Tras el disparatado cambio de estrategia de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción de Marcos Benavent, el juez instructor del 'caso Taula' ha dictado el cuarto auto de procesamiento contra el autodenominado 'yonqui del dinero', junto con cuatro empresarios, por los contratos millonarios que adjudicó la edil fallecida del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón. El auto retrata un sistema de cobro de comisiones sistemático durante la era de la fallecida alcaldesa Rita Barberá en el que Marcos Benavent actuaba como recaudador. Los audios, que ahora pretende tumbar el nuevo letrado de Benavent, inmortalizan incluso las entregas de dinero por comisiones de constructoras del 2%.
Antes de incorporarse como gerente de Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia epicentro del 'caso Taula', Benavent compatibilizaba su trabajo en la Fundación Jaume II El Just con tareas para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y en el gabinete del entonces conseller de Educación, Esteban González Pons, así como en la secretaría de comunicación. En ese contexto entra en contacto con Vicente Burgos, un íntimo de Francisco Camps casado con la edil María José Alcón, con el que el 'yonqui del dinero' compartía ciertas aficiones.
Las explosivas conversaciones con Alcón, registradas clandestinamente por Benavent, dieron pie a la pieza separada E del 'caso Taula', que investiga las millonarias adjudicaciones del área de Cultura que dirigía la fallecida edil. En el contrato para la limpieza y mantenimiento de la Lonja de Valencia, el emblemático edificio situado pleno centro de la ciudad, la firma de arquitectos Estudios y Métodos de la Restauración SL (EMR) se llevó un millón de euros, además de 448.056 euros como ampliación del contrato.
Uno de los audios graba una supuesta entrega de una comisión de 9.000 euros a Alcón: “Aquí sólo hay un 2%, 9.000 euros, millón y medio [de pesetas]”, le dice Benavent a la entonces esposa de su amigo Vicente Burgos. El dinero serviría, según el 'yonqui del dinero', para darse “dos regalitos en Navidad y cuatro fiestas”. Según declaró Benavent, antes de cambiar de estrategia de defensa, la comisión se la entregó el empresario Carlos Vicente Gil, también procesado, quien durante su declaración negó haber abonado cantidad alguna. Sobre la ampliación del contrato, Benavent explicó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de las pesquisas que “los reformados” le permitían “que las comisiones a percibir fuesen superiores”, ya que de ese suplemento también sacaban tajada.
“Cleop apoya mucho al Partido”
El contrato de la limpieza de las Torres de Quart, otro monumento icónico de la ciudad, también está bajo sospecha. La adjudicación, de 1,4 millones de euros, fue para una UTE formada por la constructora Cleop del empresario Carlos Turró. En las conversaciones con Alcón, Benavent argumenta que Cleop es “mejor pagadera” que EMR, una firma con la que le había costado cobrar la presunta comisión del contrato de La Lonja. La edil refiere expresiones como “amaño” o “maniobra”, mientras deciden por cuál de las empresas se inclinará la balanza. Benavent insiste a favor de Cleop: “Había un compromiso desde arriba de que fueran ellos”.
La consiguiente comisión se cifra en 20.000 euros: 10.000 para Alcón, 5.000 supuestamente para “el Partido” y otros 5.000 para Benavent. Sin embargo, éste último confesó ante la Guardia Civil que se quedó los 5.000 euros para “el Partido” y engañó a Alcón. En el audio le dice a la edil: “Pim-pam (...) aquí tienes lo tuyo”. La edil se queja de que “entre los IVAs y los putas madres” se ha quedado con una recompensa que considera baja y su interlocutor alega que la constructora ha entregado rauda la comisión “a los tres días de estar adjudicado”. “Y eso siempre es bueno”, agrega Benavent. El 'yonqui del dinero' le recordaba a Alcón que “Cleop apoya mucho al Partido”. Ante la UCO declaró que fue el empresario Carlos Turró en persona quien le entregó la comisión del 2%.
“Hay que repartir un poco el pastel”
El siguiente contrato bajo sospecha es el de las obras de conservación y restauración de los puentes históricos de Serranos y Trinidad y le fue adjudicado a EMR por 2,3 millones de euros, con una ampliación de la adjudicación por valor de 320.000 euros adicionales. “Hay que repartir un poco el pastel”, le advierte Benavent a la edil. Aunque el 'yonqui del dinero' declara ante la Guardia Civil que no recordaba la cifra exacta de la comisión abonada, sostiene que se trataba de entre el 2% y el 3% del precio de adjudicación.
Los contratos de la Mostra de cine de Valencia, otorgados por el consistorio de Rita Barberá, también han estado bajo la pula de los investigadores. De las conversaciones grabadas se deduce, según el auto del juez instructor, que Benavent y Alcón repartían el pastel a las empresas de su conveniencia “aun antes de emitirse los respectivos informes técnicos de valoración” de las propuestas. “¿De aquí sacaremos alguna cosilla?”, le pregunta Alcón.
“La jefa” y “el Sobrinísimo”
Los audios permiten hacerse una idea del mapa de la presunta corrupción durante la era de Rita Barberá, cuyos extremos se investigan también en la pieza A del 'caso Taula' y en el 'caso Azud' sobre el urbanismo que protagoniza el cuñado de la fallecida alcaldesa, el abogado José María Corbin. En las conversaciones grabadas por Benavent, se hace referencia al “sobrinísimo” de Rita Barberá, que no está procesado en la causa. En uno de los diálogos Benavent afirma: “El argumento de peso es que ha llamado la Jefa y tiene que ser para Quique [en referencia Enrique Sospedra Barberá, sobrino de la entonces alcaldesa]. Las empresas del ”sobrinísimo“ facturaron 440.000 euros al consistorio.
Las comisiones de estos contratos, relativos a servicios de producción y de azafatas, se las pagó, según declaró Benavent ante la UCO, Enrique Aleixandre, de la firma Universo Selección, también procesado. El empresario negó en su declaración haber pagado la comisión y sólo reconoció una “mayor relación” con Benavent a partir de su nombramiento como gerente de Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia. También negó que la venta posterior de un vehículo de su propiedad al 'yonqui del dinero' fuera un trato de favor o una recompensa.
En resumen, el esquema de la asociación presuntamente corrupta entre la edil y el 'yonqui del dinero' era el siguiente, según el juez: “Siempre que María José Alcón le pedía que buscara alguna empresa para realizar alguna adjudicación, tenía que percibir algún tipo de comisión” que era gestionada por Benavent. Así, la mercantil en cuestión resultaba adjudicataria “gracias a la intervención de Alcón”.
Recados del juez
La pieza separada E del 'caso Taula' incluía como investigado al empresario José Adolfo Vedri, de la conocida firma Engloba, por su papel en la adjudicación del espacio cultural La Rambleta, que aparece retratada profusamente en los audios. Sin embargo, en las fechas en que Benavent y Alcón se repartían el pastel, los “hechos conspirativos” que supondrían los audios como valoración indiciaria no se contemplaban en el Código Penal. Vedri se ha salvado por los pelos.
El juez tampoco aprecia suficientes indicios contra el asesor del PP Pedro Aracil ni contra el exmarido de Alcón Vicente Burgos, un hombre que, además de haber sido jefe de gabinete del Consell Jurídic Consultiu, también ha pasado por la prisión de Picassent por otros asuntos turbios. Ambos “no aparecen en las conversaciones grabadas” y Aracil “no tuvo una participación activa y personal en los hechos”.
En su declaración ante la Guardia Civil, Benavent solo hizo referencias “vagas e imprecisas” al papel de su amigo Vicente Burgos. El magistrado instructor sí que procesa a Carlos Vicente Gil, de la firma Estudios y Métodos de la Restauración SL; Carlos Turró, responsable de Cleop; Enrique Aleixandre Chumillas, de Universo Selección, y Rafael García Barat, socio del 'yonki del dinero'.
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia desliza una serie de recados en el auto dirigidos a Marcos Benavent tras su cambio de estrategia de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Sobre los trapicheos de los contratos de la Mostra, se pregunta “por qué no grabó, o no quiso grabar, las conversaciones en las que supuestamente hacía entrega de esas comisiones a la concejal”. El juez alude a la “singular perspectiva personal de la responsabilidad penal” del 'yonqui del dinero'.
El magistrado también duda del posible delito de cohecho (“dista de ser una apreciación de certidumbre en este caso”, dice) ya que no le parece “descabellado” pensar que Benavent estuviera “faroleando” ante Alcón sobre “la ascendencia o confianza” con determinados empresarios. Puede ser, afirma el auto, que “sencillamente confundiera sus deseos con la realidad”.
Así, los hechos investigados podrían revestir indiciariamente los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios públicos. Se trata de la cuarta pieza separada del 'caso Taula' en la que el 'yonqui del dinero' es procesado.