Hondarribia se asoma a perder hasta 850.000 euros en gastos de un proyecto urbanístico que ha quedado en nada

La suspensión del plan general de ordenación urbana (PGOU) de Hondarribia hace justamente un año –que se ha hecho firme al inadmitir el Tribunal Supremo el recurso del Ayuntamiento– no solamente frenó el polémico macroproyecto de un centro comercial en Zaldunborda, sino también otros planes de desarrollo. Entre ellos se halla el convenio urbanístico firmado entre Hondarribia y la sociedad pública autonómica Visesa para la realización de 84 viviendas protegidas (42 en venta y 42 en alquiler) en la zona de Presa-I y 34 de más de alquiler social en Presa-II, muy cerca del aeropuerto, a las que acompañaba un aparcamiento con tres sótanos. La consecuencia es que toca asumir desde las arcas municipales una factura de 248.583,91 euros por los trabajos ya desarrollados por Visesa desde finales de 2018. Y el principal partido de la oposición, Abotsanitz, añade que hay un apunte contable que muestra la salida de 598.500 euros en concepto del IVA del estacionamiento que no existe. La suma equivale al 3,45% del presupuesto municipal.

El plan fue presentado en julio de 2018 por el alcalde del PNV, Txomin Sagarzazu, que gobierna con mayoría absoluta. Unos meses después, en noviembre, el regidor rubricó el convenio con Visesa en presencia del director general de este organismo, Carlos Quindós, y del viceconsejero de Vivienda, Pedro Jáuregui. Esta cartera está dirigida por un consejero socialista, Iñaki Arriola, desde el año 2016 hasta la actualidad.

Según ha podido saber este periódico, ya antes de la anulación del PGOU el proyecto estaba seriamente comprometido tal y como se había concebido. El propio Sagarzazu deslizó en enero que se había “complicado”, pero no entró en detalles. Esos problemas eran de naturaleza geotécnica. El aparcamiento iba a tener tres plantas. El sótano uno iba a ser para los residentes y los otros dos para rotación, a modo de aparcamiento disuasorio para evitar la entrada del tráfico al centro urbano. Pero los primeros análisis posteriores a la firma del convenio descubrieron que construir la planta –3 iba a tener un sobrecoste tan “colosal” que era inviable. También la –2 requería inversiones adicionales y se debatía si era “viable” asumirlos. Según las fuentes consultadas, se trata de un problema de “suelos inestables”. Después llegó el portazo definitivo del Supremo al PGOU y el regreso al planeamiento urbanístico de 1996. En él, Presa–II está catalogado como equipamientos y no se pueden hacer viviendas. El convenio había quedado definitivamente roto.

Visesa ha enviado tres cartas al alcalde Sagarzazu explicándole estos motivos. La última es de este mismo jueves. La segunda, enviada el 21 de abril, enumeraba los gastos incurridos a los que hay que hacer frente a pesar del final del proyecto. Son 3.727,24 euros en notaría, 157.500 euros en redacción de proyectos y dirección de obra, 10.502,80 euros en adaptaciones de accesibilidad, 17.968,50 euros en estudios de cimentaciones, 11.563,09 euros en IBI e impuestos municipales y 48.049,75 euros en gastos internos de la Administración. Son 248.583,91, pero la fuentes consultadas indican que Hondarribia los adeuda en su totalidad a Visesa: “No se ha abonado ni un euro”. “A este cuarto de millón hay que añadir otros casi 598.500 euros que pagó el Ayuntamiento de Hondarribia a Visesa, en concepto del IVA del aparcamiento que no se ha construido”, ha remarcado Abotsanitz. Este aspecto es poco claro, ya que se presupone que son los impuestos por la cesión de parcelas municipales al Gobierno vasco pero que deberían quedar compensados por la cesión posterior del 'parking' en dirección contraria. Sea como fuere, ambos conceptos elevarían a 847.083,91 euros el coste total.

Según esta formación local, Ayuntamiento y Visesa “han suspendido este convenio sin dar ninguna explicación a los partidos de la oposición ni a la ciudadanía”. “Aunque, según lo previsto, las viviendas deberían estar a punto de entregarse, no ha entrado ni una sola máquina a los solares, y aún así ese convenio que no se ha ejecutado ha tenido un coste importante para los hondarribitarras”, han explicado en una rueda de prensa en las mismas parcelas afectadas.

Añade Abotsanitz que “entre 1996 y 2020 sólo se han construido 527 viviendas públicas y, en cambio, privadas, 2.135”. “Según las normas, la vivienda pública debía ser el 59,5%, pero que sólo han sido el 19,8%. Y la privada, que debían ser el 40,5%, y han supuesto el 80,2%, y se han construido 1.214 más de las previstas. [...] En 25 años se han construido el 39% de las viviendas públicas que preveían las normas subsidiarias. De las privadas, el 232%”, han explicado. Las fuentes consultadas indican que el interés de Visesa y Hondarribia es relaborar el convenio buscando una salida factible con las normas urbanísticas en vigor, esto es, manteniendo Presa–I.