La repentina muerte de un párroco le exime de castigo en dos casos de abusos a menores en Mallorca

“Un capellán bueno”, una “gran pérdida humana, eclesiástica, cultural y social”, “el rector que quería acercar la Iglesia a la sociedad”... Las palabras en memoria del presbítero diocesano Guillem Feliu i Ramis, quien falleció hace unos días en Mallorca a los 64 años, no han dejado de sucederse desde entonces. Sin embargo, las sombras planean sobre este sacerdote natural del municipio de Llubí, donde se quitó la vida, según Diario de Mallorca: sobre él pesan dos recientes denuncias por presuntos abusos a menores cuyo desenlace, en lo que a la responsabilidad del supuesto autor se refiere, quedará en agua de borrajas tras la muerte del eclesiástico.

El pasado viernes, mediante un comunicado, el Obispado de Mallorca salía al paso de la publicación que apuntaba a la interposición de estas denuncias y confirmaba que, tras ello, “inmediatamente se procedió a aplicar los protocolos vigentes” y “se decretó la apertura de una investigación previa”. Tras lamentar “profundamente” el fallecimiento del presbítero, a quien encomendó a la “infinita misericordia de Dios”, la Diócesis señalaba que, puesto que se trataba de un rector actualmente en activo, “se intimaron las medidas cautelares previstas ante este tipo de denuncias, siempre respetando y acompañando a las presuntas víctimas”, sin por ello “dejar de defender la presunción de inocencia a la que tiene derecho el presbítero”.

El Obispado precisaba que la investigación se encontraba en fase inicial, “sin haber podido llegar a ninguna conclusión” al momento de su muerte, motivo por el que pidió que “se respete su memoria y la de los denunciantes”. Consultadas sobre los hechos por los que el párroco fue denunciado, fuentes de la institución religiosa eluden ofrecer más información al respecto y remiten a la nota de prensa enviada el pasado viernes.

Feliu se encontraba ejerciendo de rector en la parroquia palmesana de Génova así como de capellán en la iglesia Mare de Déu de La Bonanova cuando fueron presentadas las denuncias a raíz de unos episodios que habrían sucedido hace varios años en el colegio religioso de Sant Pere, en Es Rafal, tal como publicaba la pasada semana Diario de Mallorca. El fallecido cursó sus estudios en el Centro de Estudios Teológicos de Mallorca (CETEM) y recibió la ordenación sacerdotal el 24 de mayo de 1992.

Tras su fallecimiento, numerosas voces elogiaron su labor y su “compromiso con la lengua” catalana y con la identidad, las fiestas y las tradiciones locales de Sineu, uno de los lugares en los que fue rector, y donde se volcó con distintas obras de restauración de la iglesia local, así como en la recuperación de distintos inmuebles religiosos. También el Ajuntament de Santa Margalida lamentó “profundamente” la muerte del exrector, quien “sirvió con dedicación y amor” a esta localidad entre 2001 y 2013: “Fue un hombre de espíritu abierto, amigable y cercano a toda la ciudadanía, conectando de forma especial con los jóvenes y promoviendo un sentido de unidad a la comunidad”.

Otros casos en la isla

No es la primera vez que un párroco de Mallorca salta a la palestra por presuntos abusos. Uno de los casos más graves fue el protagonizado por José Barceló Rigo, expárroco de la localidad de Can Picafort y primer sacerdote de España al que la Iglesia, en 2013, aplicó la máxima pena contemplada por el Derecho canónico: la expulsión del estado clerical. El motivo: haber violado en más de diez ocasiones a una monaguilla de diez años, unos hechos que causaron gran conmoción en Mallorca y por los que en 2016 acabó condenado a seis años de prisión. Otro proceso judicial le llevó al banquillo por presuntamente abusar de una menor de 13 años que acudía a recibir la catequesis en su parroquia bajo una petición fiscal de diez años de prisión.

Mientras tanto, el pasado mes de junio, un sacerdote mallorquín denunciado por un presunto caso de abusos sexuales reconocía ante una juez que mantuvo relaciones sexuales con su víctima, una mujer con discapacidad, defendiendo que fueron siempre consentidas y siendo ella adulta. La mujer interpuso una denuncia ante la Guardia Civil en 2023 en la que aseguraba que el hombre la violó de forma continuada a lo largo de décadas desde que ella tenía 24 años y el hombre, 50. Junto al sacerdote diocesano denunció a dos jesuitas.

El estremecedor relato de las víctimas a lo largo de los últimos años ha llevado a los tribunales a poner el foco en una grave práctica delictiva envuelta, durante décadas, por el manto de la impunidad, la opacidad y el silencio. Precisamente, el Defensor del Pueblo denuncia cómo la Iglesia ha ocultado miles de casos de abusos y agresiones sexuales a menores en congregaciones, colegios y otras instituciones religiosas. Se trata de la primera vez que un informe oficial e independiente pone sobre la mesa las “dinámicas de ocultación y encubrimiento” de la Iglesia, al tiempo que reclama la creación de un fondo estatal para el pago de indemnizaciones a los perjudicados.

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno central aprobaba el pasado mes de abril un plan para indemnizar a las víctimas de la pederastia clerical en virtud del informe elaborado por el Defensor del Pueblo a instancias del Congreso y que calcula que el 1,13% de la población ha sufrido abusos en ámbitos relacionados con la Iglesia (unas 450.000 potenciales víctimas), y recoge expresamente el caso de 487 personas. En concreto, la iniciativa contempla el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia católica en los casos prescritos o en los que no haya sido posible el ejercicio de la acción penal.