El fiscal general declara como imputado después de que el juez del Supremo desprecie su estrategia de defensa

Álvaro García Ortiz se transformará este miércoles en el primer fiscal general del Estado en declarar como investigado en una causa penal. Comparecerá ante el juez Ángel Hurtado acusado de poner en marcha una estrategia para filtrar información del fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso para perjudicar a la presidenta madrileña. El máximo responsable de la Fiscalía acude al mismo Tribunal Supremo donde tomó posesión de su cargo después de conocer el último auto en el que el instructor, Ángel Hurtado, deja claro que ve muy lejos el archivo del caso: ni los bulos de Miguel Ángel Rodríguez ni los testimonios que diluyen el origen de la filtración han apartado al magistrado de la tesis que apunta directamente a García Ortiz y algunos de sus colaboradores más cercanos.

El fiscal general comparece en el Supremo con la instrucción del caso muy avanzada. El juez, desde que puso en marcha las diligencias a mediados de octubre, ha registrado su despacho y su teléfono en busca de mensajes, ha tomado declaración a 14 testigos, ha encargado varios informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ha dictado autos en los que deja claro que, según su criterio y el de los agentes, todo apunta a que la filtración que investiga fue perpetrada por orden de García Ortiz, aunque por el momento ninguna prueba ha revelado su procedencia y la acusación se basa en esas deducciones de los agentes.

La causa, desde que saltó al Tribunal Supremo, gira en torno a la publicación en prensa de un email con el que el abogado de Alberto González Amador reconocía ante el fiscal Julián Salto que “ciertamente” había defraudado 350.000 euros y que su intención era buscar un pacto. El correo fue publicado, primero su contenido y después de forma íntegra, entre la noche del 13 de marzo y la mañana del día siguiente. El archivo adjunto no se conoció hasta semanas después: la propuesta de la pareja de Ayuso de aceptar ocho meses de cárcel y pagar medio millón de euros a cambio de no pisar la cárcel y reconocer “íntegramente” que había defraudado a Hacienda. El fiscal Salto ha dicho al Supremo que no se ha revelado ningún secreto porque ese correo es una comunicación informal que no forma parte del procedimiento.

Los testigos que han comparecido hasta ahora han aportado detalles al relato ya conocido. Las alarmas saltaron en la Fiscalía poco después de las ocho de la tarde del 13 de marzo cuando varios periodistas llamaron para intentar contrastar una información falsa que estaba difundiendo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso: que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador pero que esa posible salida amistosa había sido frenada por órdenes “de arriba”. La tesis que intentaba imponer a esa hora el entorno de la presidenta madrileña es que eran instrucciones políticas las que habían impedido una conformidad que evitase a su pareja el trámite de pasar por un juicio junto a presuntos empresarios que realizaron facturas falsas.

A las 21.29 de ese día, el diario El Mundo publicaba esa versión aunque sin mencionar esas supuestas órdenes jerárquicas. Minutos más tarde varios medios afirmaban falsamente que el posible pacto había sido retirado por órdenes de la cúpula de la Fiscalía.

La Sexta fue la primera en publicar la realidad poco después de las diez de la noche: el pacto, en realidad, había sido ofrecido un mes antes por el abogado de González Amador. Según Rodríguez fue a partir de ese momento y no antes cuando mandó el mensaje (con el bulo) a decenas de redacciones dirigiéndose a más de 100 periodistas en el que trasladaba no solo la falsedad sobre el origen de la propuesta, sino una mentira a sabiendas porque él mismo había comprobado casi dos días antes que el abogado de la pareja de Ayuso afirmaba que las conversaciones para el pacto seguían “en pie”. No se habían interrumpido y, por tanto, no pudo haber órdenes de arriba.

Esa información fue identificada ya esa misma tarde como una falsedad. No solo por la Fiscalía General, sino también por la fiscal jefe de Madrid, la fiscal provincial y el fiscal Julián Salto. Empezó entonces un cruce frenético de comunicaciones para obtener toda la información del caso y emitir un comunicado al día siguiente. Para cuando se emitió ese comunicado a las diez de la mañana del día 14 de marzo, varios medios de comunicación, entre ellos elDiario.es, ya habían publicado el contenido del correo con la confesión de la pareja de Ayuso. Varios periodistas han testificado en la causa que la información sobre un posible pacto ya circulaba por las redacciones desde días atrás.

De la filtración a la Moncloa

Álvaro García Ortiz tendrá que contestar una pregunta principal: si él filtró ese correo o si dio orden para que alguien bajo su mando lo hiciera. Algo que ha negado en público en varias ocasiones. El fiscal general ha defendido, desde el inicio de la causa en el Tribunal Superior de Madrid, que reclamó esa información de forma apresurada pero oficial al fiscal Salto para emitir un comunicado sin revelar datos confidenciales, pero con información suficiente para desmentir las informaciones falsas sobre el caso que circulaban, muchas de ellas difundidas por Miguel Ángel Rodríguez. Esa nota de prensa, cuya autoría sí asumió el fiscal general, fue el origen del caso y el motivo por el que el Tribunal Superior de Madrid pidió investigar a García Ortiz.

Cuando el asunto llegó al Supremo, el único competente para investigar al fiscal general, sus magistrados concluyeron que el comunicado de prensa no suponía ningún delito porque no revelaba ningún secreto, pero extendió su investigación al correo de la confesión, que estaba en un buzón genérico de la Fiscalía desde cinco semanas antes de que salieran las primeras informaciones y cuya filtración siempre ha negado García Ortiz.

La unidad de élite de la Guardia Civil afirma que tuvo un “papel preeminente” en la filtración aunque ninguno de los datos recabados en la causa revelan nada en ese sentido. Se trata de una deducción de la UCO: sus agentes infieren que el fiscal general recabó los datos del caso para posteriormente filtrarlos aunque los mensajes que han podido analizar, sacados del teléfono de la fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez, no aportan nada en ese sentido. Del teléfono de García Ortiz tampoco obtuvieron datos reseñables porque el fiscal general cambió de teléfono después de abrirse la investigación. Según la Fiscalía por un protocolo de protección de datos, según las acusaciones para borrar pruebas.

García Ortiz tendrá que explicar por qué cambio de teléfono y eliminó sus mensajes cuando ya sabía que estaba siendo investigado por el Supremo. Y comparecerá después de que el juez Hurtado haya despreciado por completo su estrategia de defensa: que Miguel Ángel Rodríguez fue el primero en poner en circulación información confidencial del caso y que, además, los datos del posible pacto ya eran conocidos por periodistas desde días antes. Es decir, que la publicación del correo que niega haber filtrado no constituyó ninguna revelación de secretos.

En el origen del caso, el jefe de gabinete de Ayuso difundió un correo diferente al de la confesión y lo hizo, además, “a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto”, es decir, Alberto González Amador, que le dio permiso para mover ese email entre la prensa de forma masiva para reforzar su bulo. Ni eso ni el hecho de que otros periodistas conocieran esas negociaciones de antes, dice el juez Hurtado, “minimiza” la trascendencia penal de la filtración del email desde la Fiscalía.

También tendrá que contestar preguntas sobre si la filtración, además de llegar a la prensa, acabó también en La Moncloa. El juez mantiene paralizada la parte de la investigación surgida de las revelaciones de Juan Lobato, ex secretario general del PSOE en Madrid, que consignó en un notario los mensajes en los que la asesora Pilar Sánchez Acera –compañera de ejecutiva en el PSM y mano derecha entonces de quien era jefe de gabinete de Sánchez, el actual ministro Óscar López– le hacía llegar el correo antes de que su contenido íntegro fuera publicado en la prensa. El juez cree que Moncloa formó parte de la “estrategia” pero, por el momento, no ha llamado a declarar a nadie más, aunque ha dejado escrito que el mail tuvo salida en la Fiscalía y destino en Moncloa. Algo de lo que tampoco hay pruebas.

La declaración de García Ortiz también llega un par de días después de que el juez Hurtado haya defendido en un auto que Alberto González Amador no puede ser definido como “defraudador confeso” aunque su abogado, en su nombre, haya reconocido sus delitos en busca de un pacto: “Aparece en determinados medios y ámbitos que a Alberto González Amador se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva”, lamentó el juez este lunes en una resolución que apunta a la decena de pleitos civiles en los que González Amador reclama en otros juzgados casi medio millón de euros en indemnizaciones a políticos, partidos y periodistas que se han referido a él con ese término.

Aval judicial a su nombramiento

El fiscal general acude a la Sala de lo Penal del Supremo después de conseguir una rotunda victoria en otro de sus departamentos, en la vía del Contencioso-Administrativo. La misma sala que hace año y medio le asestó un duro varapalo al acusarlo de “desviación de poder” en los ascensos de Dolores Delgado rechazó este martes el recurso con el que una asociación de fiscales, la APIF, pedía anular el nombramiento de García Ortiz. La sentencia lanza varios dardos al fiscal general, sobre todo por el ascenso fallido de su antecesora y por la gestión de los ataques denunciados por los fiscales del procés, pero tira por tierra el recurso de esta asociación, que reproducía buena parte de las críticas que tanto desde las asociaciones conservadoras como desde la derecha se han hecho a sus dos años de mandato.

El recurso fue presentado por la asociación, pero firmado por Elisa de la Nuez, abogada del Estado en excedencia que dirige la fundación Hay Derecho y tertuliana en varios medios de comunicación. En él, la APIF solicitaba la destitución del fiscal general por asuntos como el caso del fiscal Ignacio Stampa, la negativa de García Ortiz a que el Consejo Fiscal hiciera un informe sobre la amnistía a petición del Senado, la posición de la Fiscalía ante la aplicación de la ley del 'solo sí es sí' o, incluso, dar preferencia a miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de la que siempre formó parte en los nombramientos discrecionales de la institución.

Este último punto ha sido uno de los principales conflictos durante los dos mandatos de Álvaro García Ortiz y, previamente, de Dolores Delgado, ambos fiscales asociados a la UPF acusados continuamente por la Asociación de Fiscales (la mayoritaria que ha copado tradicionalmente los puestos más codiciados de la carrera) y otras asociaciones de corte conservador de favorecer a los fiscales progresistas en los nombramientos. El Supremo acusa en este punto al Consejo General del Poder Judicial de haber aportado datos erróneos que posteriormente ha usado la APIF en su recurso.

Según las cuentas de la Abogacía del Estado que asume el Supremo, bajo su mandato se adjudicó menos de un 20% de estos nombramientos discrecionales a miembros de la UPF. Según intentó hacer creer la APIF al Supremo usando datos erróneos del CGPJ, ese porcentaje superaba el 66%. Además de intentar anular el nombramiento de Ortiz, la APIF ejerce también la acusación contra el fiscal general en el caso de la filtración del correo de la pareja de Ayuso.

“Tenemos unos datos que desautorizan la tesis del favorecimiento a los afiliados de la UPF en los nombramientos discrecionales, como también desautoriza lo sostenido en este punto por el CGPJ”, dice el Supremo sobre una de las acusaciones más recurrentes contra Álvaro García Ortiz desde que es fiscal general.