La imputación de la exjefa del CNI, una excepción a la parálisis de las causas abiertas por Pegasus

La imputación de la exjefa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban por la infiltración en el teléfono del president de la Generalitat, Pere Aragonès, es un paso inédito en la investigación judicial del espionaje al independentismo. La relevancia de la decisión judicial estriba no solo en el rango de la persona imputada, sino en que hasta ahora las causas sobre el ‘software’ espía Pegasus apenas habían arrancado o habían terminado en un callejón sin salida en sus compases iniciales.

Desde que el instituto canadiense Citizen Lab desvelara en abril de 2022 el espionaje mediante el programa espía israelí Pegasus, las querellas de los afectados se sucedieron en los juzgados de Barcelona. A día de hoy, hasta seis jueces de instrucción de la capital catalana investigan las denuncias presentadas por decenas de periodistas, políticos y miembros de la sociedad civil independentista.

Al poco tiempo se constató la poca voluntad de algunos jueces de investigar y las dificultades que tanto Israel como Irlanda, países de origen del ‘software’ espía y donde están alojados los datos telefónicos, ponen a la hora de colaborar con las pesquisas.

Distintas secciones de la Audiencia de Barcelona tuvieron que reprochar a los jueces de instrucción sus pocas ganas de investigar el espionaje. Pero una vez retomadas las pesquisas, terminaron en un punto muerto. Sirva como ejemplo lo ocurrido en la causa seguida en el juzgado de instrucción 20 de Barcelona por la infiltración a los móviles de los dirigentes de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba.

La jueza pidió al Gobierno que desclasificara toda la documentación relativa al espionaje denunciado por Jové y Riba al considerarlo “imprescindible” ante la declaración como testigo en la causa de la actual directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro. La respuesta del Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez el pasado mes de agosto estuvo muy por debajo de las expectativas de los espiados.

El Gobierno alegó que no podía desclasificar toda la documentación, ya que podría poner en riesgo la actividad del CNI, al tiempo que negó haber espiado a Jové y a Riba y autorizó la declaración testifical de Casteleiro. 

La comparecencia de la actual jefa del CNI no se ha fijado, pero fuentes jurídicas creen que, aunque acuda a declarar como testigo, poca cosa podrá decir, toda vez que el Ejecutivo ha desmentido que usara Pegasus contra los dos denunciantes republicanos.

Espionaje reconocido en el Congreso

El caso de Aragonès puede marcar la diferencia, ya que, a diferencia de Riba y Jové, el president sí es uno de los cargos independentistas que el Gobierno ha admitido haber espiado.

Se encargó de verbalizarlo la propia Esteban en la comisión de asuntos reservados del Congreso de los diputados a los pocos días de que ERC se cobrara su cabeza al frente del CNI como forma de zanjar la crisis política abierta con el PSOE debido al espionaje.

Año y medio después, Esteban deberá comparecer como investigada el próximo 13 de diciembre ante el titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona, Santiago García, el primer magistrado de la media docena que investigan el caso Pegasus que acuerda la imputación de la exjefa del CNI.

Aunque como investigada tiene derecho a no declarar en su contra y a no contestar a las preguntas que desee, la comparecencia de Esteban vendrá determinada por lo que ella misma ya admitió en el Congreso, esto es, que Aragonès fue uno de los 18 independentistas a quien el CNI espió con aval y control judicial.

En este sentido, más que lo que pueda decir Esteban, para esclarecer del todo el espionaje con Pegasus pueden resultar claves las otras diligencias acordadas por el juez a instancias del abogado de Aragonès, Andreu Van den Eynde. El instructor ha requerido al juez del Supremo sus argumentos para autorizar la infiltración en el móvil del president así como un alud de información financiera y documentación al CNI, el Tribunal de Cuentas y la matriz en Luxemburgo de la firma israelí creadora del ‘software’ malicioso, NSO Group.

Hasta ahora, las investigaciones habían terminado archivadas (como ocurrió con las denuncias de los primeros espiados, los republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall) debido a la falta de colaboración de Israel e Irlanda. Ambos países rehusaron responder las solicitudes de información sobre el espionaje y los datos móviles realizadas por el titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona, José Antonio Cruz, lo que ha llevado al caso a su sobreseimiento provisional.

A diferencia del juez del caso de Aragonès, el magistrado encargado de la denuncia de Torrent y Maragall limitó al máximo el alcance de las pesquisas y rechazó imputar a la empresa de Pegasus, NSO Group por el espionaje, además de negarse a aceptar querellas de otros espiados y asumir todas las infiltraciones en una única causa.

Ello ha derivado en que las denuncias de miembros de la CUP, Junts, PDeCAT, ERC, Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural se encuentren a día de hoy investigadas por media docena de jueces de instrucción de Barcelona. Salvo la de Aragonès, todas ellas avanzan “a paso de tortuga”, en expresión de lamento de uno de los abogados denunciantes.

Para intentar agilizar las pesquisas, los denunciantes bien han aportado al juzgado los teléfonos supuestamente infiltrados bien han entregado sus propios dictámenes periciales que avalarían el espionaje. Alguno de los cargos ha acudido para ello a los Mossos d’Esquadra, pero la mayoría ha confiado en peritos independientes.