los órganos directivos promotores su implementación, ejecución, coordinación y seguimiento”.

Además, también pone de manifiesto que “en la formalización del Plan deben respetarse los términos de referencia aprobados mediante el Decreto 3/2025, del Consell, ajustándose a sus requisitos y límites en cuanto afecten al objeto de la contratación, sin que resulte ajustado a la legalidad contratar por emergencia cualquier otra prestación que no tenga por finalidad exclusiva la elaboración del Plan de Recuperación. El seguimiento, coordinación, implementación, materialización y cuantas acciones sean necesarias para cumplir los objetivos y directrices del Plan quedan excluidos de la contratación por emergencia”.

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