Catalá finiquita la investigación de la DANA en València sin una sola comparecencia política y sin asumir responsabilidades

El Ayuntamiento de València finiquita la comisión de estudio sobre la DANA y se sacude las responsabilidades. Cuatro meses después de la riada que dejó 17 víctimas mortales en la ciudad, el pleno del Ayuntamiento ha aprobado el dictamen de la comisión en la que ni han participado responsables políticos ni la oposición, donde se ha pasado de puntillas por los dispositivos que operaron en la tarde noche del 29 de octubre.

El equipo de gobierno de Maria José Catalá ha trasladado las conclusiones a la oposición en una comisión exprés, celebrada a primera hora de la mañana, y posteriormente al pleno municipal, donde la alcaldesa ha hablado de la DANA por primera vez en meses. Después de rechazar una comparecencia por esta cuestión y delegarla en su portavoz, la alcaldesa ha comparecido en calidad de presidenta de la comisión para realizar un resumen de las conclusiones y agradecer la participación de los técnicos y los expertos. La dirigente popular ha apuntado que la ciudad “tiene una misión histórica 60 años después” de la riada de 1957, “reeditar una infraestructura como el plan Sur para hacer a Valencia más segura”, con constantes alusiones a las reformas de las obras hidráulicas, en línea con el argumentario del PP. Ha expuesto una batería de conclusiones de los planes, sin rastro de autocrítica sobre la actuación.

La alcaldesa ha recibido un aluvión de críticas por parte de la oposición sobre la falta de prevención, de avisos y la reacción tardía de las autoridades en la tarde noche del 29 de octubre. Ni se utilizó la megafonía de las pedanías, ni se mandó a la policía a desalojar a hasta la madrugada, ni hay rastro de que se demandaran refuerzos. La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha recordado que “el plan de inundaciones reclama medidas preventivas” y ha criticado el vacío en el relato de la Policía y los bomberos, que no aportan información hasta las 20 horas sobre las llamadas recibidas. “No cumplieron los protocolos, no usaron los sistemas de alerta”, ha reprochado la concejal valencianista al equipo de PP y Vox.

El socialista Borja Sanjuán también le ha reciminado que “no hubo prevención ni avisó a tiempo”, y que “el único operativo policial era un coche sobre el puente”, en referencia a los cortes de tráfico posteriores en La Torre, al tiempo que le ha reprochado que no exija responsabilidades a Carlos Mazón. “Si no fue culpa de la Generalitat, fue culpa suya”, le ha espetado, para sostener que “la mejor conclusión del informe de la comisión es que la alcaldesa sigue sin atreverse a dar la cara y explicar cuál fue la gestión del Ayuntamiento antes, durante y después de la dana”.

En su respuesta, Català ha defendido que Valencia no es una ciudad ribereña del barranco del Poyo y que en el plan de inundaciones que dejó la anterior Corporación no se incluían las pedanías como zonas de riesgo de inundación, pero el agua llegó a las pedanías desde Paiporta. Por ello, ha reclamado que la Confederación tenga en cuenta en sus planes de futuro está circunstancia para mejorar los avisos.

La comisión de estudio se saldó con 40 comparecencias de técnicos y expertos, dividida en cuatro sesiones, más como un proceso de mejora que como un examen a la gestión. No se invitó a ningún responsable político, con lo que las principales incógnitas, como qué comunicación tuvo el Ayuntamiento con la Generalitat Valenciana y con el Cecopi, siguen sin estar despejadas.

Entre las propuestas se ha apuntado al diseño de campañas de concienciación, formación y educación para la población en situaciones de emergencia y desastres naturales; actualización de protocolos de actuación y planes de emergencia en situaciones críticas; atención psicológica a las personas más vulnerables en esos casos; revitalización del comercio local; medidas para facilitar los trámites administrativos a afectados; y adaptación de la nueva construcción y planificación urbana. También replantear la planificación territorial, los sistemas de drenaje y mejorar los sistemas de alerta; la revisión de del marco legal para la cooperación ante emergencias; adaptar planes de emergencia para que sean más inclusivos para personas con discapacidad; formación y coordinación en el manejo de animales en emergencias; mecanismos de cooperación intermunicipal que garanticen una mayor protección y seguridad en futuras emergencias.