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El sindicato mayoritario en la Xunta denuncia presiones a funcionarios para aprobar los informes de Altri

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, de la que depende Augas de Galicia.

Beatriz Muñoz

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La CIG, el sindicato mayoritario entre los funcionarios de la Xunta, ha denunciado que el personal público está recibiendo presiones para aprobar los informes sobre el proyecto de macrocelulosa de Altri y que son “bestiales”. En un comunicado, asegura que en varios casos se han negado a sacar adelante las autorizaciones por lo que califican de “información parcial y sesgada” de la empresa y acusa al Gobierno gallego de recurrir a personal con puestos directivos de libre designación para que estampe su firma en los informes.

En un contexto en el que el Gobierno gallego lleva semanas acusando al BNG de atacar a los ténicos de la Xunta y cuestionar su profesionalidad, el sindicato replica que hay varios funcionarios de diferentes departamentos que se han negado a dar el visto bueno a las autorizaciones. La CIG arroja dudas sobre un informe en concreto, el de Augas de Galicia, que, según publicó La Voz de Galicia, concluye que el proyecto es viable.

Señala al respecto que no se tramitó en la sección de Lugo -la planta está proyectada para Palas de Rei, en esa provincia- y que en los servicios centrales no consta que firmaran las autorizcaiones “las personas funcionarias a las que les correspondería”. “Sabemos que ni el Área de Calidade de Augas ni la Sección de Residuos trabajaron en el proceso de autorización”, agrega. El sindicato sugiere que la persona que firmó el informe fue el comisario de Augas, un puesto de libre designación.

La CIG asegura que no va a permitir “el acoso y las amenazas a personal funcionario” y carga contra la Xunta por unas prácticas que equiparan a “un secuestro de sus funciones” para dárselas a “personas designadas políticamente obviando los criterios técnicos”.

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