Con o sin CGPJ, Feijóo no se baja del caballo de Atila

Una de las cosas más irritantes de los políticos es la rapidez con la que piden que se llegue a pactos de Estado sobre los temas que más les interesan. No es que sean contraproducentes. Lo que ocurre es que es habitual que sepan que esa clase de acuerdos es a veces imposible por las diferencias ideológicas entre los partidos o, aún peor, porque no tienen ninguna intención de ceder ni un centímetro en sus posiciones. Negociar es sinónimo de ceder. No se ha inventado otra manera de llegar a acuerdos.

En el día después del pacto de la renovación del CGPJ con cinco años de retraso, la política decidió que lo importante era pasar el acuerdo por los morros del rival para presentarlo como el perdedor del combate. Esa fue la posición del Partido Popular, menos en el caso del PSOE. La frase que definió a Pedro Sánchez fue la que envió de vuelta al líder del PP: “Para usted la perra gorda. Lo importante es que se cumpla la Constitución y se renueve el CGPJ”. Alberto Núñez Feijóo prefirió darse golpes en el pecho como un gorila para demostrar a su manada quién es el rey de la selva y el más listo de la clase. Un psicoanalista argentino se haría millonario facturándole todas las sesiones que necesita.

Podemos aprovechó el pacto para denunciar en el Congreso que estamos ante “una rendición”. “Significa darle carta de naturaleza a la guerra judicial sucia” contra las fuerzas de izquierda y “subvertir el resultado de las urnas del 23 de julio”, acusó Ione Belarra en la respuesta a una comparecencia de la vicepresidenta Teresa Ribera sobre la política del Ministerio de Medio Ambiente. Belarra reiteró que el acuerdo judicial ha formalizado “un Gobierno de gran coalición”. Un par de horas antes, Feijóo ya había desmentido la premisa, como era de esperar.

Como muestra de ese supuesto buen rollo, Feijóo y sus diputados exigieron a Sánchez la dimisión del fiscal general por ser “el abogado de su familia” y se dedicaron a lanzar unas cuantas paladas de estiércol sobre el Tribunal Constitucional, porque no les gustan sus sentencias. Ya se sabe que el PP defiende a las instituciones y el Estado de derecho hasta la muerte a menos que sus decisiones perjudiquen a sus intereses.

Cuca Gamarra acusó al Gobierno de “comprar la presidencia de la Generalitat” recurriendo a la financiación autonómica. Eso es curioso, ya que el PP había dado por hecho hasta hace nada, también en el Congreso, que el PSC iba a regalar la presidencia a Carles Puigdemont.

No podían faltar las acusaciones a Begoña Gómez, incluida una supuesta intervención en las ayudas a Air Europa que la Audiencia Provincial de Madrid ya ha calificado de “simple ”conjetura“. En ese caso, el PP ya ha decidido que será el fiscal, juez y verdugo de la esposa del presidente. Y que no le vengan con esa tontería de las pruebas.

Aún faltaba que Feijóo pusiera la firma al Gobierno de “gran coalición”. Ahí fue a lo fácil. Efectivamente, Venezuela. En un acto posterior a la sesión de control, concedió a Isabel Díaz Ayuso la perra gorda para que digiera mejor el acuerdo del CGPJ, no sea que se le haga bola. Comparó al Gobierno de Sánchez con los de Venezuela, Nicaragua o Cuba: “Estamos en un contexto muy cercano a ellos”. Lo justificó con el argumento de que en España “se intenta controlar el poder judicial, el Tribunal Constitucional y los medios de comunicación” y que el PSOE pretende conseguir la “ocupación del Estado”.

En la permanente doble vida que caracteriza al PP como partido estadista, muy pocas veces, o camorrista en función del día, el CGPJ no le podía cambiar el rostro. No iba a enfundar las armas durante al menos una sesión parlamentaria. Inseguro por lo que dirá la derecha mediática, que en general se sintió complacida por el acuerdo, no quiso mostrar grandeza el miércoles –escribió José F. Peláez, columnista de ABC– y Feijóo optó por “un recochineo de mal ganador y un extra de agresividad”.

La dosis usual de colmillo no le funcionó muy bien al PP. María Jesús Montero le pintó la cara a Gamarra por el apoyo de Ayuso a Milei. El termostato de la demagogia reventó por las acusaciones de Ana Belén Vázquez al ministro de Interior y la frase “¿por qué hay dinero para contratar a Broncano y no para la Guardia Civil?”, cuando los agentes de la Policía y la Guardia Civil han gozado de una subida salarial infinitamente mayor que los demás funcionarios.

“Hasta Bolaños pudo con Cayetana”, dijo Peláez. Álvarez de Toledo quiso que el ministro de Justicia se rindiera a sus pies y admitiera su derrota. Bolaños sólo tenía que recordarle su célebre frase: “Estoy convencido de que usted se arrepiente de aquel tuit que decía que nunca entregaremos el Consejo General del Poder Judicial”. A tope con la independencia de la justicia. No se entrega lo que es tuyo de toda la vida.

El acuerdo del poder judicial anuló el ultimátum final de Sánchez, que había amenazado con quitar al CGPJ la competencia de ocupar las vacantes judiciales con algún sistema que no molestara a la Comisión Europea. El nuevo Consejo tendrá el mismo número de vocales progresistas y conservadores, diez y diez, y podrá proponer al Parlamento un nuevo sistema de elección de magistrados con una mayoría de doce apoyos. Lo que se teme en la izquierda es que ocurra algo que ya ha pasado antes. Los diez conservadores funcionarán como un bloque pétreo y algún progresista terminará pasándose al otro lado.

Feijóo alegó que hay miembros del Tribunal Constitucional que le tienen “obediencia debida” a Sánchez –uno sería Juan Carlos Campo, exministro de Justicia–, una forma de deslegitimar a la institución. La imputación se puede comparar con la identidad del nuevo integrante del Constitucional, que tendrá que ser elegido por el Senado, donde el PP tiene mayoría. El elegido es José María Macías, hasta ahora vocal conservador del CGPJ.

Macías reúne varias características que lo hacen ideal para el partido. Es más de derechas que Feijóo, odia a Bolaños y la ley de amnistía, intentó bloquear el nombramiento de los dos miembros del Constitucional que le correspondían al Gobierno y no dijo la verdad al decir que el fiscal general difundió información sobre el caso del novio de Ayuso que no habían ofrecido los medios de comunicación. Vamos, que es una joya.

Viniendo del partido que llevó a Enrique López al CGPJ y al TC y años después a Enrique Arnaldo, mentor jurídico de Pablo Casado, y Concepción Espejel, “amiga del alma” de Cospedal, no se podía esperar otro nombramiento.

En resumidas cuentas, el PP tiene motivos para salir contento por la negociación del CGPJ. Podía haber sido mucho peor para sus intereses. Para la sesión de control, no importó en absoluto. Tocaba la tormenta de furia de todos los miércoles, completada luego por el desvarío venezolano de Feijóo. A José F. Peláez no le sorprendió, por la “ciclotimia de un centro derecha que unos días quiere ser Atila y otros Tocqueville”.

En realidad, lo que le pide el cuerpo es ser siempre Atila y dejar a su paso un reguero de sangre. Si puede ser en forma de cadáveres de jueces y fiscales progresistas, mucho mejor.