La última inspección del Gobierno vasco en la empresa Sader de Bilbao detectó cinco “desviaciones” ambientales

La más reciente inspección ambiental en la empresa Sader, ubicada en el casco urbano de Bilbao y que ha suscitado contestación ciudadana por su actividad, ha encontrado cinco “desviaciones” en su funcionamiento. Son relativas a la calidad del aire, a olores, a las aguas, a gestión de residuos —como ya publicó este periódico, se superó la capacidad autorizada en 2022 y 2023— y a unas grietas, según una carta enviada el 14 de enero por el director de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático del Gobierno, Adolfo Uriarte, al máximo responsable de Sader y del grupo Agaleus, Xabier Caño.

Fuentes de la compañía remarcan que esa misma inspección, que tuvo lugar en noviembre, aunque los informes son algo posteriores, remarcó que el grado de cumplimiento de la autorización ambiental era “medio-alto” por parte de Sader y que esas “desviaciones” tienen la categoría de “poco relevantes”. Es el menor de los cuatro grados posibles en las irregularidades ambientales. De hecho, Sader prefiere hablar de “mejoras” y no de “desviaciones” y garantiza que les está dando respuesta.

La carta de Uriarte a Caño, que forma parte de documentación entregada por el Ejecutivo al Parlamento Vasco a instancias de la oposición, detalla las cinco “desviaciones”. En cuanto a la calidad del aire, se apunta a que se observaron “difusas en la zona del CTR” o centro de transferencia de residuos. En detalle, “cuando se levanta el viento, éste levanta restos de polvo negro que salen por las aperturas de la fachada ubicada detrás de los silos ubicados junto a la CTR, depositándose sobre la solera del muelle”. La empresa lo achaca a las obras de un aparcamiento cercano que también se menciona en la inspección y a que eran jornadas ventosas.

Respecto de los olores, Medio Ambiente ha encontrado que “el foso de descarga de líquidos no peligrosos no dispone de tapa”, si bien Sader niega que esté obligado a tenerla. Y “el caudalómetro se ha calibrado pero no se ha recibido el certificado de calibración”, se indica sobre el tratamiento de aguas. Sader dice que tenía la certificación “a los dos días”. Asimismo, se apunta a “algunas grietas en la solera de la entrada hacia la nave del as líneas L3/L4/L5”. La empresa argumenta con insistencia que no se puede hablar de “desviaciones” cuando se trata de puntos no contemplados en la autorización ambiental, que es la guía a la que se tiene que sujetar cualquier empresa.

Finalmente, se incide también en que en los últimos ejercicios, como ya era conocido, se superó la entrada autorizada de residuos “peligrosos”. Sader siempre ha alegado que no se sobrepasó el total de residuos acumulados —ncluidos los no peligrosos— y que después solicitó una ampliación de ese cupo en un 40%, pero la realidad es que es la segunda vez que se constata oficialmente esta infracción.

La inspección es de finales de noviembre y días antes este periódico ya avanzó esos datos. En detalle, en este planta en la que entran lixiviados, oleosos, emulsiones, lodos y otras sustancias se registraron 86.327,84 toneladas en 2022 y 80.117 en 2023, por encima de los 79.140 previstas en la autorización ambiental. “Nunca ha existido ningún mínimo riesgo para la seguridad, ya que se han gestionado menos residuos de lo que los que la instalación está autorizada a tratar. Adicionalmente, la capacidad nominal de la instalación está muy por encima de la capacidad autorizada. Ésa es una de las razones por las que el Gobierno vasco ha autorizado el incremento de capacidades”, explican desde la firma.

La inspección de noviembre fue “programada”, es decir, la empresa conocía que se iba a producir. Se realizó en dos jornadas diferentes, el 20 y el 25 de ese mes. Se elaboró un acta, luego un informe y finalmente la carta enviada por el Gobierno vasco detallando los requerimientos que ha de acometer Sader. Esta empresa es vecina de Profersa, también del grupo Agaleus. Son las dos últimas empresas potencialmente contaminantes en zona urbana en Bilbao y el Gobierno ha admitido que hay “gestiones” para que salgan y, al menos en parte, se instalen en la zona portuaria. Su actividad está generando una relevante contestación social, más si cabe tras el cierre cautelar de Profersa durante unas semanas en 2024 por incidentes químicos y por la investigación penal en la que está inmersa Sader en torno a los lixiviados salidos del complejo de Zubieta en Gipuzkoa.

Sader insiste en que estos informes no son la “resolución final” ya que están sujetos a las alegaciones que formularán. “Quedará acreditado” que se resolverán los problemas, aseguran portavoces oficiales. Y agregan: “El grado de cumplimiento de Sader respecto al resto de industrias está por encima de la media. De las 427 inspecciones programadas realizadas en los últimos cuatro años, en el 83% de los casos hay desviaciones”.