El líder del PP de Sevilla se declara “tranquilo y confiado” tras comparecer ante el juez por el caso del tanatorio

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha acudido esta mañana a los juzgados de Carmona para declarar como investigado en el caso del tanatorio de Mairena del Alcor, que salpica a varios dirigentes del partido por posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y administración desleal. El también delegado de la Junta en la provincia ha sido el primero de los investigados en responder a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su abogado, aunque se ha negado a contestar las de la acusación. También ha evitado dar explicaciones a los periodistas que lo esperaban a la salida y a quienes solo ha dirigido tres palabras: “Tranquilo y confiado”.

Esos dos adjetivos definen la estrategia de defensa que ha seguido desde que estalló el caso, afirmando que actuó “conforme a la ley” durante su etapa como alcalde del citado municipio sevillano. Ricardo Sánchez está imputado en la trama urbanística del tanatorio de Mairena del Alcor por un presunto delito de administración desleal, relacionado con el “abandono” de un proyecto de tanatorio municipal que se inició durante su mandato –en 2015– y desde entonces permaneció estancado. Entretanto, el propio ayuntamiento del PP impulsó en apenas seis meses otro privado, en beneficio de la empresa familiar de un alto cargo del partido a nivel andaluz (Francisco Rodríguez Roa, también encausado).

El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Carmona atribuye a Ricardo Sánchez –como exalcalde del municipio– una supuesta “gestión desleal del patrimonio público”, al considerar que tomó decisiones “por mero interés político” que causaron “un evidente perjuicio para los intereses públicos”. El juez se refiere así a los 21.118 euros de dinero público que Sánchez invirtió en encargar la redacción del proyecto del tanatorio municipal, que nunca echó a andar y acabó paralizado durante ocho años.

Fuentes cercanas al caso indican a este periódico que las “cuatro o cinco” preguntas del magistrado han ido en ese sentido, centrándose en el gasto que se produjo en la contratación de un arquitecto para redactar un proyecto de tanatorio público en unos terrenos próximos al cementerio donde no se podía edificar, según el planeamiento urbanístico. El líder del PP de Sevilla, según estas mismas fuentes, se ha limitado a defender que ese contrato que firmó como alcalde en 2015 no fue objeto de reparo ni de ningún informe contrario por parte de la intervención ni la secretaría del ayuntamiento.

Supuestas irregularidades en el expediente

Las “cinco o seis” preguntas que ha formulado su defensa también se han enfocado en desmontar el delito de administración que se le imputa. Sánchez, a preguntas de su abogado, ha insistido en que el contrato del arquitecto para la redacción del proyecto no contó con ningún informe de reparo. Y, según trasladan fuentes cercanas al caso, el líder del PP sevillano ha señalado que se escogió a ese profesional en cuestión por ser la oferta “idónea”.

En cambio, el abogado de la acusación ha puesto el foco en las “irregularidades” que rodean esa contratación, atendiendo a las fechas del expediente, firmado en el contexto de las elecciones municipales de mayo de 2015. De acuerdo con la parte denunciante, la administración local incumplió el procedimiento legal a la hora de realizar licitaciones públicas, saltándose los plazos al adjudicar el proyecto al arquitecto en junio de 2015, un mes después de que fuera contratado por el ayuntamiento.

La acusación ha formulado en voz alta sus preguntas (cerca de 20) y ha expuesto los documentos en los que se apoyaba para señalar a Ricardo Sánchez como responsable no solo de un delito de administración desleal, por el que está imputado, sino también de tráfico de influencias. Aunque de momento no se le han atribuido cargos relacionados con el supuesto trato de favor que recibió la empresa del tanatorio privado, como sí pesan sobre el resto de investigados, el juez ha permitido que la acusación cuestionara al líder del PP de Sevilla por su relación con Rodríguez Roa, compañero en la ejecutiva autonómica del partido y quien fue apoderado de Previpaz S.L., la empresa que construyó el tanatorio privado.

De esta forma, la parte denunciante busca conectar a Sánchez con el supuesto tráfico de influencias atribuido a los otros investigados, aprovechando que el caso sigue en fase de instrucción y el juez podría ampliar los cargos. Ante ese aluvión de preguntas, Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar, eludiendo así esclarecer las dudas en torno a su relación con Rodríguez Roa y con otros implicados, como el actual alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, y el exdelegado de Urbanismo, José Navarro.

Próximas citaciones

La comparecencia de Ricardo Sánchez ante el juez ha durado menos de una hora y ha abierto la ronda de declaraciones por la que tienen que pasar los otros cinco investigados en el caso. El siguiente en hacerlo será el actual alcalde de Mairena del Alcor, quien ha estado implicado en todo el periodo que se investiga, primero como número dos de Ricardo Sánchez, y luego como su sucesor en el cargo al frente del ayuntamiento mairenero. Juan Manuel López fue, de hecho, quien autorizó en 2021 construir el tanatorio privado pese a que “incumplía” las normativas.

La próxima semana será el turno del propio Francisco Rodríguez Roa, citado para el 13 de marzo, y del administrador de la mercantil que solicitó la licencia de obra Juan Alfonso F. C., quien comparecerá ante el juez el día 14. La segunda quincena de marzo lo harán el exdelegado de Urbanismo José Navarro (el 17 de marzo), y el asesor jurídico José Antonio G. G., quien cerrará la ronda de citaciones el día 18, poniendo fin a esta primera fase del procedimiento judicial.

Aunque la declaración de Ricardo Sánchez no ha despejado aún todas las dudas que rodean su gestión como alcalde de Mairena del Alcor, ha servido para que el caso siga avanzando. La investigación en torno al tanatorio continúa dando pasos, con la mirada puesta no solo en las posibles irregularidades urbanísticas, sino también en el impacto que este proceso puede tener en el liderazgo del PP sevillano y en el tablero político andaluz.