La Guardia Civil alerta de un noveno pozo ilegal de la Casa de Alba junto a Doñana y el juez ordena su cierre

Nueve, y no ocho, son los pozos sin licencia que al final la Casa de Alba tiene en su finca sevillana de Aljóbar, en el término de Aznalcázar y a las mismas puertas de Doñana. Así lo ha confirmado la Guardia Civil, que ha dado el oportuno aviso al juez que investiga un posible delito contra el medio ambiente, que a su vez ha dado ya orden de que se selle. Los otros ocho, mientras tanto, han tardado más en quedar inutilizados porque la empresa de la casa ducal que gestiona la hacienda (Eurotécnica Agraria) alegó que carecía de maquinaria para clausurarlos.

En realidad, la detección del noveno pozo se produjo hace tiempo, pero luego en la instrucción siempre se han tomado medidas contra ocho pese a que se apuntaba la posibilidad de que hubiese uno más. En su última visita a Aljóbar, la Guardia Civil confirmó al magistrado que había procedido a sellarlos, a la vez que le advertía de la existencia de una novena instalación cuando el auto judicial para su cierre hacía referencia a ocho.

Sobre el terreno junto a agentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los permisos de riego), se constató que el noveno pozo no estaba en funcionamiento porque carecía de bomba de extracción. No obstante, la Benemérita trasmitió que “si se volvieran a implementar estos elementos básicos de extracción, podría estar en funcionamiento en cualquier momento”. Recibido el informe, el juez asume ahora la recomendación y ha decidido que también sea clausurado, después de que en su último auto apuntase por primera vez que estas instalaciones pueden tener un “impacto colateral en Doñana”.

Sin maquinaria pese a ser avisados con tiempo

La Casa de Alba tiene licencia para un pozo y, aunque admite la existencia de los otros nueve –que están en proceso de regularización–, defiende que nunca ha extraído más agua de la autorizada. Estos bombeos ilegales fueron la base para una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente y, tras la reciente evaluación de daños hecha por la Guardia Civil, el magistrado ha decidido no archivar el caso y continuar con la instrucción. El Servicio de Protección de la Naturaleza calcula que han provocado un daño ambiental que cifra en seis millones de euros y que puede ser irreversible.

Por cierto, que el cierre de los ocho pozos iniciales se retrasó una semana porque Eurotécnica Agraria (en cuya presidencia rotan los Martínez de Irujo) alegó que carecía de la maquinaria necesaria para ello. Así lo transmiten los agentes en su informe al juez, en el que explican que el pasado 4 de febrero contactaron con el encargado de la finca para comunicarle que dos días después iban a proceder a la clausura, pero ya en Aljóbar “nos comunican que no poseen medios mecánicos para acometer la retirada de los elementos de extracción de agua”.

La Guardia Civil concretó entonces que la operación se acometería entre los días 11 y 12, “ante la imposibilidad de la realización de los trabajos encomendados” por la autoridad judicial. Eso sí, reprocha a la empresa que los avisos fueron “comunicados con el tiempo suficiente para su preparación previa” y que, “para mayor abundamiento”, ya habían sido anunciados también “directamente a la propiedad” por el juzgado que lleva la causa, el número 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Declaración como investigado

Todo esto ha ocurrido en las fechas previas a la declaración, este jueves, como investigado de Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga y sobrino de Eugenia Martínez de Irujo, que fue contra la que inicialmente presentó la denuncia la Fiscalía de Medio Ambiente. El juez atendió la petición hecha en este sentido por la defensa, que alegaba que, aunque figura como presidenta del consejo de administración de Eurotécnica Agraria, no está en el día a día de la gestión. Además de consejero, Luis Martínez de Irujo es el administrador de la compañía y ha sido citado en su calidad de “representante legal de la sociedad”.

El caso se puso en marcha tras la denuncia de extrabajadores de la finca, que alertaron de la existencia de estos pozos sin licencia, lo cual certificó la Guardia Civil en una inspección en mayo de 2023. El juez ordenó que fueran precintados, aunque un año después autorizó el levantamiento de esta medida cautelar pese a la oposición del fiscal. Meses después, el pasado noviembre, en una nueva inspección se comprobó que otra vez estaban en pleno funcionamiento y en “situación de despilfarro con fugas importantes de agua en las conducciones”, según la Confederación del Guadalquivir.

Este organismo estatal los volvió a cerrar por vía administrativa en diciembre, una decisión que avaló semanas después una orden judicial decretando también su clausura. Cuando los agentes han procedido a este mandato, han constatado también “la no manipulación de los precintos” puestos entonces por la Confederación, lo que confirma que las instalaciones llevan un par de meses sin bombear.