Varias entidades llevan al Constitucional la ley de simplificación del PP en Balears por ser “la mayor operación especulativa”

La treintena de entidades que forman parte del Fòrum de la Societat Civil han impulsado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de simplificación aprobada por el Govern balear del PP y las legalizaciones en rústico derivadas de la norma, que han calificado como “la mayor operación especulativa de los últimos años en Balears”.

En una rueda de prensa en el Estudi General Lul·lià, las entidades han adelantado que el recurso se presentará este jueves y que es fruto de un trabajo conjunto llevado a cabo por PSIB, MÉS, Podemos y la entidad ecologista GOB, al que se han adherido el resto de colectivos. Serán precisamente los diputados nacionales de PSOE, SUMAR Més y Podemos quienes interpongan el recurso ante el alto tribunal.

El objetivo, han explicado, es dejar patente el frente amplio y común “contra las políticas desrreguladoras del Govern, que representan una regresión en materia de protección territorial y ambiental sin precedentes”.

El recurso parte de dos bloques de inconstitucionalidad y se refiere especialmente al proceso de legalización general de inmuebles y usos irregulares y la figura del silencio positivo que, a su juicio, favorece aún más las legalizaciones. Se pone en cuestión, igualmente, la posibilidad de que las legalizaciones puedan acabar dedicándose al alquiler turístico.

“Nos venden la moto con un gran pacto por la sostenibilidad”

Miquel Camps, del GOB Menorca, ha calificado las legalizaciones previstas en la ley de simplificación como “la operación especulativa más grande que se ha hecho en Balears en los últimos años”. Para Camps, el mensaje que se lanza a la ciudadanía es “terrible”.

Jaume Garau, miembro de la Ejecutiva del Fòrum, se ha referido al “curioso” momento político, que combina una “pasión” por transformar el modelo económico y social desde la sostenibilidad, al tiempo que se pone en marcha el sistema de las legalizaciones.

“Nos venden la moto con un gran pacto por la sostenibilidad y al mismo tiempo impulsan las legalizaciones. Es una situación maquiavélica”, ha señalado, rechazando el “doble mensaje” del Govern que preside Marga Prohens.

La diputada del PSIB Mercedes Garrido ha hecho hincapié en el mensaje que lanzan las entidades al PP. “Nos tienen enfrente por lo que han hecho y por lo que harán”, ha afirmado. La socialista confían en que el recurso sea admitido. “Tenemos la razón moral y jurídica”, ha concluido.

Por parte de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia ha reivindicado la obligación de los partidos de defender el archipiélago “de una de las mayores agresiones desde que se recuperó el autogobierno”. El ecosoberanista ha rechazado igualmente la “perversión de los procesos legislativos” que protagonizó la aprobación de esta ley.

Josep Castells, de Més per Menorca, ha instado a luchar contra lo que ha llamado la “guerra de los nombres” cuando se pensaba que había pasado el tiempo de los “pelotazos”. El menorquinista ha insistido en que no es una ley de simplificación, sino una ley destrucción del territorio. “Es un gran pelotazo formado por minipelotazos”, ha subrayado.

Desde Unidas Podemos (UP), la diputada Cristina Gómez ha hecho un llamamiento “a la gente que cumple y tiene moral” que no han sucumbido “a estas tentaciones y estafa social y medioambiental”. Gómez ha hecho hincapié en que los primeros beneficiados de esta norma están en el entorno de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en relación a unas naves en Campos (Mallorca).