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PP y Vox entregan un servicio del plan de cuidados del Ministerio de Igualdad a un colectivo antiabortista de Toledo

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Alicia Avilés Pozo / Bárbara D. Alarcón

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PP y Vox en el Ayuntamiento de Toledo, donde gobiernan juntos tras el 28M, vuelven a protagonizar la actualidad esta semana a cuenta de su incipiente gestión municipal, apenas unos días después de convertirse en noticia nacional por el expediente abierto a un agente de la Policía local que permitió usar usar al portavoz de un grupo antiabortista el megáfono de un coche patrulla para leer su manifiesto en una concentración.

En esta ocasión la controversia se produce al hilo del Plan Corresponsables que el Ministerio de Igualdad aprobó en marzo de 2021. Esta iniciativa se destina a financiar medidas para la conciliación de las familias mediante la corresponsabilidad del Estado con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Entre las acciones que subvenciona está el cuidado de menores. Los fondos se transfieren anualmente a las comunidades autónomas para que a su vez lo deriven, para su gestión, a los ayuntamientos.

Uno de los objetivos de este plan es garantizar los cuidados de menores como un derecho en España desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres, desde un enfoque de garantía de “derechos universales”, al margen de la condición laboral de las personas beneficiarias. También busca la creación de empleo calidad en el sector de los cuidados, además de dignificar y certificar la experiencia profesional del cuidado no formal.

Para llevarlo a cabo, los ayuntamientos, una vez recibida la partida de la comunidad autónoma, financiada a su vez por el Ministerio de Igualdad, sacan a licitación el Plan para que opten a su gestión las entidades sociales que así lo consideren.

En el caso de Toledo, donde gobiernan PP y Vox, la nueva partida económica destinada a un servicio incluido en el Plan Corresponsables se ha entregado a RedMadre, asociación antiabortista con varias polémicas a sus espaldas, que presidía hasta las elecciones municipales de mayo la actual concejala de Cultura del Ayuntamiento, Ana Pérez Álvarez. De hecho, hace dos días todavía aparecía como presidenta del colectivo en su currículum vitae de la web de la Corporación municipal. Según afirmó ella misma, ahora es solo voluntaria.

Defensa de la “cultura de la maternidad”

RedMadre será ahora la encargada de gestionar este nuevo recurso, al que ha llamado ‘Pequecuidados’, y que se destinará al cuidado de menores de 0 a 3 años en su propio domicilio. Para ello, gestionará una cuantía de 11.000 euros, según fuentes municipales, mediante una subvención que se ofreció previamente a otra asociación y “lo declinó”.

El Centro de la Mujer de Toledo ha sido la única institución pública que ha dado a conocer esta iniciativa. En el cartel difundido se incluyen las edades a las que va dirigido, las fechas y quién lo ejecutará, afirmando que el colectivo mencionado es una asociación que ofrece “apoyo, asesoramiento y acompañamiento a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto”, según se promociona en su página web. Además, defienden la “cultura de la maternidad”, sin mencionar la paternidad.

El historial antiabortista de RedMadre es amplio. Su ramificación en Toledo forma parte de los cinco colectivos de este tipo más activos del país, junto a la Fundación Madrina, el Foro Español de la Familia, Adevida y varias entidades de la Federación Provida.

En su web incluye afirmaciones sobre la interrupción voluntaria del embarazo con palabras como “drama”, “trauma” o “dolor” con el objetivo de inducir temor entre las mujeres a pesar, tal y como señalan organizaciones como Amnistía Internacional, de que “el acalorado debate que genera está empañado por la desinformación sobre las verdaderas repercusiones de restringir el acceso a este servicio de salud básico”.

Las acciones de RedMadre han sido puestas como ejemplo por los líderes del PP en todo el país para defender su postura sobre la interrupción del embarazo. De hecho, en la fundación estatal figuran como patronos el exministro Alberto Ruiz Gallardón o Adolfo Suárez Illana.

La asociación antiabortista ha sido también noticia en varias ocasiones por acudir durante tres años y semanalmente a las puertas de la Clínica Iris de Albacete, la única en la que se practican abortos legales en la ciudad. Lo hizo hasta que este tipo de concentraciones fueron prohibidas por ley. Iban con rosarios e imágenes de fetos y se acercaban a las mujeres que acudían a la clínica para “presionarlas y coaccionarlas”, según denunció en varias ocasiones la Red Feminista.

En Toledo, este colectivo también llegó a hacer un “llamamiento a los políticos”, al considerar que “parece que se les olvida que cuando hablan de la Ley de Dependencia no se considere dependientes a los bebés, que lo son totalmente y parece que no existen para las instituciones públicas”.

Y en Guadalajara, RedMadre también fue noticia al asistir varias de sus activistas al desahucio de una familia con un bebé de diez días en la urbanización de El Alamín. En un vídeo publicado por la Plataforma Antidesahucios (PAH) se ve a una activista del colectivo afirmando “dormir tranquila” cuando la afectada le reprocha haber sido desalojada “ilegalmente”.

Que ahora vaya a gestionar un servicio del Plan Corresponsables no ha dejado indiferente ni al Ministerio de Igualdad ni a la oposición en el Ayuntamiento. Fuentes del Ministerio han detallado a elDiarioclm.es que ven “preocupante” que los derechos de las mujeres “puedan estar en manos de personas que no los respetan”.

Es una asociación abiertamente antiabortista que acosa a las mujeres en las clínicas en un momento de especial vulnerabilidad

Txema Fernández Portavoz de IU-Podemos en Toledo

“Es responsabilidad de las instituciones públicas, también de las administraciones locales, como los ayuntamientos, garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como informar debidamente a las mujeres de sus derechos. En ese sentido, debe ser una prioridad garantizar el acceso efectivo al derecho al aborto desde los servicios públicos de salud en todo el territorio y en condiciones de igualdad”, añaden desde el Ministerio.  

En el Gobierno de Castilla-La Mancha no han querido valorar esta cuestión. Desde la Consejería de Igualdad consideran que el contrato de licitación del Ayuntamiento con el colectivo antiabortista se ha hecho conforme a la ley y que por tanto es legítimo.

Recientemente, en una entrevista con elDiarioclm.es, la consejera de Igualdad, Sara Simón, sí que advirtió de que el Ejecutivo regional estaría “vigilante” para que los que los ayuntamientos donde gobierna Vox destinen a sus objetivos específicos las partidas de financiación para materias de igualdad.

Quienes sí han entrado de lleno en la polémica han sido los partidos de la oposición en Toledo. Txema Fernández, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Podemos, subraya que RedMadre es una asociación “abiertamente antiabortista que acosa a las mujeres en las clínicas” en un momento de especial vulnerabilidad.

Por ello, ha calificado de “despropósito” que un colectivo de estas características gestione un servicio público dirigido a la conciliación y la igualdad de género. “Ahora se benefician de una subvención del Plan Corresponsables, de un Gobierno que acaba de aprobar una ley que protege el derecho a la libre elección de las mujeres a la maternidad. Es una absoluta contradicción”, subraya. Según Fernández, RedMadre utilizará esta “subvención para llevar su ideario anti-elección puerta a puerta”.

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Nuria Garrido, ha denunciado la adjudicación del contrato a una asociación que estuvo presidida por la actual concejala de Cultura, una circunstancia que siembra “muchas dudas sobre la transparencia con la que opera este Gobierno”. Se trata de una medida “que cuestiona la limpieza de todo el procedimiento y pone en entredicho la ética política que debe regir todas y cada una de las acciones de los miembros de la Corporación, tanto en el ámbito público como en el privado”, ha señalado Garrido.

Según ha dicho la concejala socialista, esta situación ha generado “malestar entre el tejido asociativo de la ciudad y una sombra de sospecha que el alcalde, Carlos Velázquez (PP), debe despejar de inmediato, porque el Ayuntamiento está al servicio de la ciudadanía y no de los caprichos o de los intereses de quienes lo dirigen”.

“No es fácil encontrar quien quiera hacer las actuaciones porque no contamos con margen de tiempo”, alega el Ayuntamiento

El Ayuntamiento tiene su propia versión. “No es fácil encontrar a quien quiera hacer las actuaciones porque no contamos con margen de tiempo, ya que hay que realizarlas antes de diciembre para no perder la subvención del Plan Corresponsables”, explica Marisol Illescas, concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, del PP.

Según la edil, el procedimiento seguido por el Ayuntamiento consiste en ponerse en contacto con ciertas entidades para invitarlas a llevar a poner en práctica estos servicios mediante contratos menores. “Buscamos la mayor participación posible, invitamos a las entidades que se nos van ocurriendo para intentar aprovechar el dinero que si no gastamos se tiene que devolver”, asegura.

En este caso, ‘Pequecuidados’ se ha asignado a RedMadre “por la especial idiosincrasia”. “Tienen un listado de 150 usuarias con niños de 0 a 3 años y en la mayoría de ocasiones son madres solas y necesitan ayuda, por eso acuden a su asociación”, explica la edil. “Ya solo con las mujeres de la asociación se llena el cupo pero se abre a todas las personas que lo soliciten”, asegura. Sin embargo, el Consistorio no ha hecho ninguna rueda de prensa ni emitido ningún tipo de comunicación sobre el procedimiento, plazos y requisitos para solicitar plaza en el servicio gratuito de ‘Pequecuidados’.

Desde la puesta en marcha del Plan Corresponsables por parte del Ministerio de Igualdad, se han realizado campamentos y puntos de cuidados, entre otras iniciativas, para que las personas trabajadoras con menores a su cargo puedan conciliar en festivos y vacaciones escolares, y fuera de los horarios lectivos.

Sin embargo, desde que el gobierno local pasara del PSOE a PP y Vox, la difusión pública de estas actividades ha disminuido considerablemente. Mientras antes se daba a conocer mediante notas de prensa y las redes sociales del Ayuntamiento y del Centro de la Mujer, ahora se limita a hacerlo a través de este servicio y mediante el apartado ‘Igualdad’ de la web municipal. “El año que viene con mayor planificación podemos hacer más cosas y más interesantes”, asegura Illescas.

En la comunicación enviada a las familias para informar sobre la convocatoria, el Ayuntamiento afirma que el Plan Corresponsables, que atribuye al Consistorio local y no al Ministerio de Igualdad, se dedicará al cuidado a domicilio para menores. Y detalla que con carácter prioritario tienen preferencia las mujeres víctimas de violencia de género en todas sus manifestaciones, especialmente cuando tengan que acudir a interponer denuncias, procesos judiciales, citas médicas y terapéuticas, u otros trámites burocráticos.

Esta circunstancia contrasta con el hecho de que el Ayuntamiento de PP y Vox no solo haya eliminado la Concejalía de Igualdad que existía anteriormente con el PSOE (aunque su logo haya aparecido en el cartel de la convocatoria) sino que lleve a cabo concentraciones contra la violencia machista de forma separada a los colectivos feministas de la ciudad, debido al negacionismo de Vox con la violencia de género.

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