Memoria frágil es la que tienen los gobernantes sobre las últimas leyes aprobadas en el Parlamento catalán. Concretamente estoy pensando en la de Financiación del Transporte Público, que define perfectamente y con claridad aspectos fundamentales y claves para el presente y futuro sobre el transporte público en nuestro país y que parece que no la tienen en cuenta.
Como siempre, a la llegada del final del año se plantea como asumir la batería de incrementos para afrontar nuevos presupuestos de los servicios públicos y en concreto, del transporte. Los políticos y las políticas han situado la opinión mediática en el hecho de no incrementar, dentro del área metropolitana, los títulos de transporte. Lo han situado como un elemento importante y protector, y a nadie se le escapa que se hace en momentos nuevamente de campaña electoral, y por tanto, imponiendo una postura más acogedora que no realista.
Explicar la evolución de los precios en los últimos años es difícil y está fuera de toda lógica y quizás ahora no corresponde hablar de ello, pero hay que tener en cuenta que, a pesar de las malas experiencias, una vez más vemos que los espacios de participación quedan al margen y debemos esperar que se nos convoque sólo para comunicarnos la nueva situación de las tarifas. En realidad, lo que se debería hacer es poner en marcha la mesa de diálogo social, espacio para debatir y proponer sobre las políticas de movilidad, en el sentido más amplio, y espacio comprometido, pero que no se ha puesto en marcha por parte de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM).
Dicho todo esto, consideramos que el hecho de no incrementar los precios de los títulos de transportes en el Área de Barcelona, así como la ampliación de la T12 hasta los 14 años, es un hecho positivo y que rompe con una tendencia de subidas por encima del IPC de los últimos años, pero a la vez, también nos debe hacer ver que esta aplicación territorialmente hablando, sólo del Área Metropolitana, debería ampliarse hasta la Región Metropolitana. Este hecho supondría un incremento notable de personas que podrían disfrutar de unas mismas condiciones, y quienes con alta frecuencia se mueven dentro de estas diferentes coronas metropolitanas.
Desde la Confederació d'Asociacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) pedimos una política más decidida y abierta al fomento y desarrollo del transporte público, donde de manera clara, los ciudadanos y las ciudadanas, puedan ejercer este derecho reconocido en la nueva ley . Al mismo tiempo, es prioritario que se pongan en marcha los diferentes mecanismos de participación, como la Mesa Social entre otros, convertidos hoy por hoy en sólo espacios de recepción de la información. Es decir, en papel mojado.
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