Un fardo judicial persigue a Mazón: el nexo causal de 228 homicidios imprudentes de la DANA

Es devastador leer en el auto de la jueza instructora, uno por uno, los nombres y apellidos de las 228 víctimas mortales de la DANA en Valencia del pasado 29 de octubre. Las identidades de los difuntos ocupan prácticamente un folio y medio. Y es de agradecer que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra nos recuerde, una vez más, la magnitud de la tragedia. Alberto Núñez Feijóo se refirió este viernes a la cifra de 227 fallecidos, olvidando que la jueza ha añadido a la lista a una mujer con leucemia que se quedó sin tratamiento y que murió el 12 de noviembre. El dolor que ha causado la negligente gestión del Gobierno de Carlos Mazón es inconmensurable. La magistrada sostiene que se trata de 228 presuntos homicidios imprudentes. Muertes evitables, de las cuales la instrucción debe aportar indicios sólidos que apuntalen sin fisuras —algo sumamente complejo— el nexo causal con la gestión de quien capitaneaba, por ley, la respuesta a la emergencia.

Pasados cuatro meses y medio de la catástrofe, la investigación judicial apunta, de entrada, a la imprudencia grave que habría cometido la entonces consellera Salomé Pradas, que ha sido imputada junto con su secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Pradas se desentendió de las reveladoras llamadas al 112 alegando que no entraban en sus “funciones institucionales”, aunque como muy bien apuntaba Adolf Beltran, desde el momento (desgraciadamente tardío) en que convocó la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), ejercía el mando único de la respuesta a un suceso del cual la Aemet había advertido con tres días de antelación y que estaba siendo emitido en directo durante toda la jornada por À Punt, la televisión autonómica valenciana. Argüeso, por su parte, dice que actuó con una “encomiable diligencia”. Menos mal; uno no quiere ni imaginarse qué hubiera pasado sin tan encomiable actuación.

El auto marca un camino claro que, por motivos evidentes, no ha gustado nada al PP y a sus socios de Vox, personados en la causa como acusación popular. Sin embargo, todo se remonta al pasado 5 de diciembre, a una resolución dictada cuando la magistrada tenía abiertas una de las muchas diligencias sobre la DANA en juzgados valencianos y aún no las centralizaba todas. La representación jurídica del hijo de uno de los fallecidos había pedido que se solicitaran a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y al Ministerio de Transición Ecológica diligencias relativas a las presas.

La jueza, ya en aquel auto del 5 de diciembre, lo dejó claro: la instrucción de la causa “ha de atender a la determinación de la responsabilidad de quienes tenían acceso a la información de la situación del barranco del Poyo”, cuyo desbordamiento causó las víctimas en el partido judicial de Catarroja, al cual estaba acotada inicialmente la instrucción de la magistrada, que además centraba la cuestión en el errado aviso a la población mediante el sistema Es-Alert.

En ese momento, la jueza enseñó sus cartas por primera vez: “Se habrá de determinar las personas responsables y autorizadas, al objeto de dar aviso a la población del desbordamiento que afectó al partido judicial de Catarroja y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que se alertara con el referido mensaje a las 20.12 y no previamente”.

La instructora apostilló: “Ello supone establecer una eventual secuencia de hechos, informaciones y comunicaciones de los intervinientes en la resolución de emergencias, así como las decisiones que se adoptaron para alertar a la población”. Para comprobar si los fallecimientos eran “evitables” y, por consiguiente, si se habría cometido una “negligencia penal relevante”, la magistrada empezó a investigar qué demonios pasó en aquel desastroso Cecopi.

Y sus conclusiones preliminares apuntan directa y exclusivamente al Ejecutivo de Mazón. Cuando preguntó por las inexplicables e inexplicadas pausas eternas ordenadas por Salomé Pradas en el Cecopi, el director general de Emergencias, Alberto Martín Moratilla, contestó con un informe de apenas dos folios y con un mero “eufemismo”, según la magistrada.

Por cierto, Martín Moratilla es el único alto cargo de Pradas en Emergencias que ha sobrevivido en el Gobierno “de los mejores” de Mazón. El Consell también intentó torear a la jueza —una estrategia generalmente desacertada en cualquier proceso penal— enfangando en la decisión de enviar la alerta a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Carlos Mazón no ha colado ni una. Ni el ventilador enchufado hacia la CHJ ni nada parecido. Toda su coartada ha sido desbaratada en un auto de 16 páginas. Al jefe del Consell ya solo le queda aferrarse al cargo (y al aforamiento), completamente encastillado en el Palau de la Generalitat.

Después de la asoladora resolución de la magistrada, Mazón dijo que no se planteaba personarse en la causa. Tampoco, afirmó como si nada, la Generalitat Valenciana. En realidad, lo que plantea esa respuesta son importantes dudas sobre su condición de jurista. La magistrada no lo ha invitado a personarse en la causa sino a declarar voluntariamente en condición de investigado (acompañado por un abogado). Lo de la personación de la Abogacía de la Generalitat ya es casi una extraña broma del president.

Carlos Mazón —aunque actúe como la orquesta del Titanic, que seguía tocando mientras el barco se hundía— no está investigado con Pradas y con el diligente Argüeso porque es aforado. Nada más. El periodista Héctor Esteban lo ha resumido muy bien en Las Provincias: “El tik tok se ha convertido en un tic tac y el mejor refugio son los muros del piedra del Palau de la Generalitat”.

En esta fase de la instrucción, aún muy incipiente, la batalla ya no es por el relato, que saltó por los aires con el auto de la jueza, sino directamente por el nexo causal, la clave de todo el procedimiento. Y en ese terreno se moverán las respectivas estrategias de defensa de los (por ahora) dos investigados. Adicionalmente, la representación jurídica de Emilio Argüeso, que ejerce un letrado de Manos Limpias, ya cuestiona la competencia de la magistrada para asumir todas las diligencias de la DANA.

Si hay un punto con el que pueden tratar de diluir el nexo causal es el papel de los técnicos en el debate del Cecopi del 29 de octubre sobre el envío de la alerta a los móviles. Que tampoco ha sido aclarado y que la jueza ya deslizaba que sería uno de sus próximos pasos. El subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, son los principales candidatos.

El jefe del Consell queda ahora pendiente de los recursos al auto, que debe resolver la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. La extrema derecha, personada como acusación popular con marcas distintas tales como Vox o Hazte Oír, no comparte el criterio de la instructora para rechazar la imputación del presidente de la CHJ, Miguel Polo. Ya veremos si la sección segunda avala la resolución de la jueza.

El tiempo que le quede a Mazón en el cargo será, como mínimo, agónico. La concatenación de mentiras ha sido de tal calibre que ni siquiera la derecha se fía de él. No es para menos. Su continuidad en el cargo ya era inosostenible cuando, el pasado 5 de noviembre, este diario reveló que el president se encontraba en una larga comida, a pesar de que su Gobierno había activado la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Utiel. Hay veces en la vida que no estar donde se tiene que estar resulta definitivo. Los primeros consejos acertados para que la población se refugiara en altura los dio el propio Mazón a las 21.30 del día de autos, cuando la guadaña ya se había llevado con la barrancada a las víctimas, la mitad de las cuales fueron personas mayores de 70 años.

El nivel de indignación y enfado colérico ha alcanzado en València cotas nunca vistas con un presidente autonómico. Y eso que hemos tenido a dos 'molt honorables' presidentes condenados por corrupción. Pero nada comparado con esto. Al lado de Mazón, su mentor Eduardo Zaplana sería apenas un liberal que cometió errores. Ximo Puig ya ha alcanzado prácticamente la altura de Nelson Mandela. Su Gobierno contaba con un secretario autonómico de Emergencias que sí que actuaba con “encomiable diligencia”. En la DANA de 2019 que azotó la comarca de la Vega Baja, el Cecopi se había convocado con 48 horas de antelación (no hay más preguntas, señoría).

Hasta la prensa más conservadora cuestiona la frívola actuación del jefe del Consell. Pero lo cierto es que el mando único lo ostentaba su consellera Salomé Pradas. ¿Qué se dijeron en las llamadas que a duras penas ha detallado Mazón que mantuvo con la responsable de Emergencias aquella tarde? Solo ellos dos lo saben. Desafortunadamente, gracias a las absurdas pausas de Pradas en el Cecopi, hay menos testigos.

En estos casi cinco meses desde la tragedia, a veces me da la sensación de que la acelerada intensidad del día a día nos impide pararnos a pensar en la magnitud de la catástrofe y de la nefasta actuación del Consell. Leyendo las declaraciones de los familiares de los fallecidos que constan en el sumario —los terribles y traumáticos últimos momentos con vida de sus seres queridos, en algunos casos presenciados cara a cara— me acordé de la exconsellera Nuria Montes y de sus órdenes marciales de que no acudieran a la morgue de Fira València. Pensar retrospectivamente en aquellos momentos permite reconstruir lo que falló en la respuesta a la emergencia —que fue todo— y hacerse además una idea de la catástrofe moral de unos gobernantes autonómicos que pasarán a la historia por su sobresaliente incompetencia y, quizá, por una condena.