El nuevo Pacto de Estado reconoce la violencia económica como una forma de violencia machista

El nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género arranca su recta final. Los partidos han llegado este lunes a un primer acuerdo, con la excepción de Vox, y han culminado los trabajos de elaboración del texto, lo que allana el camino para su aprobación definitiva. Aún tendrá que pasar por dos votaciones: la de la Comisión de Seguimiento y Evaluación, que previsiblemente se producirá el próximo lunes, y la del Pleno, pero ya hay un texto cerrado con medidas entre las que está el reconocimiento de la violencia económica como una forma de violencia machista.

Así lo detalla el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es y que, aunque todavía puede cambiar, incluye más de 400 medidas en diferentes ámbitos. Una parte de las mismas ya está recogida en la normativa vigente, son reformas aún pendientes o les falta concreción, pero otras son modificaciones novedosas. Para ponerlas en marcha, el documento consigna un presupuesto económico que se incrementa respecto al anterior y pasa de los mil millones de euros para cinco años a los 1.500 repartidos anualmente en 100 para las medidas de ámbito estatal –con una subida del 15% anual en el presupuesto de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género–, 40 para los ayuntamientos y 160 para las comunidades.

El texto contempla “incorporar de manera específica la violencia económica en nuestro ordenamiento jurídico” mediante la trasposición de la Directiva Europea 2024/1385, así como “reconocerla, regularla y definirla” como la acción de “limitar, suprimir o controlar” el acceso de las víctimas a los recursos económicos con el objetivo de que dependan económicamente del agresor. “Debe tenerse en cuenta que la violencia económica de género no es solo el delito de impago de pensiones, sino también otros tipos penales como el delito de alzamiento de bienes, estafas, apropiaciones indebidas o administración desleal”, detalla el informe final.

En concreto, el texto incorpora propuestas como llevar al Código Penal un tipo que “recoja todas las conductas” que buscan “limitar la economía e independencia económica de las mujeres” o añadir al delito de impago de pensiones una modalidad agravada que tenga en cuenta la situación económica en la que deja a la víctima.

Supresión de atenuantes

En el apartado de la formación, el informe ahonda en el ámbito judicial y estipula la “ampliación del temario” de las oposiciones a la judicatura y en la Escuela Judicial, aunque no concreta en qué sentido, o el “refuerzo” de la especialización de los Juzgados Penales, que son los que atienden un mayor número de casos. Junto a ello, el texto contempla la posibilidad de “proponer” que todos los operadores jurídicos “reciban formación transversal en violencia vicaria” independientemente del juzgado.

Además, establece la especialización en violencia de género “de manera evaluable” de los equipos psicosociales que asisten a los juzgados, señalados en ocasiones por expertas y víctimas por sus informes. Así, también contempla que se garantice que en ellos “se impida” la reproducción de planteamientos como el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría no avalada por las principales organizaciones científicas ni judiciales por la que las madres manipularían a sus hijos en contra del progenitor en un contexto de disputa por la custodia y que en ocasiones sirve para acabar retirándoselas a las propias mujeres.

En el apartado judicial el texto propone la supresión de dos atenuantes de confesión en casos de violencia de género: el de confesión y el de reparación del daño, que fue el que se aplicó al futbolista Dani Alvés para rebajar su pena por agresión sexual. Además, contempla que el consentimiento de las víctimas no se tenga en cuenta a la hora de valorar los casos de quebrantamientos de condenas o medidas de protección o que la sustitución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad esté siempre condicionada a que los agresores hagan un programa de “reeducación”.

Además, propone la elaboración de guías “con criterios de coordinación” entre los juzgados de violencia de género y los de familia y el impulso de una instrucción para que sea obligatorio que estos últimos consulten el sistema que conecta las diferentes bases de datos. El objetivo es evitar la descoordinación que en ocasiones se da y que en 2021 llevó al asesinato por violencia vicaria de un niño de 11 años en Sueca después de que un juez fijara una custodia compartida sin ser consciente de que el padre había sido condenado previamente por maltratar a la madre.

Violencia vicaria

Precisamente, un apartado específico reserva el nuevo pacto para la violencia hacia los hijos e hijas, ya reconocidas como víctimas directas de la violencia machista. Así, con el objetivo de prevenirla, establece la obligación de que, antes de que los jueces tomen una decisión sobre regímenes de visitas, haya una “evaluación profesional paterno-filial” si así lo solicitan las víctimas y propone impedir que “los padres maltratadores” puedan acceder a las grabaciones realizadas con motivo de las exploraciones judiciales de los menores. Al mismo tiempo, reclama el desarrollo legislativo para los hijos e hijas del título habilitante, el sistema que ya existe para las mujeres y que permite que sean acreditadas como víctimas de violencia de género sin necesidad de denunciar.

También hay algunas medidas dirigidas a los menores huérfanos por violencia machista: entre ellas, la actualización anual de las pensiones que reciben o la implantación en los centros educativos de un sistema específico de apoyo a los niños y niñas que han perdido a sus madres por esta causa. Por otro lado, dispone el desarrollo de un protocolo común para los Puntos de Encuentro Familiar, en los que “se garantice” que no se aplica el SAP.

En lo que se refiere a la asistencia a las víctimas, el pacto sugiere el establecimiento de un “sistema de acompañamiento y ayuda” a la toma de decisiones con el objetivo de “evitar la desprotección de la mujer” y promover que haya solo un único profesional “de referencia” para las víctimas en todo el proceso asistencial. Además, incorpora la figura de las “unidades de apoyo en el ámbito local” en las que estén incluidos los servicios sociales y sanitarios que “actúen coordinadamente” con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los juzgados y, entre otras cosas, acompañen a las mujeres en las interposiciones de la denuncia o los procesos judiciales “con el fin de reforzar su decisión”.

Detección en la consulta del médico

En relación con el ámbito policial, se establece la extensión de las unidades especializadas tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil “a todas las comisarías del territorio español” para que también alcancen al mundo rural. En cuanto al sistema de protección VioGén, propone que la violencia perpetrada a través de animales de compaía sea un elemento a tener en cuenta dentro de los protocolos de valoración del riesgo o impedir que aquellos policías que estén incursos en un proceso de violencia de género “puedan acceder a VioGén o a bases de datos que puedan contener datos de las víctimas”.

Hay una batería de medidas relativas al ámbito sanitario, donde se prevé el impulso de un protocolo común en el Sistema Nacional de Salud dirigido a la detección precoz de la violencia machista, y en el educativo. En este último se establecen preceptos ya incluidos en leyes anteriores como el impulso de la educación afectivo-sexual, una medida en la que se añade que se deberá garantizar que quienes la imparten “tengan la formación necesaria” y se propone la regulación de “cuáles son las titulaciones que habilitan para impartir estos contenidos”. También apunta al acuerdo con las comunidades autónomas de cuáles son los requisitos para “impartir formaciones en igualdad y violencia de género susceptibles de recibir fondos públicos”, en línea con el discurso de sospecha que las derechas han sostenido en los últimos años sobre estas formaciones.

A ello se suman las propuestas relativas a las campañas de sensibilización o la mejora en la recogida de datos estadísticos, así como la obligación de que en los planes de igualdad se incluya como medida que las empresas de más de 50 empleados deban recopilar datos sobre denuncias y expedientes por acoso sexual desagregados por sexo. Figuran también algunas medidas englobadas bajo el epígrafe de “prevención de acceso a la pornografía” y algunas otras relativas a la prostitución ya contenidas en otras legislaciones, como la de “desincentivar la demanda” mediante campañas o “implementar los cambios legislativos” para “combatir” la publicidad de prostitución.