La polémica gestión de Ryanair: millones en ayudas públicas, beneficios a la baja e insultos a políticos

Ryanair ha acaparado protagonismo en las últimas semanas. Una visibilidad buscada, a base de declaraciones polémicas, avisos de que puede dejar de operar en algunos puntos de España y ataques frontales y menosprecios a un ministro del Gobierno, el de Consumo, después de que el departamento encabezado por Pablo Bustinduy le impusiese (junto a otras aerolíneas) una multa histórica por prácticas abusivas, como cobrar por la maleta de mano que sus pasajeros embarcan en el avión.

Esta estrategia de Ryanair no es nueva. Siempre ha ido al choque. Y siempre ha basado su negocio en un tira y afloja con las administraciones de los territorios donde opera. Por un lado, la compañía señala la idea de que sus vuelos son más baratos que los de sus competidores porque consigue ser más competitiva que el resto de aerolíneas y es capaz de llenar vuelos a destinos donde sus rivales no van o vuelan menos. Por otro, llega a acuerdos con administraciones para promocionar rutas a esos mismos aeropuertos, muchas veces pequeños y fuera del mapa de grandes aeródromos. Y si las cosas no van como le gustaría, deja de operar o abre la puerta a hacerlo si no se cumplen las condiciones que requiere.

“La competencia no distorsionada elimina la ineficiencia y beneficia a los consumidores a través de tarifas bajas. Los subsidios injustificados, por otro lado, fomentan la ineficacia y perjudicarán a los consumidores en las próximas décadas”. Así se pronunciaba Elena Cabrera, la responsable del negocio de Ryanair en España hace solo un año, después de que en la Unión Europea se abriese el debate de si las ayudas públicas que recibieron las aerolíneas por tener que dejar en tierra todos sus aviones con la pandemia podían considerarse o no ayudas de estado, algo que está prohibido porque distorsiona la competencia. En opinión de Ryanair, en la UE se llegaron a regalar 40.000 millones de euros a aerolíneas de bandera, es decir, a las que un día fueron compañías estatales. 

En esa pelea, Ryanair cargó contra España y perdió. La empresa irlandesa denunció ante las instituciones comunitarias el fondo de solvencia de 10.000 millones de euros aprobado por el Gobierno en 2020, vinculado a la  Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y que aportó 475 millones a Air Europa y 53 millones a Plus Ultra. “El régimen de ayudas en cuestión no violaba el principio de no discriminación por razón de nacionalidad y era proporcionado”, señaló el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). “Ryanair no ha logrado demostrar que el régimen de ayudas español produjera efectos restrictivos que vayan más allá de los efectos inherentes a este tipo de ayuda, ni que el referido régimen constituyera por tanto un obstáculo a la libre prestación de servicios y a la libertad de establecimiento”, argumentó el tribunal comunitario.

Condenada a devolver ayudas de varios países

Ryanair perdió esa batalla por las ayudas durante la pandemia, pero no es la única vez que sale derrotada por haber sido ella la que ha recibido ayudas que no encajan en el marco legislativo. La aerolínea irlandesa ha visto cómo los tribunales le han ordenado devolver los fondos que le han concedido en los últimos años varios países. 

Varios ejemplos al respecto. En 2016, también el TJUE, confirmó la decisión de la Comisión Europea de obligar a Irlanda –el país de origen de Ryanair– a recuperar las ventajas fiscales que concedió durante varios años no solo a la empresa presidida por Michael O'Leary, también a Aer Lingus y Aer Arann, a las que Dublín eximió de pagar parte de las tasas aeroportuarias por los pasajeros que estaban en tránsito, lo que derivó en una diferencia de unos ocho euros por cada viajero, dependiendo de la aerolínea que pagaba las tasas. Estas últimas son las tarifas que pagan las compañías por utilizar las instalaciones y los servicios de los aeropuertos. 

Hace dos años, Bruselas también requirió a Francia a que recuperase los 8,4 millones de euros concedidos a Ryanair –también a Jet2, pero en menor medida, 81.000 euros– en forma de acuerdos para volar al aeródromo de La Rochelle. La CE consideró que “varios contratos de servicios aeroportuarios y contratos de servicios de marketing celebrados por el aeropuerto de La Rochelle entre 2003 y 2010 con Ryanair y Jet2 constituían ayudas estatales incompatibles” con la legislación comunitaria. “Estos contratos conferían una ventaja económica injustificada a Ryanair y Jet2 con respecto a sus competidores, ya que un operador aeroportuario con ánimo de lucro nunca habría aceptado conceder condiciones similares a estas compañías aéreas en las mismas circunstancias”, argumentó.

Y el año pasado, la Comisión también exigió a Alemania que recuperase en torno a 14 millones de euros, de nuevo por ayudas públicas incompatibles con la legislación comunitaria, otorgadas a través del aeropuerto de Fráncfort-Hahn. “Se ha constatado que las medidas investigadas implican ayuda estatal, en particular porque no se ajustan a las condiciones del mercado”, justificó, en ese momento, el departamento de Competencia que encabezaba Margrethe Vestager. 

Los acuerdos con las administraciones españolas

Ryanair también ha firmado acuerdos en España, por ejemplo, de promoción turística de determinados destinos. El año pasado, el Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública Cantur, cerró un contrato para promocionar la comunidad en diferentes países europeos. Un contrato valorado en 17,92 millones de euros. Como contó elDiario.es Cantabria en este tema, los destinos sobre los que gira esa campaña de marketing están ligados a vuelos entre el aeropuerto Seve Ballesteros con Londres, Edimburgo, Mánchester, Birmingham o Roma, entre otros. 

Hay más destinos. Con Vigo, Ryanair selló un contrato similar, de promoción ligada a una serie de frecuencias, pero la aerolínea ha eliminado vuelos y eso ha derivado en una sanción por parte de la ciudad, aunque de solo 17.000 euros. En Castellón, la irlandesa comenzó a operar en 2015. Aerocas, la empresa pública que gestiona ese aeródromo firmó un contrato ligado a vuelos con Budapest y Cracovia, que tiene una duración de cuatro años a partir de este 2025. Ryanair fue la única empresa que optó a un contrato valorado en 2 millones de euros. 

Uno de los aeropuertos donde Ryanair ha anunciado que cesará las operaciones es Valladolid, que ha mantenido rutas a Barcelona, durante todo el año; y a otros destinos, como Palma, durante el verano. Un cese de actividad que ha entrado de lleno en el choque político. En Asturias, donde eliminará la ruta a Londres-Stansted, mantiene otras tres: Dusseldorf, Roma y Bruselas. Y esta última aumentará de dos a tres frecuencias semanales. En este caso, Ryanair mantiene un contrato de promoción y marketing, ligado a la conectividad del destino.

Esos acuerdos no figuran en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, que depende del Ministerio de Hacienda. Según este, en los cuatro ejercicios comprendidos entre 2020 y 2023, Ryanair ha recibido más de 43,5 millones de euros. De esa cifra, las principales sumas corresponden a 2020 y 2021, con 28,4 y 14,4 millones de euros y son contratos ligados a subvenciones al transporte aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, para garantizar la conectividad de estos territorios. 

Vestir de “payaso” a Bustinduy, pero “llevarse bien con el Gobierno”

En las últimas semanas, Ryanair ha abierto dos batallas. La más sonora contra el Ministerio de Consumo, por la citada multa por prácticas abusivas, que en el caso de la compañía irlandesa asciende a más de 107 millones de euros, pero que no es definitiva, porque puede recurrirse ante la Audiencia Nacional. La otra pelea es con Aena, porque considera que las tasas que paga en España son demasiado altas. En concreto, se sitúan en 10,35 euros por pasajero. Unas tasas que no están subiendo, porque son exactamente las mismas que el año pasado y no las fija Aena, sino la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Por lo segundo, por las tasas, es por lo que Ryanair ha amenazado con abandonar este próximo verano sus operaciones en Jerez y Valladolid y reducirlas en otros cinco aeropuertos, como el citado de Valladolid. 

En este caso, Ryanair ha criticado en sucesivos momentos la política de gestión de Aena, pero en cuanto al ministro de Consumo, sus críticas han ido a más. En un primer momento, llamó a Pablo Bustinduy “ministro loco comunista”. Unos días fue más allá y vistió al miembro del Ejecutivo de “payaso”, asegurando que si Ryanair sube los precios será por su multa. 

Pero en estas críticas también entra una doble maniobra. Al mismo tiempo que Michael O'Leary descalifica a Bustinduy y le pide que quite la multa, también asegura que su relación con el Gobierno es buena. Hace poco más de un año, O'Leary se reunió con Pedro Sánchez y le prometió que Ryanair iba a asignar 33 nuevos aviones a bases españolas durante los próximos años e invertir cerca de 5.000 millones de euros. Hace unos días, cuando criticó a Bustinduy aseguró que ese plan no estaba en riesgo, a pesar de rediseñar sus vuelos para el próximo verano. También, instó a las administraciones locales y autonómicas a que respalden a la aerolínea frente a Aena, para conseguir su meta, una bajada de las tasas aeroportuarias. Si lo consigue, afirmó, se replantearía lo de reducir las operaciones.

Unos resultados que no brillan

Ryanair tira de polémica en España y lanza avisos de que puede reducir sus vuelos en algunos aeropuertos, justo en el momento en el que el turismo está en máximos y este año se pueden lograr, por primera vez en la historia, los 100 millones de turistas extranjeros. Lo que no brillan tanto son los resultados de Ryanair. 

Los últimos resultados económicos que ha presentado la compañía irlandesa corresponden a los nueve primeros meses de su ejercicio 2025, hasta el 31 de diciembre de 2024, porque lleva un calendario fiscal diferente al de otras empresas. Cerró esos tres trimestres con una caída de su beneficio del 12%, hasta 1.939 millones de euros. Un año antes fueron casi 2.193 millones, en ese mismo periodo de nueve meses, y atribuyó la caída a una rebaja de sus tarifas.

Unos meses antes, Ryanair también habló de esa caída de precios y argumentó que, durante el pasado verano, los redujo para conseguir que sus aviones se mantuvieran llenos. También cargó contra Boeing, porque los problemas con el 737 y la huelga del gigante aeronáutico estadounidense iban a retrasar la entrega de aviones, dejando a la compañía con un “exceso de programación, de tripulación y de costes”. Sin embargo, para el conjunto del ejercicio 2025 no esperaba una caída en el tráfico aéreo, sino un incremento del 9%. Eso sí, matizó que sus resultados dependerán de factores externos, como las entregas de Boeing, cómo vayan los conflictos en Ucrania y en Oriente Medio e, incluso, cómo evolucionen los problemas de falta de personal que, asegura, tiene en Europa.