¿Y la división de poderes?

La democracia tiene la delicadeza de una planta que debe mantener las condiciones de humedad, sol, tierra y nutrientes adecuados para crecer. Si la planta necesita del equilibrio de la naturaleza y los excesos o defectos ponen en peligro su existencia, la democracia necesita del equilibrio social que garantice que todas sus partes funcionan correctamente y, si alguna falla, se puede corregir de inmediato, aplicarle los nutrientes necesarios, y que vuelva a florecer.

Al igual que estamos haciendo con el planeta, empeñados en saturarlo de plásticos y en consumir más recursos naturales de los que nos corresponde, cuya temperatura sube cada año poniendo en riesgo la supervivencia de muchas especies, incluida del ser humano, parece que estamos también empeñados en poner a prueba la resistencia de nuestro hábitat social: la democracia.

Como si se tratara de un juego lleno de trampas, la democracia debe sortear la posverdad, las fakenews, la polarización, los delitos de odio, los gritos e insultos, el simplismo de los mensajes políticos, el pseudoperiodismo y las redes, y otros tantos engaños que provocan que la democracia deba defenderse con las manos atadas porque sus reglas de juego no son las mismas. La democracia debe aplicarse con rigor, razón y convicción sin utilizar estratagemas fraudulentas.

No es ingenuidad. Es la esencia de la democracia. Si se actúa de otra manera, se pierde su naturaleza.

La democracia no es solamente el debate entre partidos políticos porque la ciudadanía también tiene un papel de contrapesos importante que no estamos desarrollando porque confundimos la “politización” con el “partidismo”, en el que últimamente estamos inmersos, defendiendo a los nuestros digan o hagan lo que sea y atacamos de forma inusitada al adversario como si se tratara de un enemigo a batir.

Funcionamos en burbujas ideológicas y/o de interés. Incluso afecta a nuestra convivencia con amistades o con la propia familia.

Cuando la ciudadanía se limita a votar cada cuatro años (si es que vota) o a protestar cuando algo le afecta directamente a sus intereses corporativos, advertimos siempre que falta educación cívica, información adecuada, más complicidad, más proximidad, etc y etc. Todo ello relativo a los “hábitos” democráticos: al aprendizaje y a la práctica.

Sin embargo, damos por hecho que el sistema democrático está funcionando sin problemas, manteniendo el equilibrio de su estructura, garantía de imparcialidad. ¿Es así?

La democracia es un organismo vivo socialmente que puede crecer y consolidarse o, por el contrario, marchitarse y debilitarse. El equilibrio lo proporciona la separación de poderes que busca la independencia entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial.

Me refiero lógicamente a la clásica división de poderes en la que el poder ejecutivo debe administrar y gobernar, el legislativo elabora y aprueba leyes, y el judicial juzga y hace cumplir las órdenes de los jueces, y que esta división supone una característica fundamental de los Estados de Derecho.

La finalidad de estos tres poderes separados, que surge para frenar las monarquías absolutas, tiene como objetivo que no se produzcan abusos o injusticias por parte de los gobiernos. Con ello se elimina aquel principio de Maquiavelo: “el fin justifica los medios”, siendo los medios para obtenerlos tan importantes como el fin y debiendo ser, por tanto, lícitos en todo momento.

Tenemos un consenso aceptado de que la democracia se basa en: 1) la representación política de unos representantes elegidos libremente por la ciudadanía para que gobiernen y dicten leyes que serán debatidas en el parlamento, máximo órgano de representación ciudadana; 2) existe un sistema de contrapesos que dificulta el totalitarismo; 3) excluye la violencia y el uso de la fuerza, por lo que uno de sus objetivos es garantizar la paz, la estabilidad y el bienestar; 4) el gobierno legítimo puede ser derrotado de forma pacífica en las urnas.

¿Estaríamos todos de acuerdo? Si es así, esto que acabo de definir significan las raíces éticas de la democracia.

Así pues, nos hemos protegido siempre de los abusos de gobiernos democráticos con mayorías absolutas, que sortean la legalidad, que cometen actos de corrupción. La ciudadanía puede estar tranquila porque existen dos contrapesos esenciales: el legislativo y el judicial.

Sin embargo, no solemos cuestionar estas dos partes del triángulo. Y también deberíamos darles un repaso.

¿Qué ocurre en un parlamento fragmentado con una diversidad de partidos que representan, no solamente ideologías y formas diferentes de ver la sociedad, sino que unos representan el global de la nación y otros exclusivamente su autonomía? Pues que hay que negociar mucho más, que el gobierno no puede imponer su criterio, que existe más pluralidad, que la ciudadanía se siente más representada en un parlamento amplio que no en un bipartidismo.

Pero también puede ocurrir que los minoritarios hagan una presión sobredimensionada que no corresponde a sus votos reales ni a su presencia social, y que, de alguna manera, se produzca “un chantaje” ante el gobierno. Ese ejemplo lo veo permanentemente en Junts cuando hablan en nombre de “los catalanes” por el hecho de hablar en catalán y ser nacionalistas-independentistas, pero solo tienen 7 diputados. Intencionadamente se arrogan una legitimidad que no tienen y que no representan porque ignoran a otros partidos nacionalistas o estatales que tienen muchos más diputados catalanes. Una minoría tiene toda la legitimidad parlamentaria, pero si se excede en un abuso de presión por ser llave en los votos lo que provoca es una mala utilización del parlamento, es decir, del poder legislativo.

Si analizamos lo que está ocurriendo en el poder judicial también encontramos elementos preocupantes.

El primer elemento, sin duda, fue el bloque del Consejo General del Poder Judicial durante 5 largos años incumpliendo el mandato constitucional.

El segundo elemento es el que estamos observando perplejos en la actuación del Juez Peinado en la instrucción, llena de sobresaltos e incidencias no justificadas, del caso Begoña Gómez: la admisión a trámite de una denuncia con recortes de prensa, la búsqueda en una investigación prospectiva, el alargamiento para realizar un espectáculo mediático, y, por último, acudir a la Moncloa a tomar declaración verbal (y no por escrito) al presidente de gobierno, cuando puede negarse a testificar por ser familiar, y además, acompañado de cámaras para grabar la sesión y así, quien sabe, si filtrarla a algún medio de comunicación por parte de algún colaborador.

Y lo que resulta más chocante: presentarse el Juez acompañado de un partido político, en este caso, Vox, como si no tuvieran claros intereses en este circo mediático-judicial. ¿De verdad que el juez debe ir acompañado de un representante político con claros intereses personales y partidistas en estas actuaciones?

Se habla continuamente de la “judicialización de la política”, intentando de forma constante ganar en tribunales lo que no se consigue en un parlamento. Pero poco se habla de la “politización de la justicia”.

Cuando se dice que en los órganos y estamentos deben existir “profesionales” porque son los que entienden del tema se olvidan de que todo el mundo, profesional de lo suyo o no, tiene ideología y creencias, tiene toma de posición, porque nadie es amoral ni apolítico. Y eso está ocurriendo también en la justicia.

No es la primera vez que vemos a jueces extralimitarse en sus funciones y poniendo su ideología, inclusos sus manías o animadversiones personales, por encima de su papel de imparcialidad que dé garantía al sistema democrático.

Lo hemos visto en el caso de Mónica Oltra, también con algunas sentencias de los ERES, o la cacería que sufrió la jueza y diputada de Podemos Victoria Rosell por parte del juez Salvador Alba que fue, finalmente, condenado por prevaricación, cohecho y falsedad.

Como conclusión: si queremos que la democracia funcione, todos somos responsables de sus nutrientes, seamos políticos, ciudadanos, periodistas o jueces.

*Artículo publicado por la Fundación Sistema