¿Qué tal? Busca un sitio cómodo, que hoy venimos algo cargados. Semana intensa.
Este domingo Madrid se tiró a la calle para rechazar una vez más las políticas educativas de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Una manifestación contra Ayuso, ¿cuál es la novedad?, puede que te estés preguntando. La novedad es que esta protesta la convocaba todo el mundo. Desde Infantil hasta la Universidad, cada uno por sus motivos, pero todos con una idea común: la educación madrileña se cae a pedazos mires donde mires, con tasas de inversión pública a la cola de España. La educación madrileña pública, aclaro por si hiciera falta. La privada va viento en popa.
Las maestras de Infantil piden menos ratios y más salarios, entre otras cuestiones. Las de primaria esas dos mismas cosas, pero también recuperar su jornada laboral de 23 horas, que perdieron en 2012 como el resto de España cuando los recortes del PP, pero son de las únicas que no la han recuperado. Las profesoras de Secundaria se manejan más o menos en estas reivindicaciones también. El personal docente universitario junta casi todos los agravios: están precarizados, la inversión se desploma y la pública se está convirtiendo en subsidiaria de la privada en la región. Cinco años de Ayuso han dado para un ataque a todo lo estatal, sin discriminar a nadie. Y todo eso mientras anuncia rebajas de impuestos a la vez que protesta porque no tiene fondos para la educación.
Miles de personas –alumnado, profesorado, familias e incluso se vio alguna bata blanca de las protestas sanitarias– salieron a exigir cambios a Ayuso. La presidenta suele hacer caso omiso de estas marchas, pero hace no tanto los seis rectores de las universidades públicas le torcieron el brazo a cuenta de la financiación pública y la contratación de unos miles de profesores. Bueno, más que torcérselo se lo doblaron un poquito, todo sea dicho. Pero obtuvieron (casi todo) lo que querían, aunque ya están tan desmoralizados que las peticiones son de mínimos y así es más fácil ceder.
La última ocurrencia de la presidenta ha sido instalar buzones en todos los institutos de Madrid para que quien quiera pueda realizar denuncias anónimas sobre supuesto consumo de drogas, especialmente cannabis, no se sabe bien en qué circunstancias. Partiendo de que dentro de los institutos no se consume, no está muy clara la intención del Gobierno regional con esta medida ni contra quién va dirigida. ¿Quiere Ayuso vigilar y castigar lo que hace el alumnado en su tiempo libre? ¿Controlar al profesorado?
De momento, la idea de que compañeros de clase se vigilen entre sí no está teniendo mucho éxito; apenas ha recibido denuncias. Sí ha sucedido que alguien denunciara a su profesor de manera anónima y la dirección del centro le abriera una investigación, como contó El País que sucedió en un centro. Un alarde más de la “libertad” de Ayuso.
Cierro el bloque con un tema que no tiene nada que ver con la presidenta, que es el caso Monedero. Ya sabéis todo lo que pasó la semana pasada –si habéis estado en el polo sur lo podéis leer aquí–, no os voy a aburrir con eso. Pero sí quería hacer hincapié en que Monedero es profesor de la Universidad Complutense y lo que se ha denunciado de manera concreta con nombres y apellidos es el presunto acoso a una alumna, una situación tan vieja como la misma universidad.
Ahora la pelota está en el tejado del centro, que de una manera más o menos ágil (“diligente”, dice en su propio protocolo) debe resolver el caso. La panoplia de resultados van desde la absolución hasta la fiscalía pasando por la suspensión de empleo y sueldo, en función de la gravedad que en su caso considerase la comisión de igualdad. Va a ser interesante ver qué resuelve la Complutense con un caso que, desgraciadamente, a más de una le habrá recordado a aquel profesor o compañero de departamento tan “cariñoso”.
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¡Hasta la semana que viene!
Sobre este blog
La educación lo es todo y, en estos tiempos de desigualdad, la mejor herramienta para la justicia social. Te contamos cada martes desde las políticas nacionales del Gobierno hasta las pequeñas historias del último rincón del país, con especial atención a la pública como garante de la igualdad de oportunidades.
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