El exministro Rafael Catalá gestiona un grupo de sanidad privada que recibe millones en contratos públicos

El exministro del PP Rafael Catalá administra un grupo dedicado al negocio de la sanidad privada que en los últimos años ha recibido millones de euros en contratos públicos de los servicios de salud de distintas Administraciones, fundamentalmente autonómicas. Catalá es uno de los ejemplos más recientes de fichajes de antiguos altos cargos por este sector.

El ex titular de la cartera de Justicia con Mariano Rajoy es consejero de Vivo, empresa de servicios de diagnóstico por imagen. Ya en 2023, Catalá constituyó una fundación de esta firma en la que es presidente. Desde ese año, filiales de Vivo han recibido decenas de contratos de los servicios de salud de la Comunidad de Madrid, Euskadi, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía, según datos recopilados tras una búsqueda no exhaustiva en diversas plataformas de contratación pública.

El grupo cuenta, según su web, con más de 300 especialistas, 50 equipos de alta tecnología diagnóstica y 20 centros especializados en diagnóstico por imagen. El portal especializado en contratación pública Gobierto recoge que desde 2017 la principal empresa del grupo, Vivo Diagnóstico (antes conocida como Alliance Diagnostics SL), ha ganado 74 adjudicaciones por un total de 7,82 millones de euros.

De esa cifra, que no tiene en cuenta los contratos a las diferentes filiales, unos 3,5 millones corresponden a 30 licitaciones obtenidas desde 2023. Gobierto cifra en 5,69 millones los contratos para Alliance Medical La Rioja SLU, también de Vivo; y en otros 4,69 millones el importe de las adjudicaciones obtenidas por Centro Médico de Diagnóstico por la Imagen SL, absorbida por Vivo en 2021.

La principal sociedad del grupo, Vivo Diagnóstico SLU, domiciliada en Alcobendas (Madrid), está especializada en resonancias magnéticas, TACs y mamografías a través de unidades móviles y telerradiología. En 2023, último ejercicio disponible, facturó 12,2 millones a través de su actividad con clínicas propias y subcontratas, alquiler de unidades móviles, telerradiología o ensayos clínicos, según sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

En esas cuentas, disponibles a través de Insight View, Vivo Diagnóstico explica que el 43,2% de los 24,5 millones que facturó en los ejercicios 2022 y 2023 (unos 10,6 millones), procedía de pagos recibidos de los servicios autonómicos de Salud en esos dos años. El resto de su cifra de negocios provino de “servicios a Empresas Privadas y personas físicas”. 

Desde 2023, distintas filiales de Vivo han recibido decenas de adjudicaciones. En el portal de contratos de la Comunidad de Madrid figuran desde esa fecha unos cincuenta contratos por importe de unos 700.000 euros para sus filiales Vivolabs SL, Vivo Pio XII y Clinical Information Systems.

La mayoría, 41 contratos que suman más de 200.000 euros, son menores, los que menos controles de la Administración requieren. Hay algunos que están al límite de los 15.000 euros, como dos que adjudicó el pasado 13 de diciembre (en el mismo día) el Hospital Universitario Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, a su filial Vivo Pío XII por importe de 14.940 euros cada uno.

Ya en 2016 la actual Vivo figuró entre las adjudicatarias de un acuerdo marco de la Consejería de Sanidad valorado en 19,2 millones para la realización de procedimientos diagnósticos en el ámbito de la Comunidad de Madrid junto a otras empresas tan conocidas en este sector como Quirónsalud o HM Hospitales.

Vivo, con la que elDiario.es contactó sin obtener respuesta, tiene una larga trayectoria en este negocio. Hasta 2018 operó bajo la marca Alliance, heredera de la antigua Alliance Medical España, que perteneció al grupo británico Alliance Medical hasta 2014. Ese año pasó a manos de una empresa española, Inversiones en Diagnóstico por la Imagen. 

Alliance Medical fue hasta 2007 socia al 50% en lo que hoy es Vivo junto a un histórico de la sanidad privada en España, el grupo de hospitales privados Viamed, y su accionista, la holding Areyhold, gestionadas por un abogado y empresario ultraderechista, Rafael López-Diéguez Gamoneda, fundador de la formación ultra Alternativa Española y yerno del fascista Blas Piñar. Viamed creció considerablemente en La Rioja en la etapa del popular Pedro Sanz y fue vendida en 2020 al fondo Macquarie.

A finales del año pasado, la mayoría de las acciones de Vivo fueron adquiridas por una firma de capital riesgo de origen mexicano, Nexxus. En noviembre, cuando avanzó esta operación, Expansión cifró la facturación de Vivo en unos 20 millones anuales, con un beneficio bruto operativo (Ebitda) de entre 3 y 4 millones.

El fondo Nexxus, especializado en la toma de participación en empresas medianas, vendió en 2020 a la española Atrys Health (controlada por varios ultrarricos españoles) la compañía Bienzobas. En los últimos días Atrys-Bienzobas ha sido señalada por presionar a los oncólogos que trabajan con las aseguradoras privadas para que no prescriban terapias caras contra el cáncer que son de uso común en la sanidad pública.

Vivo pertenece a un sector, el del radiodiagnóstico, que está entre los que más oportunidades de consolidación ofrece en la actualidad en España en este negocio por su elevada fragmentación, sin grandes operadores a nivel nacional. Esta actividad crece gracias al envejecimiento de la población y la cronificación de enfermedades. En España tiene la ventaja del bajo precio de los seguros médicos en comparación con otros países europeos, en un momento de creciente expansión de la sanidad privada.

“Excelencia médica”

Catalá, que en la web de Vivo aparece como “consejero” del grupo, no figura en el Registro Mercantil con cargos en ninguna sociedad vinculada a esta empresa. El exministro constituyó en 2023 junto a directivos de Vivo la fundación Vivo Diagnóstico, en la que figura como presidente. Esta entidad se dedica a “la promoción y protección de la salud y la excelencia médica en cualquiera de sus vertientes mediante la docencia, investigación, desarrollo e innovación de las ciencias de la salud”.

Su perfil biográfico en la web de Vivo, encabezado por una cita de Winston Churchill (“Vivid arduamente, no temáis nada y os sonreirá el triunfo”), recoge que el exministro es licenciado en Derecho y miembro del cuerpo de Administradores Civiles del Estado. Preside del Centro Español de Mediación (CEM), impulsado por la Cámara de Comercio de España. Es socio en el despacho Carles Cuesta Abogados y consejero en varias empresas.

En su larga trayectoria, Catalá, de 63 años, no ha sido ajeno al mundo sanitario y conoce bien la sanidad pública madrileña, laboratorio de la privatización del sector de las últimas décadas. Tras el abrupto fin del Gobierno de José María Aznar, con el que entre otros cargos fue secretario de Estado de Justicia, Catalá fue recolocado en abril de 2004 por la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Esperanza Aguirre, como gerente del hospital Ramón y Cajal.

Al frente de este centro en la capital de España duró poco: en abril de 2005 Catalá abandonó el sector público para convertirse en secretario general y del consejo de administración de Codere. En el grupo de juego, uno de los mayores de España, permaneció hasta que en 2011 el PP volvió a Moncloa.

El exministro fue noticia en 2017 por asistir cuando era notario mayor del Reino de España al cumpleaños en Baqueira de su amigo el magnate Manuel Torreblanca, condenado en 2015 por siete delitos contra la Hacienda Pública junto a su entonces esposa, la multimillonaria Liliana Godia. Catalá se reincorporó a Codere en 2019, nada más dejar su escaño en el Congreso. También fichó por Belagua 2013, del hotelero Antonio Catalán (AC Hotels). 

En este sector el exministro ha hecho sus pinitos a título personal. El año pasado Catalá abrió un hotel en un edificio rehabilitado en Cuenca junto a su esposa, Lourdes Gómez, que fue jefa de Gabinete de Alcaldía en la capital conquense con los populares Francisco Pulido y Ángel Mariscal.

El exministro formó parte del Consejo Asesor del bufete Herbert Smith Freehills hasta abril de 2021. Cuando aún era diputado, se incorporó a Legalitas, cuya fundación preside. Recientemente, y casi dos décadas después de su experiencia como gestor de uno de los principales hospitales públicos madrileños, ha pasado a engrosar la creciente lista de ex altos cargos (la mayoría, del PP) fichados por el sector de la sanidad privada.

A ella se ha sumado recientemente una ex compañera de gabinete de Catalá en los gobiernos de Rajoy, Ana Pastor, a la que sustituyó en 2016 como ministro de Fomento en funciones cuando fue elegida para presidir el Congreso. Médica y diputada durante nueve legislaturas, la también exministra de Sanidad preside desde 2024 la aseguradora AMA.