El “derecho a decidir” del PNV se limita a una “consulta habilitante” de una “reforma estatutaria”

El “nuevo estatus” que plantea el PNV para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa huye deliberadamente de formulaciones como las del independentismo catalán y defiende, desde el reconocimiento de Euskadi como “nación”, una “reforma del Estatuto de autonomía de Gernika” que amplíe y blinde las competencias del País Vasco, estreche los lazos con Navarra y la nueva mancomunidad territorial de Iparralde y le dé voz propia en foros internacionales. La formación nacionalista defiende sin concreciones el “derecho democrático de la ciudadanía vasca a decidir su estructura política y su régimen de convivencia” pero fuentes del PNV explican a eldiarionorte.es que su planteamiento no pasa por un referéndum de independencia sino por pactar con el Estado la celebración de una “consulta habilitante” que permita a la sociedad vasca refrendar en urna la reforma estatutaria que pueda alumbrar el Parlamento autonómico antes de elevarla a las Cortes Generales para su aprobación, que sería la única diferencia respecto al procedimiento actualmente previsto para cualquier reforma estatutaria.

El PNV ha entregado este miércoles al Parlamento vasco su “propuesta de bases y principios para la reforma y actualización del autogobierno vasco” en la reunión que celebra la ponencia que analiza en la Cámara desde hace un lustro la posible revisión del Estatuto de 1979, el único que no ha sido modificado en toda España. El documento fue aprobado el pasado lunes por la dirección del partido, el Euzkadi Buru Batzar, que ha coordinado su redacción con el grupo parlamentario, cuyo portavoz, Joseba Egibar, es una de las cabezas más visibles del sector soberanista del partido. Egibar, de hecho, llegó a anunciar que existía en la Cámara un acuerdo en torno al “derecho a decidir” que aglutinaba a 57 de los 75 aforados, los que suman su formación, EH Bildu y Elkarrekin Podemos (Podemos, IU y Equo).

Los nacionalistas, en cambio, defienden que ofrecen una propuesta posibilista y de mano tendida con el Estado. De hecho, el texto presentado repite en más de una docena de ocasiones que la Constitución española de 1978 ya reconoce los “derechos históricos” vascos y que abre la puerta a una relación “singular” entre la comunidad vasca y el resto de España. Este encaje constitucional no está reconocido en el caso catalán. La idea del PNV es que el modelo de Concierto Económico vasco se extienda a otros ámbitos mediante una suerte de “Concierto Político”. Una “bilateralidad efectiva” que tendría su máximo exponente en la creación de un órgano “paritario” llamado “Comisión Mixta del Concierto Económico” que supla al Tribunal Constitucional en la “resolución de conflictos competenciales”. Dice el PNV de la corte de garantías españolas que “habrá que exigirle y lograr que se reconduzca a parámetros admisibles” ya que interpretara que ha ejercido en los últimos años como 'árbitro comprado' que ha reforzado la posición del Estado frente al poder autonómico.

Según el PNV, “el pueblo vasco es nación porque cumple con todos los parámetros establecidos en el derecho comparado y porque, además, así lo reconoce e identifica una mayoría de la ciudadanía”. Es más, incide en que la Constitución y el Estatuto, ya hace cuatro décadas, reconocieron ese carácter “histórico” del pueblo vasco. Lo que no está tan claro es el nombre del “sujeto político-jurídico” que será “ente depositario” del “nuevo estatus político”. “Debe haber un nombre que acompañe y defina a Euskadi”, asegura el PNV, que, sin embargo, no se moja y plantea varias opciones como son “comunidad foral vasca”, “comunidad nacional vasca”, “estado autónomo vasco” o “estado foral”. Las propuestas están “por orden alfabético”, puntualiza el partido 'jeltzale' para que no se interprete que se decanta por alguna de ellas.

Ese “ente depositario” tiene derecho a decidir, sostiene el PNV. Así lo explica el documento: “El texto articulado que se elabore sobre estas bases y principios será la formulación jurídico-positiva de un ejercicio pactado del derecho democrático de la ciudadanía vasca a decidir su estructura política y su régimen de convivencia, esto es, a decidir sobre su futuro, para lo cual habrá de dotársele a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de un valor normativo relevante”.

Mas, ¿qué significa esa reflexión? El documento no lo concreta, pero fuentes del PNV han explicado que se apuesta por negociar con el Estado una “consulta habilitante”. El derecho a decidir del PNV, por lo tanto, sólo difiere en este punto del procedimiento ordinario de reforma del Estatuto, que ya prevé un referéndum como estación final. Esa votación “habilitante”, importada del modelo estatutario de la II República, supone que la sociedad acepta o no en urna la propuesta de reforma que salga de la Cámara.

Se trata de reforzar la posición negociadora vasca ante las Cortes Generales. En el intento anterior de reforma, el conocido como 'plan Ibarretxe', una mayoría del Congreso de los Diputados tumbó el documento aprobado en el Parlamento autonómico y el proceso quedó paralizado. En paralelo a la tramitación de la hipotética actualización del Estatuto, el PNV desea acordar con el Gobierno central esa consulta previa, a la que luego seguiría la negociación del Estatuto como ley orgánica del Estado en las Cortes Generales y, finalmente, el referéndum ya previsto.

No es el único guiño del PNV al Estatuto de la II República, aprobado en plena Guerra Civil y que sólo se aplicó en Bizkaia y Gipuzkoa. Euskadi habría de reclamar un poder judicial propio como se preveía entonces. Sería una de las nuevas competencias que demandan los nacionalistas, como también más voz internacional, selecciones deportivas propias y, especialmente, una garantía de blindaje de las competencias para que no sean recortadas por la legislación básica.

El PNV recuerda también que el Estatuto de 1979 está sin completar. Asume como propio el informe del Gobierno de Iñigo Urkullu que alude a 37 competencias pendientes, entre ellas Prisiones y Seguridad Social. Por ello, reclama que en este debate se cierre también el autogobierno no transferido y que las nuevas atribuciones que se reconozca en la reforma estatutaria entren en vigor en bloque y “en un plazo máximo de 3 meses”.