Cinco asesinados, cinco, y más de cien heridos, muchos de bala. En la flor de la vida. Acribillados a sangre fría tras disolver la policía por la fuerza una asamblea obrera de miles de personas en la iglesia de San Francisco, en el barrio obrero de Zaramaga. La muerte llegó sin avisar dejando un vacío y un dolor inmensos.
La campaña estatal “España en libertad”, conmemorando el 50 aniversario de la muerte del fascista Franco, intenta blanquear la llamada Transición, perpetuando un relato mistificado y eludiendo cualquier revisión crítica que explique la alargada sombra de la dictadura en la actualidad.
La década de los setenta alumbró el despertar del movimiento obrero en nuestro país, al calor de las movilizaciones masivas contra la crisis económica en Francia, Gran Bretaña o Italia, y de los movimientos revolucionarios en Grecia y Portugal en 1974. Franco no pudo acudir en ayuda de sus amigos dictadores, abandonó el Sahara cuando Marruecos lo invadió en 1975, conoció la descomposición de su ejército cuando militares de alta graduación formaron la Unión Militar Democrática, obtuvo una contestación masiva cuando dictó sus últimas condenas de muerte, y no era ya útil para un poder económico, enriquecido mediante leyes criminales y la represión sistemática del movimiento obrero, que necesitaba frenar los aumentos salariales. El invierno del 76 más de un millón coincidimos en las huelgas, la mitad tan sólo en Madrid, donde Correos, Renfe y el Metro fueron militarizados. Las huelgas culminaron con los asesinatos de Vitoria que fueron contestados con la huelga general en Euskal Herría, más de medio millón de participantes, y múltiples actos de protesta en todo el Estado y en el mundo, reprimidos con dos nuevos asesinatos en Basauri y Tarragona. Aquí aprendió la dictadura que la represión estimulaba la lucha y no era posible una reforma sólo de fachada.
Sin embargo, en contradicción con el protagonismo y fuerza de la clase trabajadora, los dirigentes obreros dejaron a los franquistas la iniciativa política y renunciaron a defender la ruptura democrática. La Transición ni fue pacífica, más de cien opositores asesinados y miles torturados por el Estado y las bandas fascistas hasta 1980, ni fue democrática, especialmente las primeras elecciones en junio del 77, con un sistema electoral apañado y los franquistas manejando el poder estatal y municipal. Cuatro meses después se firmaba la Ley de Amnistía, que amparaba la impunidad y la injusticia, días después los Pactos de la Moncloa, básicamente un tope salarial, a cambio de promesas que nunca se cumplieron, y más tarde una Constitución en la que la monarquía, el ejército, la Iglesia y el capital blindaban sus intereses. Así nació un nuevo régimen cuyas secuelas padecemos aún; déficit de recursos en el sector público, sistema electoral poco representativo, conservadurismo en aparatos del Estado, como el judicial y policial, y en medios de comunicación, enseñanza parcial y sesgada sobre la historia reciente, o privilegios de la Iglesia Católica.
Por eso seguimos diciendo ¡justicia popular para los asesinos!, porque, citando a Neruda: “Mil noches caerán con sus alas oscuras, sin destruir el día que esperan estos muertos. Un día de justicia conquistada en la lucha, y vosotros hermanos caídos en silencio, estaréis con nosotros en ese vasto día de la lucha final, en ese día inmenso”.
La última resolución del renovado Tribunal Constitucional (17/6/24) ratifica la jurisprudencia que impide juzgar los asesinatos y torturas de la dictadura como “crímenes de lesa humanidad” que ni prescriben ni pueden ser amnistiados. La razón principal del alto tribunal se basa en el principio de legalidad (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege) argumentando que dichos delitos no estaban tipificados cuando se cometieron, en plena dictadura. Desprecio absoluto del Derecho Internacional, de los Informes de Naciones Unidas, o de la Ley de Memoria Democrática. Hay que seguir luchando para quebrar este modelo de impunidad mientras seguimos apoyando la Querella Argentina que ha decidido rechazar la solicitud del fascista Martín Villa de que se archive su causa como imputado en veinte asesinatos cuando era ministro de la dictadura. La última querella admitida a trámite en nuestro país, por el asesinato de Teófilo del Valle en la lucha del calzado de Alicante el 24/2/76, y la de Carlos Serrano por torturas, ni son las primeras ni serán las últimas.
Con el tiempo se agranda la épica de aquella huelga en la que aprendimos que sólo la lucha paga. Aquella juventud de entonces somos las personas pensionistas que seguimos peleando hoy, y aquellas mujeres que estuvieron en primera línea de combate, discriminadas, como hoy, en las categorías peor pagadas, o relegadas tras el matrimonio a trabajos a domicilio para las empresas, dedicadas toda su vida a tareas de cuidados de menores y familiares dependientes, son quienes hoy perciben pensiones de miseria que el Parlamento Vasco puede y debe equiparar al SMI porque tiene competencias y recursos.
El futuro es incierto, pero la relación capital-trabajo sigue siendo central y exige organizarse y responder unitariamente por encima de cualquier frontera nacional, forjando un proyecto alternativo que anteponga la satisfacción de las necesidades humanas y de la reproducción de la vida a los intereses del capital. Mientras tanto, trabajemos para que el Memorial 3 de marzo esté operativo cuanto antes y sirva para contribuir a la memoria, la verdad, la justicia, y la reparación.
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