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La Justicia condena a la agitadora ultra Cristina Seguí por difamar a la aerolínea Plus Ultra

La agitadora ultra Cristina Seguí en una imagen de archivo

Alberto Pozas

12 de marzo de 2025 18:41 h

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La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que la agitadora ultra Cristina Seguí cometió un delito de injurias graves al acusar a la aerolínea Plus Ultra, entre otras falsedades, de blanquear dinero del narcotráfico. “Es un hecho inveraz, injurioso, infame y vejatorio”, dicen los jueces por las afirmaciones que hizo tanto en su cuenta de Twitter como en el programa Estado de Alarma. Seguí tiene otra condena penal por humillar a una menor víctima de una violación y por lo civil por difamar al exministro José Luis Ábalos.

Seguí, una de las fundadoras de Vox en València y colaboradora de medios de comunicación de extrema derecha, escribió estos mensajes en un hilo de Twitter en octubre de 2021. Ese año el Gobierno había rescatado la aerolínea Plus Ultra con más de 50 millones de euros y Seguí escribió diversos mensajes vinculando la compañía y su rescate con las rutas de tráfico de drogas. Un día después desarrolló sus teorías en el canal Estado de Alarma de Javier Negre: “Sería utilizada para hacer de transporte ilícito y blanquear las operaciones de narcotráfico de un general de Guinea-Bissau buscado por la DEA”.

La aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia llevó a Seguí a los tribunales por la vía penal y fue juzgada en la calle Julián Camarillo de Madrid. A lo largo del proceso alegó que había expresado datos que previamente habían publicado periodistas y medios de comunicación pero los jueces concluyen que no hizo ni la más mínima comprobación y que incurrió en un delito de injurias graves con publicidad.

La Audiencia Provincial de Madrid, según ha podido comprobar elDiario.es, ha rechazado el recurso de la agitadora ultra y autora de varios libros contra el feminismo, confirmando su condena: una multa de 1.800 euros y la obligación de publicar y divulgar su sentencia condenatoria. Debe hacerlo en términos asimilables a los que usó para difundir “la información injuriosa”: su canal de Twitter, hoy X, y el canal de Javier Negre en YouTube.

“La información no ha sido contrastada”

A lo largo del proceso, la comunicadora intentó demostrar que se había basado en publicaciones periodísticas e, incluso, llamó a testificar a varios periodistas a los que aseguraba haber cogido información para escribir esos tuits y hacer esas afirmaciones en el canal de Negre. “Se trata de informaciones difundidas sin las mínimas diligencias de contraste de acuerdo con las pautas profesionales y sin prueba alguna de su veracidad, es decir, con conocimiento de su falsedad, y por tanto con dolo directo”, dice la sentencia.

Las declaraciones de los periodistas que pasaron por el juzgado, añade la Audiencia, “en modo alguno corroboran la versión de la acusada, antes al contrario”. La prueba con la que pretendía exculparse acredita que sus afirmaciones “no fueron contrastadas siquiera por instrumentos privados”. Ni siquiera consultó “rastreadores de vuelos” para comprobar que lo que decía era falso. Las publicaciones en medios en las que aseguraba haberse basado, añaden los jueces, “distan considerablemente del publicado por la acusada”.

La sentencia concluye que estos mensajes en los que vinculaba a Plus Ultra con el blanqueo de capitales de dinero del tráfico de drogas situando a la aerolínea como parte de una red criminal “es un hecho inveraz, inequívocamente injurioso, infame y vejatorio que provoca un evidente descrédito a la entidad querellante”.

El rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno fue investigado durante meses por un juzgado de Madrid después de varias denuncias de PP, Vox y Manos Limpias, causa archivada al no encontrar indicios de delito ni en el rescate ni en la actuación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En la actualidad un juzgado de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción investigan si parte de ese dinero había acabado en manos de empresarios acusados de usarlo para fines ajenos a la aerolínea.

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