15 de marzo: Defendamos nuestra sanidad pública

Hace unas semanas Alberto Bustos, militante de Izquierda Unida y exconcejal del Ayuntamiento de Valladolid ponía un mensaje en una red social en el que decía que el pasado verano había acudido a su médica de Familia y le había derivado al especialista con la advertencia de que podían tardar. Le dieron cita para el 10 de marzo, pero le llegó un aviso de cambio de cita para retrasarla al 12 de mayo. En su mensaje decía de manera irónica: “Juegan con nuestra salud, pero, ¡oiga! Todo va bien en Castilla y León”.

A este mensaje hubo un montón de respuestas que exponían casos concretos de dificultades que pacientes habían tenido o tenían con la Sanidad pública en Castilla y León: para conseguir cita, retrasos de las mismas en días previos, para la realización de pruebas médicas, para sus análisis, etcétera.

Ejemplo: “Tras sufrir un trombo en un pulmón, en octubre del 2023, me tenían que hacer una prueba cardiológica. Me dieron cita para el 30 de mayo de 2024, días antes la anulan y me dicen que ya me llamarán. Febrero 2025 y no sé nada de la prueba”.

Así toda una relación de problemas concretos con la atención sanitaria del Sacyl: “con ecografía de abdomen para diciembre de 2025”, “diez meses esperando para una revisión relacionada con discapacidad y movilidad reducida”, “cita para noviembre de 2025”, “cita con la matrona derivada de urgencia por su médica de familiar para junio”, “prueba del sueño del neumólogo en enero pero el resultado para octubre”, “prueba de cardiología en verano, interconsulta de mayo de 2024, cita para noviembre de 2024 y finalmente se pospone para el 30 de enero de 2025”, etc..

Quienes vivimos en Castilla y León somos conscientes de esta precarización de la Sanidad pública porque de una manera u otra la estamos padeciendo en nuestra vida: en Atención Primaria todo el mundo ha visto cómo se ha incrementado la cantidad de días que tardan en darnos cita para el médico de familia y en especializada, las pruebas médicas y las citas tardan meses en llevarse a cabo.

De la red social podemos deducir que la gente está bastante cansada de que el sistema de salud público no sea una prioridad para la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León a pesar de que el 80% de la población depende exclusivamente de él para dar respuesta a sus necesidades de salud, mientras el otro 20% tiene una cobertura mixta, según el informe de la situación del sector sanitario privado de la Fundación IDIS de 2024.

Da la sensación de que hay responsables políticos del Sacyl más interesados en los beneficios de la sanidad privada que en una gestión óptima de la pública. Teniendo en cuenta que el gasto per cápita en sanidad privada ha aumentado casi el 40% en los últimos diez años, desde los 342€ de 2013 hasta los 542€ de 2023. Esto sucede debido a la política de la Junta, donde cargos públicos de la Consejería de Sanidad como la recién dimitida Directora General de Salud pública de Castilla y León, que restó importancia a una pandemia que supuso la muerte de más de 20.000 personas en nuestra comunidad. Para nosotros y nosotras, los problemas no son las declaraciones comunicativas de los altos cargos de la Junta sino las políticas que lleva el PP implementando desde 1987.

Hacer que lo público funcione peor viene acompañado del incremento del gasto privado en salud para la ciudadanía, al menos para quienes pueden asumir el pago para acceder al sistema privado. Quienes no pueden pagar o las personas mayores quedan excluidas, ya que no son rentables. De tal manera que se pone de manifiesto la máxima capitalista de: “privatizar los beneficios y socializar las pérdidas”.

Si observamos la evolución de los últimos años, en la pandemia el sector privado de sanidad expuso la letra pequeña de sus contratos, algunos de los cuales no incluían tratamientos de epidemias dentro de sus pólizas y, sin embargo, han utilizado la COVID-19 para mejorar su cobertura de seguros de salud privados hasta las 12 millones de personas, con la complicidad del Gobierno de España y la continuidad en el modelo privatizador del sistema sanitario de los funcionarios.

Los siete grandes grupos hospitalarios privados, que concentran el mayor número de centros y camas en España, han construido más de una decena de hospitales nuevos en un periodo de cuatro años, desde 2021 a 2025, teniendo además en mente nuevos hospitales privados, como el del grupo Recoletas en Palencia. Izquierda Unida preguntó por el interés del Ayuntamiento de Palencia, gobernado por el PSOE, ya que la construcción de este hospital tenía un informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), por estar el proyecto ubicado en zona inundable. No entendemos que, desde la política, desde lo público, se apueste por representar a empresas que se lucran de la sanidad, que son un negocio muy rentable, en lugar de apostar por la sanidad de todos y exigir a la Junta un mejor servicio del sistema público de salud para toda la ciudadanía.

Esta rentabilidad del sistema privado de salud depende de continuar haciendo políticas que precaricen las condiciones de la atención sanitaria en la sanidad pública, ya que mucha gente que paga una póliza preferiría el sistema nacional de salud siempre y cuando el acceso al mismo no esté deteriorado. Otra, directamente no puede permitirse el pago de un seguro privado porque el acceso depende de los ingresos, mientras que el sistema público sigue siendo solidario y te atiende independientemente de tus condiciones económicas, tu edad y tu salud.

Nuestro sistema sanitario siempre se ha caracterizado por una triple solidaridad: la de las personas jóvenes con las personas mayores, la de las personas que trabajan con las que no trabajan y la de las personas sanas con las personas enfermas y, especialmente, con quienes tienen enfermedades crónicas. Este es el planteamiento adecuado para que constatemos nuestra realidad interdependiente y hagamos que la sanidad pública, como dice nuestro coordinador federal, Antonio Maíllo, se parezca lo más posible al socialismo con el que soñamos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja una inversión del 25% del presupuesto sanitario en atención primaria por aquello que dice el refrán de: “más vale prevenir que curar” y sin embargo Castilla y León invierte un 15,6% siendo este incremento de presupuesto el que mayor potencial tendría para resolver las demandas de atención sanitaria del sistema. Este aumento en atención primaria permitiría incrementar la inversión en infraestructuras y recursos materiales de los centros de salud, siendo la reducción de los tiempos de espera y la reducción de la temporalidad de los y las trabajadoras del Sacyl claves para la mejora de la atención sanitaria en nuestra Comunidad.

A pesar de que las autoridades sanitarias del país acordaron en 2019 como objetivo que el 100% de las peticiones de citas no urgentes en atención primaria se atiendan en las primeras 48 horas, no solo se ha incumplido sistemáticamente este objetivo sino que el acceso ha ido empeorando año tras año. En el gasto público total por Comunidad Autónoma de 2009 a 2022, Castilla y León amplió el presupuesto un 3% cada año, sin embargo en atención primaria se produjo una disminución del 11%. El Consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ya prometió en 2020, en la presentación del V plan de salud de Castilla y León, llegar al 20% de inversión en atención primaria, pero cinco años después todavía no se ha llevado a cabo.

En 2023, en Castilla y León 57 de cada 100 peticiones de cita en atención primaria tardaron más de dos días en ser atendidas, pasando de 3,2 días de media en 2018 a 5,8 días de media en 2023 y el 8,7% espera 11 ó más días. En el caso de la cita con el especialista el proceso es superior; el 45,4% espera más de tres meses para poder ser atendido.

Contra esta operación de acoso y derribo del sistema sanitario público, ligada a la potenciación del sistema privado de sanidad, Izquierda Unida va a luchar en las calles y en las instituciones por unas listas de espera dignas que permitan curar en tiempo y forma a la ciudadanía, por la potenciación de la atención primaria como eje vertebrador del sistema sanitario público, por la no privatización de operaciones pagadas con dinero público, etcétera.

Por todo ello, tenemos motivos para defender nuestra sanidad pública el próximo 15 de marzo, en la manifestación que partirá de la Plaza de Colón de Valladolid a las 12 horas.

Izquierda Unida apuesta por la defensa del sistema sanitario universal, gratuito y financiado por impuestos y por ello participará en la manifestación para exigir una mejor sanidad pública para quienes vivimos en los pueblos y ciudades de Castilla y León.

¡Defendamos nuestra Sanidad Pública!