Nuevo golpe al empresario de Ibiza acusado de delito medioambiental: le reclaman 450.000 euros por su vertedero

Evaristo Soler Cardona, empresario de Porroig (Sant Josep, Eivissa) al que la Guardia Civil (Seprona) acusa de un delito contra el medio ambiente por, presuntamente, fondear sobre la posidonia, planta marina protegida por el Decreto posidonia del Govern balear -muy importante en la lucha contra la emergencia climática-, es propietario de una finca en Cala Tarida (Sant Josep), donde el Ajuntament sostiene que tiene un vertedero ilegal.

En dicha finca, dice el Consistorio, hay cientos de vehículos (entre ellos camiones y maquinaria de gran tonelaje) y embarcaciones en estado de abandono, toneladas de residuos peligrosos y contaminantes, materiales químicos, combustibles y restos de materiales de construcción, que suponen, entre otras cosas, un riesgo de incendio, en una zona rústica situada en una área especialmente boscosa.

El Ajuntament, que quiere desmontar el vertedero por la vía judicial si el propietario no lo hace voluntariamente, ha determinado, después de haber pedido presupuesto, que el coste de los trabajos asciende a 450.000 euros, según ha avanzado Diario de Ibiza y ha podido confirmar elDiario.es por fuentes municipales. Así, la entidad municipal ha enviado este viernes al Boletín Oficial del Estado (BOE), el decreto en el que se dan 15 días hábiles (a partir de su publicación en el BOE) para que el individuo realice las tareas de limpieza que le requieren. En caso de que el propietario no lo hiciera, el Consistorio solicitará al juzgado la entrada en la finca para realizar los trabajos de manera subsidiaria, repercutiendo en Soler Cardona el total de la factura.

La concejala de Medio Ambiente denunció amenazas de muerte

Según explicaron las mismas fuentes a este periódico, Soler Cardona estuvo años desoyendo los requerimientos para limpiar el vertedero, motivo por el que el Consistorio le abrió un expediente sancionador en mayo de 2021. Según la versión municipal, el propietario de la finca volvió a desobedecer.

En una reunión acordada por la concejala de Medio Ambiente, Mónica Fernández, un letrado municipal le explicó el procedimiento a seguir en relación al vertedero, pero el empresario de Porroig se negó a recoger la notificación que le abría un expediente sancionador, aseguró Fernández a elDiario.es, para pasar a amenazarla tanto a ella como a los dos funcionarios presentes, según su versión.

“Te espero con la escopeta reforzada que tengo”, “pasaré por tu casa, pero iré de noche”, “tengo muchos amigos mafiosos rusos y a los políticos corruptos se los manda a la mafia”, “Sant Josep tiene muchos bosques y la maleza es un combustible excelente”, fueron algunas de las amenazas que quedaron recogidas en la denuncia que presentó la concejala de Medio Ambiente ante la Guardia Civil y que terminaron en una ridícula condena para Soler Cardona (una multa de 240 euros, 8 euros durante 30 días).

El Ajuntament le multó con 15.000 euros que no fueron abonados por el propietario

La situación no es nueva. El proceso se inició en octubre de 2016, cuando en una operación conjunta de la Policía Local de Sant Josep, Guardia Civil y agentes de Medio Ambiente se localizaron en la finca cuatro obuses de la Guerra Civil que fueron desactivados por los Tedax, según publicó Diario de Ibiza, pero el vertedero continuó intacto, pese a que las presuntas infracciones administrativas eran incluso anteriores a la fecha.

En enero de 2018, después de haber cerrado otro expediente sancionador, el Ajuntament multó con 15.000 euros al propietario por el mismo motivo: acumular materiales contaminantes y residuos peligrosos en un terreno calificado como zona rústica. Sin embargo, el expediente de infracción caducó sin que el dueño de la finca abonara las cantidades económicas que el Consistorio le requería, informaron fuentes municipales.

Así que, después de años de denuncias, expedientes sancionadores abiertos y cerrados, alegaciones por parte de la propiedad y expedientes que terminan caducando, el Ajuntament de Sant Josep parece decidido a proceder a una ofensiva final: manda un órdago en forma de notificación, a través del BOE, para que el propietario se vea obligado a obedecer a las indicaciones municipales. En caso de no hacerlo en el plazo de 15 días hábiles desde su publicación en el BOE, explican fuentes municipales, se pedirá autorización judicial para hacerlo, repercutiendo al propietario la factura de 450.000 euros. Si también se negara a pagar, el Ajuntament se vería obligado a embargar sus bienes, afirman fuentes municipales.