La jueza de la DANA apunta a Mazón y pregunta a la Generalitat si al Cecopi asistió “alguna otra autoridad” además de Pradas

La Conselleria de Emergencias de la Generalitat Valenciana aseguró a la jueza de la DANA el pasado viernes que la máxima responsable en el Centro de Coordinación Operativa Intergrado (Cecopi) del pasado 29 de octubre, día de la catastrófica DANA, fue la entonces consellera Salomé Pradas. Al Cecopi fueron convocados un total de 29 organismos y personas físicas.

Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, en un auto notificado este lunes, ha preguntado al departamento autonómico de Emergencias, si “concurrió alguna otra autoridad” al Cecopi. Y es que en la lista que remitió la conselleria el pasado viernes no figuraba el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

La jueza plantea la pregunta al Consell “dado el tiempo transcurrido entre la convocatoria [del Cecopi] a las 17.00 horas y la remisión del mensaje [de alerta] a las 20:11”. La magistrada quiere saber si alguna otra autoridad “se integró” en el Cecopi más allá de la lista de organismos convocados inicialmente, en una referencia a Mazón, quien acudió a la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias a las 19.30, tras alargar la comida y sobremesa en el restaurante El Ventorro.

En definitiva, la magistrada pretende averiguar quién tomó la decisión, como responsable de la respuesta a la emergencia, de enviar la alerta masiva a los móviles. La instructora da a la Conselleria de Emergencias un nuevo plazo de tres días hábiles para responder a su requerimiento.

Además, la jueza ha dictado cuatro resoluciones adicionales. En la primera de ellas ha requerido a la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud para que identifique, de forma previa a la admisión a trámite de su querella, las personas de entre sus miembros que resultaron lesionadas, así como para que informe de qué tipo de lesiones sufrieron, la forma en que se produjeron y el tratamiento médico ulterior que recibieron tras una primera asistencia facultativa.

Respecto a esta querella, la juez inadmite lo relativo a los daños por imprudencia grave que en ella se detallaban porque entiende que esos daños “no se podían evitar”, pero “las muertes sí”. Alude, en este sentido, a lo establecido por un auto anterior del propio juzgado, del pasado 11 de febrero, que sostenía que la investigación penal en curso se ciñe a los fallecimientos y a las lesiones que requirieron tratamiento tras una primera asistencia facultativa.

“Ello no significa que no hayan de obtener la oportuna reparación los daños materiales, la destrucción que ha asolado a las poblaciones y que han afectado a centenares de miles de personas, sino que ni este proceso ni la jurisdicción penal son competentes para su conocimiento”, precisa.

Por esta misma razón, en otro auto, la magistrada ha rechazado la personación en la causa como perjudicados de cuatro personas que sufrieron daños en sus bienes, como vehículos o inmuebles, como consecuencia de las inundaciones.

Acusaciones populares

Del mismo modo, sí acepta la personación en esa condición de acusación particular de la familiar de varias víctimas mortales, que había presentado un escrito a tal efecto bajo la representación legal la asociación Liberum. A esta entidad el juzgado sí le requiere el pago de una fianza de 6.000 euros para ejercer la acción popular.

Finalmente, y en contestación a la solicitud de diligencias realizada por otra de las acusaciones populares —Podemos— la magistrada ha acordado librar oficio a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para que emita un informe de las actuaciones que llevó a cabo en el ámbito de sus competencias el pasado 29 de octubre.

Igualmente, pide al teléfono de emergencias 112 que le informe a partir de qué momento de ese día se comenzaron a recibir llamadas sobre los efectos de la Dana y de qué poblaciones procedían.

Finalmente, en una providencia, el juzgado ha requerido de nuevo a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para que le aporte la información requerida en el último auto sobre los caudales del barranco del Poyo en un plazo improrrogable de tres días, pues el contenido del CD que remitió hace unos días no se corresponde con lo solicitado.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido este lunes al juzgado un correo electrónico en el que explica que el pasado jueves se envió, tanto por e-mail como por correo certificado con acuse de recibo, el informe solicitado. Así, este lunes el ministerio ha enviado nuevamente al juzgado tanto el informe como el oficio de remisión y el certificado de registro de salida.