El Poder Judicial acaba con parte de las limitaciones de sus viajes impuestas tras el ‘caso Dívar’

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado recientemente por unanimidad una actualización de las normas sobre los gastos en viajes oficiales de sus vocales que acaba con parte de las restricciones impuestas hace más de una década, tras el escándalo generado por los excesos de su expresidente Carlos Dívar. La nueva regulación elimina la alusión a que vocales y otros altos cargos del órgano de gobierno de los jueces se acojan a “las tarifas más económicas posibles” en sus desplazamientos y aumenta un 25% las dietas diarias por alojamiento: de 135 a 170 euros. 

Hasta ahora, la normativa interna imponía la tarifa turista para todos los viajes en AVE, salvo cuando no hubiera billetes disponibles en esa categoría. La nueva regulación elimina esa restricción y se limita a exigir que, siempre que sea posible, los viajes se planifiquen con el tiempo suficiente “para poder acceder a tarifas más idóneas”. En el caso de los desplazamientos en avión también se suprime la alusión de que se haga uso de la tarifa “más económica”, aunque sí se mantiene que sólo se pueda utilizar la clase business en los viajes de más de tres horas de duración o cuando no haya billetes disponibles en turista.

Un portavoz del CGPJ subraya que el pleno consideró oportuno actualizar unas normas heredadas del anterior mandato y que regían desde hace más de una década. Defiende, asimismo, que se ha limitado a ajustarse a lo dispuesto en un real decreto de 2002 sobre indemnizaciones por razón del servicio. Este real decreto establece que los altos cargos —entre los que están los vocales del CGPJ y la alta dirección del órgano— tienen derecho a viajar en clase preferente o primera en sus desplazamientos en tren y recoge que para el avión la tarifa “correspondiente” es la de turista. 

Vocales del órgano, sin embargo, reconocen que este cambio vino condicionado por el “malestar” expresado en el pleno por algunos miembros del órgano tras constatar que debían viajar en clase turista en el tren, mientras que otros altos cargos sí podían hacer uso de la clase preferente.

Por otro lado, la nueva normativa incrementa de 135 a 170 euros el importe de la dieta diaria de gastos por alojamiento. Si el montante supera esa cantidad se debe contar con la autorización del secretario general. Además, se mantiene en 53,34 la dieta de manutención para los altos cargos, por lo que el importe total diario en dietas alcanza los 223,34 euros.

En la anterior regulación, las dietas de manutención para los funcionarios del grupo A2 y para los conductores y escoltas que acompañaban a los altos cargos eran más reducidas. La nueva norma iguala las dietas para todas las personas que viajen a cargo del CGPJ y hace que en el caso de escoltas y conductores se eleven un 90%: de 28,21 euros a 53,34. 

Fuentes del órgano explican que esta modificación está “relacionada con el coste de la vida” y responde a una “necesidad”, pues en muchas ocasiones era “imposible” encontrar hoteles por la anterior tarifa y había que recurrir al artículo que prevé que “en casos muy excepcionales y previa autorización de la Comisión Permanente, se podrá viajar a gastos”. En este supuesto se abona la cuantía exacta de los gastos realizados y no se puede percibir ningún otro tipo de indemnización. Además, se debe justificar el 100% de los gastos con facturas o tiques electrónicos. 

La nueva norma también especifica que las salas de autoridades de aeropuertos y estaciones de tren sólo pueden ser utilizadas en viajes oficiales. Fuentes del órgano explican que esta especificación no se debe a que se haya detectado un mal uso de estas instalaciones, que tienen como ventaja principal que permiten evitar los controles rutinarios de seguridad y que utilizan principalmente los miembros del Gobierno por razones de seguridad. El precio de la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas asciende a 159,47 euros por cada vez que se utiliza, según los últimos datos publicados por el CGPJ. 

Control y transparencia

Desde 2012, los vocales están obligados a detallar en qué gastan el dinero que cargan a las arcas del Consejo en concepto de traslados de trabajo y gastos de representación. Además, cuando se trata de viajes al extranjero sufragados con dinero público tienen que contar con la aprobación de la Comisión Permanente. 

Este régimen de control y transparencia, que sí se mantiene, es herencia del escándalo de su expresidente Carlos Dívar, que tuvo que dimitir después de que trascendiera que había cargado a los presupuestos del CGPJ gastos de viajes, en fin de semana, con estancias en hoteles de lujo y comidas en restaurantes caros. Entonces, el pleno se vio obligado a cambiar la norma que, hasta entonces, eximían a los vocales de justificar y detallar sus viajes.

Es un asunto que fue cuestionado por el sucesor de Dívar en la presidencia del CGPJ, Gonzalo Moliner, que calificó de “excesivas” las restricciones del gasto impuestas a raíz del escándalo de los viajes privados del entonces presidente y consideró que viajar en clase turista “no es la mejor imagen” para quien ostenta un cargo que “es muy importante y que necesita cierto reconocimiento”. 

La inversión en viajes y gastos de carácter protocolario es una parte importante del presupuesto del CGPJ, que alcanza los 78 millones de euros. En este capítulo están los viajes de trabajo que realizan los vocales para asistir a reuniones, acudir a actos públicos, congresos o jornadas relacionadas con el ámbito de la Justicia.

Además, el CGPJ sufraga un viaje de ida y vuelta a la semana y los festivos o períodos vacacionales a los vocales que tienen su residencia familiar fuera de Madrid, lo que implica que algunos consejeros tengan gastos más elevados que otros. En los casi diez años que se alargó el anterior mandato —entre 2014 y 2024— el CGPJ gastó más de tres millones de euros solo en los desplazamientos de sus vocales. 

Durante el anterior mandato, hubo algunos desplazamientos polémicos como el que el viaje de seis días que el vocal conservador Gerardo Martínez Tristán hizo a Cartagena de Indias (Colombia) para impartir tres conferencias en un curso realizado en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y que tuvo un coste de 7.398,04 euros. 

El nuevo texto apunta que el CGPJ “tratará de optimizar las condiciones de los viajes con las diferentes operadoras y agencias de viajes que se puedan contratar en el futuro, mediante la compra de bonos u otros medios que hagan más económicos los desplazamientos”. En la actualidad, Nautalia es la agencia de viajes encargada de la gestión de los desplazamientos y las estancias de los vocales y altos cargos del CGPJ tras resultar adjudicataria de un contrato por valor de seis millones de euros en mayo de 2024. El contrato tiene una duración de un año.