Centros de expulsión fuera de la UE, multas y más detención: la puntilla al endurecimiento de la política migratoria

Una vez acordado el Pacto de Migración y Asilo, que suponía un endurecimiento de la política migratoria en la UE, la mayoría de gobiernos europeos y la Comisión Europea pusieron el foco en la normativa que quedaba pendiente de actualizar: la directiva de retornos. Como parte de la construcción de la 'Europa fortaleza', la pata que quedó descolgada fue la de la expulsión de las personas que consiguen llegar al territorio comunitario. Se convirtió en la obsesión de la Comisión Europea, que no paraba de repetir que la cifra de devoluciones era sólo del 20%, y de la mayoría de gobiernos europeos que, en pleno auge de la ultraderecha, elevaron la presión.

3.000 millones para implementar el pacto migratorio

El día en que se cumplen 100 días de que la nueva Comisión Europea echara a andar, el gobierno de Ursula von der Leyen ha presentado la propuesta y, de hecho, justifica en la “urgencia” la decisión de haber impulsado la propuesta legislativa sin una evaluación de impacto, a pesar de que supondrá la expulsión de personas del territorio de la UE incluso si son enviados a países en los que no tienen ningún arraigo. Lo que sí ha hecho la Comisión Europea es una evaluación económica de la iniciativa llegando a la conclusión de que no supondrá ningún gasto adicional “inmediato”, según fuentes comunitarias.

Lo que explican esas fuentes es que en los próximos meses se prevé desembolsar 3.000 millones de euros extra para que los 27 apliquen el Pacto de Migración y Asilo (ahí se contempla todo lo que tiene que ver con la recepción de solicitantes de asilo, el chequeo de las personas que llegan, etc.), pero admiten que los estados miembros podrían dedicar los fondos que perciban a la puesta en marcha de centros de deportación en terceros países fuera de la UE.

Centros de deportación fuera de la UE

Esa es una de las medidas más polémicas de la directiva de retornos y es similar a la de los centros de deportación que la ultraderechista italiana, Giorgia Meloni, financió en Albania y que han sido tumbados por la justicia de ese país. Una mayoría de países europeos (hasta 17) presionaron a Bruselas para que sentara las bases legales que permitan esa fórmula. Y la Comisión Europea ha cogido el guante, aunque con algunas diferencias.

Los Estados miembros podrán llegar a acuerdos con terceros países extracomunitarios para establecer esos centros a los que se llevaría a las personas migrantes sin papeles cuyas solicitudes de asilo se hayan rechazado y que hayan recibido una orden de expulsión. Esa es la principal diferencia respecto a los centros de Meloni, que enviaba a las personas rescatadas en el mar mientras se tramitaban peticiones.

Riesgos para los derechos de los migrantes

“Refuerza la falsa suposición de que todas las personas que no reúnen los requisitos para obtener asilo deben ser deportadas inmediatamente, lo que dificulta el acceso a permisos por otros motivos, incluidos los permisos humanitarios, familiares y de trabajo”, señalan desde la Plataforma Internacional de Cooperación de personas sin papeles (PICUM, por sus siglas en inglés).

Aunque en la Comisión Europea aseguran que todo se hará conforme a los derechos humanos y el derecho internacional, hay precedentes de los acuerdos de la UE con terceros países, como Túnez o Marruecos, en los que se producen constantes violaciones de los mismos sin que haya ninguna consecuencia. Para PICUM, esos centros conllevarán “detenciones arbitrarias automáticas, problemas de rendición de cuentas y de control de los derechos humanos, riesgos de deportaciones en cadena hacia países inseguros y otras numerosas violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional”.

Pero también dentro de la propia UE pueden quedar en entredicho esos derechos al incluir excepciones en el caso de las personas que se consideren un riesgo para la seguridad nacional. Esa definición permite la deportación forzada, alargar aún más la prohibición de entrada en la UE y ampliar el plazo de detención más allá de los 24 meses si lo decide un juez.

Más periodos de detención

Las detenciones están previstas para personas sin papeles que no supongan ningún tipo de amenaza y podrán ser retenidas hasta 24 meses (frente a los 18 permitidos en la actualidad) cuando haya “riesgo de fuga” o cuando las autoridades se encuentren con retrasos en el proceso de identificación y retorno.

La Comisión Europea considerará “riesgo de fuga” un amplio espectro de posibilidades, desde la falta de una residencia específica, haber utilizado datos identificativos falsos, haber realizado “acciones que demuestren” la intención de no cumplir con las medidas de retorno, la falta de cooperación con las autoridades, etc.

En el caso de que no existiese ese “riesgo de fuga”, el texto sostiene que se deberían buscar alternativas a la detención. “Debería ser posible imponer el internamiento cuando sea proporcionado y necesario, tras una evaluación individual de cada caso, incluida la consideración de cualquier situación de vulnerabilidad, únicamente con el fin de preparar el retorno. Con este fin, podría imponerse el internamiento cuando exista riesgo de fuga de nacionales de terceros países, cuando los nacionales de terceros países obstaculicen o eviten el retorno, o cuando supongan un riesgo para la seguridad, o no cumplan las alternativas al internamiento, o el internamiento sea necesario para determinar o verificar la identidad o la nacionalidad”, señala el texto legal.

En caso de que no se cumplan estos supuestos de “riesgo de fuga”, la Comisión plantea la aplicación de “alternativas a la detención”.

Los niños pueden ser detenidos

La detención se contempla incluso para los niños. La propuesta permite su detención “como medida de último recurso” y “durante el período más breve que proceda”. Los menores y las familias “dispondrán de un alojamiento separado que garantice una intimidad adecuada”, apunta el texto.

La nueva directiva incorpora una orden europea de retornos para facilitar la cooperación de los 27, que podrán compartir bases de datos para que, si hay una orden de expulsión en un estado miembro, le salte automáticamente a otro. Además, se prevén mecanismos para evitar que haya movilidad dentro del territorio comunitario, como el pago de una fianza, la obligación de que tengan que fichar ante las autoridades cada tres días o de residir en un sitio determinado por las mismas.

Más castigos

La futura norma también contempla sanciones más duras para los migrantes que hayan recibido una orden de expulsión y que no cooperen durante el proceso. Así, se enfrentarán a la reducción o el rechazo de prestaciones sociales, a la confiscación de su documentación o a sanciones económicas, así como a la retención.

Igualmente, se amplía la prohibición de entrada en la UE para personas que hayan sido deportadas, que pasará de los cinco años actuales hasta los 10 e incluso se podrá ir ampliando por periodos de cinco años.

¿Y ahora qué?

La propuesta de la Comisión Europea tendrá ahora que negociarse con el Consejo de la UE, donde están representados los gobiernos europeos (entre los que cada vez hay más de derecha e incluso apoyados por fuerzas ultras), y el Parlamento Europeo, que ha sufrido la mayor derechización de su historia. Socialdemócratas y Verdes han mostrado su rechazo a buena parte del planteamiento de Von der Leyen y los liberales tampoco lo avalan 100%, pero el Partido Popular Europeo tiene la baza de la mayoría alternativa que suma con las fuerzas de ultraderecha que, en todo caso, consideran que la normativa podría ir aún más lejos.