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Un juzgado propone sentar en el banquillo por apropiación indebida a la filial española de Binance, el gigante de las criptomonedas

Changpeng Zhao, fundador de Binance y exCEO de la compañía.

Elena Herrera

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Un juzgado de Madrid propone sentar en el banquillo por apropiación indebida a Binance Spain SLU, la filial española de Binance, la plataforma más utilizada del mundo para comprar y vender criptomonedas tras la querella presentada por un empresario español en 2023. En el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la titular del Juzgado de Instrucción 27 de Madrid, María Ángeles Velázquez, explica que hay “suficientes motivos de criminalidad” y acuerda poner fin a la instrucción después de haber realizado las diligencias “pertinentes”. Ahora, las partes tienen diez días para presentar su escrito de acusación o pedir el sobreseimiento de la causa. Consultado por este periódico, un portavoz de la compañía ha declinado hacer comentarios por tratarse de un procedimiento legal en curso.

El querellante acusa a Binance de apropiarse de forma “indebida” y “sin justificación alguna” de 67.550 euros que invirtió en la plataforma y con los que nunca llegó a operar porque la compañía no le facilitó la clave de acceso necesaria a pesar de haberla reclamado en “innumerables ocasiones”. El empresario presentó la querella en 2023 asesorado por la abogada María Victoria Vega, socia del bufete Auren. Antes había tratado de recuperar ese dinero con el envío de hasta dos burofax a los que la mercantil no respondió, según la querella. Durante la instrucción, la jueza llamó a declarar al fundador y ahora ex consejero delegado de la compañía, Changpeng Zhao, que no se presentó. 

Binance sigue siendo la mayor plataforma del sector a pesar de sus problemas con la Justicia y de la gran crisis del sector que comenzó en 2022. Su fundador, Changpeng Zhao, aceptó en noviembre de 2023 declararse culpable de los cargos de blanqueo de dinero de los que le acusaba el Departamento de Justicia de EEUU y dimitir de su puesto. Su filial española es un operador reconocido por el Banco de España desde julio de 2022. 

“Dejación de funciones” 

Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2021, cuando el empresario J. L. invirtió 67.550 euros en Binance. Desde entonces, y hasta la fecha de presentación de la querella, el empresario asegura haber reclamado a la compañía que le facilitara una clave de acceso con la que poder operar en la plataforma. Para ello, afirma haber seguido “todos los pasos requeridos”, entre los que cita “subir los correos de Binance a la lista blanca, enviar un video para reestablecer el código de 'Google Authenticator', enviar su IP, la fecha de la creación de la cuenta y un selfie identificándose con su DNI”. 

En la querella, insiste en que pese a haber cumplido todos los requisitos que le pedían, haber aportado la documentación y realizado las operativas requeridas “no ha obtenido ninguna solución y no ha podido recuperar su dinero”, lo que ha afectado a su vida y su negocio de manera “grave”.

El empresario considera acreditada la “dejación de funciones” de Binance respecto a la solución ofrecida, pues la única acción realizada es requerir una documentación que “una vez aportada no sirve para desbloquear el dinero y poder recuperarlo”. Y pone de manifiesto, además, que los datos y documentos solicitados son “de máximo riesgo en cuanto a la ciberseguridad”. Según la querella, se ha producido una “falta de responsabilidad” de la compañía, puesto que debería “extremar las medidas de seguridad necesarias para que esto no ocurra”. 

En octubre de 2022 otro juzgado de Madrid abrió otra causa contra Binance y su ex consejero delegado, Changpeng Zhao, por supuestos delitos de apropiación indebida y estafa informática. En este caso, otro empresario español acusaba a la plataforma de “bloquear” sin previo aviso y sin justificar la “causa concreta” dos billeteras electrónicas que tenía abiertas en la plataforma con una cantidad equivalente a 85.000 euros. Ese procedimiento fue archivado. La acusación particular recurrió ese archivo ante la Audiencia Provincial de Madrid, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas. 

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