Azcón y Rueda relanzan el pacto de Santiago y unen esfuerzos en financiación frente a los “privilegios” de Cataluña

Ni el socialista Javier Lambán ni el popular Alberto Núñez-Feijóo están al frente de los gobiernos de Aragón y Galicia, pero uno de los grandes acuerdos interautonómicos que surgieron de sus ejecutivos, la denominada Declaración de Santiago de 2021, vuelve a estar plenamente vigente. Esta vez han sido sus sucesores, Jorge Azcón y Alfonso Rueda, y en la capital aragonesa en vez de la gallega, quienes han renovado los votos en relación con un acuerdo que involucró a otras seis comunidades autónomas y que tiene un elemento hegemónico: un nuevo modelo de financiación que se contraponga a los “privilegios” que desde su punto de vista recibe Cataluña.

La cuestión se ha abordado en Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo aragonés, en la primera visita oficial de un presidente autonómico desde que Azcón está al frente del Gobierno, aunque también ha habido espacio para otros puntos en materia sanitaria, de inteligencia artificial, energética o de turismo. Al fin y al cabo, son muchos los lazos que unen a estas dos comunidades autónomas, de manera destacada características como una gran extensión territorial, la dispersión y el envejecimiento.

El colofón de la reunión entre los jefes del Ejecutivo aragonés y gallego ha sido un documento que han suscrito y en el que apuestan por retomar y actualizar la mencionada Declaración -que sumó también a La Rioja, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias-, en un momento en el que consideran que la reforma del sistema de financiación autonómica es “más necesaria que nunca”. Tras el encuentro, se han trasladado a la Basílica del Pilar, tras lo cual Alfonso Rueda ha mantenido un cara a cara con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

El coste real de los servicios

El documento consta de cinco puntos en los que reafirman la “plena vigencia” de la Declaración de Santiago. Constatan que no se han producido “avances significativos” desde 2021 y que, frente a esto, se han ofrecido concesiones a determinadas comunidades que han convertido en “agravios”. En este escenario, muestran su “rechazo a cualquier tipo de financiación privilegiada negociada de forma bilateral” y expresan la “necesidad de un nuevo sistema que respete los principios constitucionales de igualdad y solidaridad”.

La principal exigencia acordada por los líderes de los ejecutivos aragonés y gallego, que van a trasladar a las otras seis comunidades autónomas firmantes de la Declaración de Santiago, es la de que el nuevo sistema de financiación autonómica tenga en cuenta “el coste real de los servicios”. En este sentido, Azcón ha subrayado que Aragón cuenta con 745 centros sanitarios por cada millón de habitantes, cuando la media española es de 275, y que Galicia aglutina el 13% de los centros de salud de todo el país.

En el ámbito educativo, la comunidad aragonesa cuenta con 433 colegios por cada 100.000 alumnos, una cifra que en Galicia aumenta hasta los 454 centros, frente a los 346 de la media nacional. “Necesitamos muchas infraestructuras y equipamientos para prestar servicios de calidad en comparación con otras comunidades autónomas”, ha remarcado Azcón.

En sus palabras, la Declaración de Santiago “sigue vigente” ya que el Gobierno de España ha impulsado “grandes concesiones que dinamitan los principios de igualdad y solidaridad”, en referencia a la financiación singular para Cataluña y la condonación de la deuda. Por tanto, lo suscrito este miércoles mantiene “los mismos principios, los mismos valores y la misma filosofía” que lo acordado en 2021 en la capital gallega, cuando ninguno de los presidentes firmantes “podía imaginarse lo que iba a ocurrir”.

En palabras del presidente aragonés, el nuevo sistema debe incluir “más dinero”, debe negociarse de forma multilateral y debe respetar los principios de igualdad y solidaridad. Dicha actualización tiene que ser “urgente e inmediata”, frente a los “privilegios” que está dispuesto a conceder el Ejecutivo central.

Los problemas se han agudizado

Por su parte, Alfonso Rueda ha reiterado que el documento suscrito en Zaragoza pone “negro sobre blanco” sobre muchas cuestiones sobre las que llevaban hablando “en los últimos meses”. El jefe del Ejecutivo gallego ha recordado que, pese a que algunas de las autonomías de la Declaración de Santiago han cambiado su signo político -sin ir más lejos, Aragón-, los problemas “no solo se mantienen, sino que se han agudizado”.

“Lo que es de todos se discute entre todos”, sin negociaciones bilaterales que “excluyan a los demás”, ha recalcado Rueda en defensa de la multilateralidad, a la vez que ha insistido en que el nuevo sistema de financiación tiene que cubrir el coste de unos servicios que son “más caros” debido a la población envejecida, a la dispersión -ha señalado que Galicia concentra la mitad de todos los núcleos poblaciones de España-. “Esto hay que hablarlo qen una mesa donde estemos todos con el Gobierno central. No nos vale otra cosa”, ha remachado.

El presidente de la Xunta de Galicia ha subrayado que reafirmar lo acordado hace cuatro años en Santiago no es “ir en contra de nadie” y ha reivindicado que, de cara a convencer al conjunto de las comunidades autónomas, ya hay ocho que le dan a Moncloa “gran parte del trabajo hecho”. En cuanto a las otras seis autonomías firmantes, ha dicho que está “seguro” de que los actuales responsables políticos van a estar de acuerdo con este texto.

El principal blanco de las críticas de ambos dirigentes ha sido la condonación de la deuda pactada entre el PSOE y ERC. “No es condonación, es subrogación”, ha aseverado el presidente aragonés, que ha puesto como ejemplo que “si uno debe 100 y otro 50, se pretende que los dos deban 75”. “En Cataluña lo que quieren es que los aragoneses paguemos la deuda que han generado los independentistas”, ha añadido Azcón.

Rueda, por su parte, que ha defendido que Galicia mantiene unos índices de endeudamiento “muy razonables”, ha coincidido en que “la deuda no desaparece, hay que repartirla entre todos” y en que es “un negocio ruinoso” para la mayoría de las autonomías.

Azcón y la bilateralidad con Aragón

Por último, Azcón ha reiterado que defenderá “todos y cada uno de los artículos del Estatuto de Autonomía de Aragón”, que contempla la bilateralidad con el Estado, porque hay cuestiones que se tienen que discutir de esta manera. No obstante, ha insitido en que “lo que afecta a todos, se discute entre todos”, en referencia a la reforma del sistema de financiación autonómica.

El presidente aragonés ha manifestado que “los presupuestos no son infinitos” y que el dinero “no se estira como un chicle”. Por tanto, “o lo destinamos a pagar deudas o lo destinamos a pagar los servicios públicos”, ha concluido.