Militantes y altos cargos de los partidos copan los 'concursos de méritos' para dirigir las empresas públicas de Cantabria

La Ley Reguladora del Régimen Jurídico del Gobierno de Cantabria y su sector público establece que los altos cargos de empresas públicas se seleccionen “mediante convocatoria pública, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público”, con el propósito de que no sean nombrados 'a dedo' por los dirigentes políticos del gobierno de turno.

No obstante, y pese a la citada normativa, personas de confianza, militantes y afines a los partidos de un color y de otro siguen copando los puestos de dirección de las entidades públicas. Ocurrió durante la pasada legislatura, cuando al frente del Ejecutivo autonómico estaban PRC y PSOE, y está sucediendo en la actual, con el Gobierno del PP de María José Sáenz de Buruaga, que desde la oposición hizo bandera de este tema y criticó duramente el bipartito por estas prácticas.

Y es que con anterioridad a la ley, los responsables de las empresas públicas que se nombraban eran cargos de confianza designados por “criterios de profesionalidad y experiencia”, y eso era precisamente lo que pretendía evitar la Ley Reguladora de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional, que fue aprobada en 2018 por unanimidad de los diputados que conformaban entonces la Cámara autonómica (PP, PRC, PSOE, Ciudadanos y Podemos).

Pero lo cierto es que no ha tenido ese efecto esperado y visto lo visto fue un brindis al sol, ya que los mismos cargos de confianza o personas afines a los partidos son quienes superan los 'concursos de méritos' que convoca el Gobierno. Y ejemplos de ello no son pocos en legislatura y media desde que entró en vigor la normativa.

De hecho, el anterior Gobierno, el que lideraba Miguel Ángel Revilla, fue el primero que tuvo que hacer frente a este nuevo escenario e inicialmente le sobrevolaron dudas de cómo aplicar la ley para nombrar a una serie de altos cargos que ya estaban designados de manera extraoficial. Fue el caso de Antonio Bocanegra y Bernardo Colsa por parte del PRC en Sican y Cantur, respectivamente, o de Jorge Gutiérrez en la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) por parte del PSOE, por ejemplo.

Bocanegra es un histórico del PRC y en ese momento era concejal en el Ayuntamiento de Laredo, y Colsa es otro de los hombres fuertes del partido y forma parte de la actual Ejecutiva. Jorge Gutiérrez, por su parte, es diputado en el Parlamento autonómico y forma parte del núcleo duro del actual secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga. Asimismo, a mitad de esa pasada legislatura, Rafael Pérez Tezanos, diputado por el PRC durante 16 años y concejal en Los Corrales de Buelna durante tres legislaturas, fue nombrado consejero delegado de Sodercan.

Son algunos de los casos que llevaron entonces al PP a criticar con dureza “el dedazo” en los nombramientos de las direcciones de las empresas públicas. “Se ha consumado la crónica ya anunciada de que esos cargos se iban a seleccionar a la carta”, dijo entonces Isabel Urrutia, actual consejera de Presidencia y entonces diputada del grupo popular en la oposición.

Papeles cambiados

Sin embargo, y pese a las citadas críticas, con el PP al frente del Ejecutivo la situación no ha cambiado, y fueron los regionalistas desde la oposición quienes cuestionaron los procesos de selección cuando se llevaron a cabo poco después de que echara andar el Ejecutivo de Buruaga.

Así, los papeles se invirtieron y fue el portavoz parlamentario del PRC quien acusó de “oscurantismo y prisas” al PP en los nombramientos, al tiempo que tachó de “escándalo” que no se exigiera una titulación superior para acceder a los puestos directivos.

Y es que es especialmente llamativo que Urrutia, quien entonces no comulgaba con “el dedazo”, posteriormente ostente en la actualidad la cartera de Presidencia y el PP aplique esta legislatura el mismo 'modus operandi' en la convocatoria de unos puestos que han terminado recayendo en personas afines al partido.

Cargos políticos

Pese a la obligación de que estos altos cargos de empresas públicas se seleccionen mediante convocatoria pública, de acuerdo con los principios de “igualdad, mérito y capacidad”, recaen habitualmente en personas que han ocupado puestos políticos, como el exalcalde de Ribamontán al Monte, José Luis Blanco Fomperosa, que también formó parte de la lista electoral de Buruaga -puesto 20-, y es actualmente el director de la Ciudad del Transporte de Santander, CITRASA, una empresa pública dependiente de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente que dirige Roberto Media.

Por su parte, Pedro Nalda, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Santander, está al frente del PCTCAN -el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria- dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio de Eduardo Arasti. Nalda sustituyó en el cargo a Raúl Huerta, que fue concejal del PRC en el Ayuntamiento de Santander.

Y recientemente el PP ha nombrado directora territorial de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte (SRCD) a Elena Palacio, exdirectora del Parque de la Naturaleza de Cabárceno que dimitió hace cuatro meses y cuya renuncia estuvo marcada por los dos meses de ausencia a su puesto de trabajo, según denunciaron los trabajadores y la oposición.

Su nombramiento como alto cargo de la citada entidad pública se produjo tras “un proceso selectivo” que se inicio el 30 de diciembre, tal y como recoge el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Y es que Elena Palacio concurrió como número cuatro en la candidatura del PP cántabro al Congreso en las últimas elecciones generales del 23 de julio de 2023.

Se trata este del último caso relacionado con los 'concursos de méritos' que recaen en en militantes o afines al partido, pero ha habido más últimamente. Y es que Gustavo González Monterrubio, concejal del PP en Cabezón de la Sal en dos etapas (1999-2007 y 2011-2015), dimitió hace poco más de un mes de su cargo como director de la Sociedad Regional de Educación Cultura y Deporte un año después de su nombramiento y pese a no ostentar ninguna formación específica para el puesto.