El Supremo entierra las acusaciones de Vox contra Illa por la compra de material sanitario durante la pandemia

El Tribunal Supremo ha rechazado la querella con la que Vox pedía imputar a Salvador Illa por los contratos de emergencia y compras de material sanitario durante la pandemia de coronavirus. Los jueces reprochan al partido de extrema derecha que haya intentado esquivar la decisión de un juzgado de Madrid de archivar el caso hace unos meses y descarta que el entonces ministro de Sanidad y hoy president de la Generalitat de Catalunya incurriera en delitos de prevaricación, malversación y fraude en contratos de emergencia que superaron los 623 millones de euros.

El partido de Santiago Abascal lleva varios años intentando llevar a juicio a altos cargos del Gobierno y de distintas administraciones públicas por los contratos de emergencia y las compras masivas de mascarillas y otro material sanitario durante los primeros meses de pandemia. Una de sus múltiples iniciativas judiciales consistió en denunciar a los responsables del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y del Servicio Nacional de Salud por una quincena de contratos para adquirir, de forma urgente y tras la declaración del Estado de Alarma, material de protección como mascarillas, gel hidroalcohólico o EPIs.

El juzgado archivó el caso en febrero del año pasado tras más de tres años de investigación y Vox decidió entonces llevar sus acusaciones al Tribunal Supremo. Un mes más tarde, el partido de extrema derecha interpuso una querella contra Salvador Illa ante la Sala de lo Penal, acusándole de exactamente los mismos delitos y los mismos hechos: la “contratación irregular” por valor de más de 623 millones de euros. Añadiendo también que la Audiencia Nacional, en el marco del 'caso Koldo', también investigaba posibles ilegalidades en contratos de pandemia de otros departamentos como el Ministerio de Transportes.

Fue la Fiscalía la que alertó al Supremo de lo que Vox no decía en su recurso: que un juzgado de Madrid ya había avalado esas compras y había rechazado mantener la acusación contra los altos cargos del INGESA y el SNS que habían estado varios años imputados. La querella de Vox contra Illa, reprocha el Supremo, en realidad buscaba combatir el cierre del caso en el juzgado de Madrid, que archivó la causa tras “una investigación dilatada y exhaustiva”. Si discrepan de esa decisión del juzgado, recuerda la Sala de lo Penal, es algo que deben ejercer con recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid “y no mediante la presentación de una querella”.

El juzgado de Madrid que analizó y archivó el caso avaló que, en esos primeros meses de pandemia, las administraciones públicas acudieran a los procedimientos de emergencia amparados por la emergencia sanitaria. El objeto de los contratos que también pasaron el filtro del Tribunal de Cuentas, dijo ese auto, “estuvo directamente vinculado a la adopción de medidas para hacer frente a la situación sanitaria causada por el COVID-19 y las prestaciones adquiridas persiguieron la consecución de dicha finalidad”. Todo ajustado, según el juzgado, a los decretos que regulaban la emergencia sanitaria. “La tramitación de emergencia resultó ajustada a Derecho”, concluyó.

El objetivo de Vox, según explicó el partido cuando anunció la querella, no era solamente que Salvador Illa fuera imputado allí donde un juzgado no había visto delito: también era que esa causa se mezclara con el 'caso Koldo', que entonces investigaba en exclusiva la Audiencia Nacional y que ahora también analiza el Tribunal Supremo por la posible implicación del exministro José Luis Ábalos. Pedían que se sumaran a la causa los informes de la Unidad Central Operativa incorporados a esa causa.

Los hechos que ya denunicaba Vox ante el juzgado son “esencialmente” los mismos que llevó después ante el Tribunal Supremo. Ese juzgado, añade ahora el alto tribunal, tampoco encontró “indicios de responsabilidad” en la actuación del entonces ministro. Si lo hubiera hecho, añaden, “se habría decretado una exposición razonada” y no se hizo. La Fiscalía en todo momento denunció que las acusaciones de Vox en este asunto se basaban en “meras conjeturas”.