La prestación universal por hijo que España se plantea ya tiene recorrido en Europa: “Es una ayuda sagrada”
La pobreza en España continúa siendo un suelo pegajoso en el que siguen atrapadas casi una de cada cinco personas, pero por primera vez desde 2008 el porcentaje ha bajado de una barrera que parecía infranqueable: el 20%. La pobreza infantil, sin embargo, ha emprendido una marcha opuesta. Tras encadenar dos años de subida, casi alcanza al 30% de los niños y niñas, según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).
“La infancia es la gran perdedora en un contexto de crecimiento económico”, denunció la organización Save the Children. Los datos sirvieron a esta y otras organizaciones que trabajan con menores para volver a reclamar una medida que al menos una veintena de países europeos llevan años aplicando: una prestación universal por crianza. Una parte del Gobierno, la fracción de Sumar, está convencida de que esta es la salida para dar la vuelta a las cifras aunque su implantación no parece cerca de despegar. Además de convencer a la otra mitad socialista, que históricamente ha sido más reacia a las ayudas al margen de la renta, las sucesivas prórrogas a los Presupuestos Generales del Estado no han permitido todavía sacar la calculadora en las negociaciones.
Mientras las decisiones en España están estancadas, otros países llevan tantos años con la prestación que han tenido tiempo de repensarla: modificarla, ampliarla, recortarla.
Irlanda y el origen de la prestación
Irlanda cuenta con una ayuda de este tipo desde 1944 que fue diseñada sobre la premisa de que las mujeres eran amas de casas sin ingresos. La tasa actual de pobreza infantil en el país es del 15,2%, la mitad que en España. “El objetivo de ese pago en una época en la que las mujeres normalmente no trabajaban fuera del hogar era garantizar que esas mujeres tuvieran al menos algo de dinero para poder cuidar de sus hijos”, explica a elDiario.es Susanne Rogers, analista de políticas familiares de Social Justice, una ONG y centro de estudios especializado en desigualdad. Pese a que el contexto social ahora es muy diferente, “la ayuda es sagrada”: “No puedo imaginar a ningún Gobierno que vaya a cuestionar la prestación por hijos a cargo y que todos los hogares la reciban”, asume Rogers.
Actualmente las familias reciben 140 euros al mes libres de impuestos y sin límite en el número de descendientes biológicos o adoptados hasta los 16 años o hasta los 18 en caso de que el menor esté estudiando a tiempo completo o tenga alguna discapacidad. Además, hay una ayuda extra en el primer mes de vida o de adopción de 280 euros o de 560 en caso de gemelos. Estas medidas han permitido posicionar a Irlanda como el tercer país europeo que más ha conseguido reducir la pobreza infantil con sus políticas públicas, según los datos recogidos por Eurostat, solo por detrás de Polonia y Finlandia.
Las ayudas han ido evolucionando en la última década mientras el país y el Estado se enriquecían: el irlandés es uno de los pocos gobiernos cuyo principal debate es cómo gastar el dinero público que le sobra ya que tiene superávit presupuestario por lo recaudado con las multinacionales tecnológicas y farmacéuticas instaladas en la isla. Sin embargo, esos negocios también han creado más presión sobre uno de los factores clave en el empobrecimiento familiar: el alto coste de la vivienda. Así que el debate sobre a quién dirigir las ayudas está vivo mientras decenas de miles de familias con hijos, especialmente monoparentales, tienen dificultades para llegar a fin de mes en este nuevo escenario.
Catherine Rossitier es profesora a tiempo completo en Dublín y madre de dos mellizos de 11 años, una de ellas con una discapacidad que requiere atención constante, una escuela adaptada y un hospital especializado cerca. Está divorciada y explica que en su país sigue habiendo estereotipos sobre las madres solas que reciben ayudas públicas.
Hay una percepción de las familias monoparentales, en particular de las madres solteras, de que tal vez son vagas, no quieren trabajar y quieren que el Gobierno les dé dinero y una casa gratis
“Hay una percepción de las familias monoparentales, en particular de las madres solteras, de que tal vez son vagas, no quieren trabajar y buscan que el Gobierno les dé dinero y una casa gratis”, lamenta. Rossitier recibe la ayuda universal y una asistencia específica para su hija, pero es crítica con el modelo porque considera que los apoyos deberían estar más focalizados, entre otras cosas por el aumento del coste de la vivienda. Por eso decidió unirse como voluntaria a One Family, una organización civil creada en 1972 para ayudar en particular a las madres solteras. “Tal vez ayude con el voto en las elecciones que todo el mundo reciba algo, pero no creo que sea lo justo para la sociedad”, asegura. La distribución de las ayudas casi siempre es un asunto de debate, también en los países donde las universales llevan años en marcha.
En España, sin darse ese efecto tan concentrado de la acumulación de multinacionales, los precios también catapultan a la pobreza a miles de familias. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida, la tasa de personas que se retrasan en los pagos relacionados con la vivienda –alquiler o hipoteca– es mayor por primera vez entre quienes asumen un precio de mercado que entre quienes tienen una renta inferior, protegida o social.
Soumaia, por ejemplo, lleva meses buscando sin éxito una casa de alquiler en la provincia de Barcelona porque en todas partes le piden dos nóminas para formalizar el contrato. Solo trabaja fuera de casa su marido; ella está recuperándose de un proceso oncológico, cuenta en conversación con elDiario.es. La familia, con dos hijas menores, está esperando una vivienda social desde hace dos meses. Para Cáritas, lo habitacional explica parte de “la brecha generacional” en la pobreza que están observando ya que las personas mayores “no están sujetas a vaivenes del empleo y, en general, no tienen tanta problemática con la vivienda”.
Polonia, luces y sombras de los ultraconservadores
Polonia está en los libros de los economistas que trabajan en el ámbito de la desigualdad como ejemplo de éxito. Su implantación despegó en 2016 y se convirtió en la medida estrella del Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS). Se llama programa 500+ y consiste en una ayuda universal de 120 euros al mes, “un 12% del salario bruto medio polaco”, sitúa Olga Cantó, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá. “Estamos hablando de un gobierno cuyo objetivo es fomentar la natalidad. Sin embargo, los datos son que la pobreza infantil estaba en un 29% en 2005 y ha caído a la mitad en 2023”, prosigue la economista. Desde 2024, año marcado por la llegada de un nuevo Gobierno que prometió deshacer el retroceso democrático, el importe ha subido hasta los 191 euros.
En el caso de Polonia, estamos hablando de un gobierno cuyo objetivo es fomentar la natalidad. Sin embargo, los datos son que la pobreza infantil estaba en un 29% en 2005 y ha caído a la mitad en 2023
“Una prestación universal por hijo a cargo es muy importante para reducir la pobreza infantil y debería ser el primer paso que diera cualquier país. Si es para todos resulta más fácil de administrar y tiene más probabilidades de ser ampliamente utilizada porque no hay tanta carga administrativa ni estigma percibido”, responde Karina Doorley, coordinadora del área de investigación en fiscalidad, bienestar y pensiones del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de Irlanda. El siguiente paso, argumentan varias de las expertas consultadas, es hacerla más intensa en grupos vulnerables.
Las organizaciones de infancia en España coinciden con esta tesis: una ayuda para todas las familias con descendencia, sin importar el nivel de renta, es la manera de llegar a los entornos más pobres. Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre el ingreso mínimo vital constató, por ejemplo, que el complemento de infancia –de 57,50 a 115 euros por menor, en función de la edad– tenía un “alcance limitado” al beneficiar solo a 274.000 hogares frente al millón y medio de familias que podían percibirlo.
Que las familias sepan a qué tienen derecho es un reto, incluso también cuando es universal, sostiene Mary Daly, profesora de Sociología de la Universidad de Oxford especializada en políticas públicas sobre familia y pobreza. Daly ha analizado programas más cualitativos de Irlanda centrados en apoyar a los progenitores y en informarles de las ayudas y actividades disponibles. Saber qué se puede pedir suele ser un obstáculo especialmente para minorías y migrantes. Según una encuesta del Ministerio de Infancia irlandés, en 2020, el 58% de los progenitores no tenía conciencia de las ayudas “ni universales ni dirigidas” disponibles en su comunidad.
Reino Unido, un ejemplo de que la ayuda sola no vale
Desde entonces, el Gobierno irlandés dice que la pobreza infantil es una prioridad y por eso ha formado una nueva oficina que depende directamente del primer ministro para coordinar las ayudas. Con el presupuesto de 2025, el nuevo Gobierno de centro-derecha, formado por los dos grandes partidos que llevan décadas en el poder, aumentará en particular las prestaciones para las familias más pobres, según aseguró a elDiario.es una portavoz de la oficina del primer ministro, Micheál Martin.
Los vecinos británicos, sin embargo, son un ejemplo del impacto reducido de la ayuda universal por hijo cuando hay restricciones presupuestarias y el contexto económico es malo. En Inglaterra y en Gales, más del 30% de los niños viven en hogares donde el dinero disponible después de restar los costes de vivienda están por debajo del 60% de la mediana, el consenso universal para medir la pobreza infantil. Según Save the Children, más de cuatro millones de niños viven en condiciones de pobreza en Reino Unido.
El Gobierno laborista ha mantenido hasta ahora un límite impuesto por el Ejecutivo conservador en 2017 para que la ayuda por hijo sea en la mayoría de los hogares solo para los dos primeros, pero el equipo de Keir Starmer está considerando opciones para volver a ampliar esta ayuda, incluida la posibilidad de quitar el límite por número de descendientes para los progenitores de niños menores de cinco años.
La OCDE instó a España a estudiar una prestación económica universal por hijo a cargo en 2022. Ya entonces, la exministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, había puesto sobre la mesa la propuesta de la medida aunque finalmente se quedó fuera de la Ley de Familias, una norma que inició su trámite pero tuvo que interrumpirse por la convocatoria electoral anticipada de julio de 2023. Pese a la voluntad expresada por los ministros de Sumar, no hay ninguna mención a la ayuda en el pacto de Gobierno entre el PSOE y el espacio que lidera Yolanda Díaz.
Italia, el último país en sumarse
En el entorno europeo, donde España se ha quedado prácticamente en una isla junto a Portugal, Grecia, República Checa, Croacia y Eslovenia, Italia ha sido el último país en sumarse a la corriente general. El Gobierno de Mario Draghi impulsó y aprobó una ayuda universal antes de que llegara al poder la ultraderecha liderada por Giorgia Meloni. Todas las familias reciben una prestación –al menos el mínimo de 60 euros al mes por cada hijo– pero esta aumenta en función de la renta hasta un máximo de 201 euros. La prestación ha sustituido a otras medidas de apoyo que había hasta ahora como las bonificaciones por maternidad. En algunos países la voluntad pronatalista no se puede desligar de la decisión.
Desde la Plataforma de Infancia recuerdan, ante las posibles dudas que puedan aparecer por el hecho de la ayuda se dé al margen de la renta, que “ya existen deducciones fiscales por hijo a cargo” de las que se benefician todos los ciudadanos que hacen la declaración de la renta sin importar cuánto ganen. “Nunca nadie se ha escandalizado por esas desgravaciones. Quitarlas y sustituirlas por la prestación universal para llegar a todas las criaturas, y no solo a las de clase media y alta, sería lo justo, lo valiente y lo lógico”, defendía para elDiario.es María Pazos, la investigadora que hizo el primer estudio que recomendaba la universalidad de esta prestación en 2015.
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