La Fiscalía pide al Supremo que la malversación de Puigdemont sea amnistiada: “La norma es clara”

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido al Tribunal Supremo que corrija al juez Pablo Llarena y aplique la ley de amnistía al delito de malversación que se atribuye a Carles Puigdemont y otros acusados. El delito que mantiene al expresident catalán en búsqueda y captura a nivel nacional. “La norma es clara”, ha dicho la teniente fiscal del Supremo para acusar a Llarena y la Sala de lo Penal de hacer un análisis distinto del que hizo la sentencia del procés para no perdonar la malversación: “Señalar que hubo un beneficio patrimonial es cuanto menos sorprendente”, ha dicho para acusar a los jueces de “inventarse” parte del relato judicial del caso.

El Tribunal Supremo, tanto el juez Llarena como la Sala de lo Penal, han rechazado amnistiar todos los delitos relacionados con el procés. Han aplicado la norma para, por ejemplo, el delito de desobediencia o los desórdenes públicos pero no a la malversación que fue atribuída a los políticos que comprometieron fondos públicos de la Generalitat para organizar el referéndum de 2017. Las alegaciones que hoy han combatido la Fiscalía y la Abogacía pasan por defender que esa malversación afectó a los intereses económicos de la Unión Europea y que, por tanto, no es amnistiable.

María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, ha pedido a la Sala que corrija el criterio de Llarena al entender que esa concepción de la malversación no tiene nada que ver con la sentencia del procés. Para la sentencia, ha recordado la fiscal, todo era “un señuelo” y un “artificio engañoso” y en ningún momento se exploró el enriquecimiento personal de los políticos o la afectación a la Unión Europea. “Nadie nunca tuvo por acreditado que fuera encaminado a obtener un beneficio personal, ni siquiera se ha insinuado”, ha explicado.

La fiscal ha hablado de una “errática aplicación de la ley” apuntando a que algunos acusados se han visto beneficiados y otros no: “La norma es clara. No han sido usados fondos europeos, no se ha producido merma alguna al presupuesto de la Unión, los fondos pertenecían a la Generalitat y eso está acreditado hasta la saciedad en esta causa”. La abogada del Estado se ha limitado a anunciar que ratifica su recurso en el mismo sentido.

Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont a lo largo de la causa que arrancó en 2017, ha solicitado que este debate se traslade al Tribunal Superior de Cataluña y que, además, la Sala siga el criterio de la magistrada Ana Ferrer y su voto particular: que la malversación del procés es amnistiable porque no afectó a los intereses económicos de la Unión Europea, como afirmó el juez Pablo Llarena. “Contraviene el espíritu de la ley. No me cabe duda de que lo que pretendía el legislador cuando aprobó esta ley. Es una ley para amnistiar todos los hechos y delitos relacionados con el 1-O, incluido aquellos actos de malversación”.

Ha denunciado que en ningún momento de la causa se había explorado esta posible afectación a fondos europeos que ahora sí ve el Supremo para no aplicar la amnistía a la malversación de Puigdemont y el resto de acusados. “Esta causa no se abrió ayer, vamos camino de ocho años de procedimiento y nunca consideraron que hubiese una afectación a los intereses financieros de la Unión Europea”, ha dicho el letrado. Jaume Alonso-Cuevillas, exparlamentario de Junts y abogado en la causa, ha acusado al Supremo de “poner la ideología por encima del criterio del legislador” y ha advertido que su decisión “será objeto de análisis, será traducida a varias lenguas, no pueden mantenerse razonamientos absurdos”.

La ley de amnistía se encuentra, a día de hoy, pendiente de una decisión del Tribunal Constitucional. El pleno ha admitido a trámite diversos recursos y cuestiones de inconstitucionalidad presentados, entre otros, por el PP, varias comunidades autónomas y parlamentos regionales así como la propia Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. “Establece un tratamiento desigual en función de la ideología”, denunciaronlos magistrados del Supremo en su impugnación. Estas cuestiones de inconstitucionalidad han sido esgrimidas por Marta Castro, abogada de la acusación popular de Vox, en su turno de palabra.