PP, PSOE y Vox admiten pagos mensuales a sus diputados en Castilla y León, que reabre el debate sobre el gasto político

Parece que, ahora sí, las Cortes de Castilla y León están dispuestas a abordar las retribuciones de sus parlamentarios, un debate que se ha reabierto después de que los ya exprocuradores de Vox reclamaron el pago correspondiente a enero que les debía el grupo de Vox. El presidente del parlamento, Carlos Pollán (Vox), anunció la semana pasada que ya se había reunido el grupo de trabajo integrado por PP, PSOE y Vox para regular las incompatibilidades y acabar con la “excepcionalidad” que convierte a este parlamento en el único de España donde no todos sus integrantes tienen retribución por su trabajo, una reivindicación en la que coinciden todos los partidos.

En Castilla y León, los procuradores rasos (diputados autonómicos) solo cobran las dietas por acudir a las comisiones y plenos. 220 euros por cada actividad parlamentaria a la que acuden, por lo que los sueldos pueden oscilar entre unos 200 o 500 euros y unos 2.000 euros al mes, en función de a cuántas sesiones acuda. Tras las quejas por la falta de transparencia para conocer los cobros de estos procuradores no liberados, ahora sí se han publicado las indemnizaciones que cobra cada procurador. Entonces, el grupo de Vox decidió pagar una “bonificación” a sus procuradores para que se dedicaran en exclusiva a trabajar como representantes públicos, dejando sus trabajos principales de lado durante esta legislatura.

El grupo parlamentario abona a sus siete procuradores rasos otros 2.025 euros netos que se suman a las dietas que puedan percibir por asistencia, como se ha desvelado después de que los dos exprocuradores expulsados reclamaran que el grupo les debía 2.000 euros correspondientes a enero, una cantidad que pretenden después donar a una asociación o fundación sin ánimo de lucro. Según aclara Vox a este medio, tributan el 19% de IRPF, con un “rendimiento de trabajo” bruto de 2.500 euros.

Ante esta situación, Vox ha intentado reabrir el debate sobre las retribuciones de los representantes públicos que no tienen esa dedicación exclusiva, que solo tienen los miembros de la Mesa de las Cortes, los portavoces del grupo y algunos otros cargos que designan los grupos. En teoría, estos representantes tienen una dedicación exclusiva no deberían poder tener otra fuente de ingresos. Sin embargo, el eurodiputado y exportavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, declaró el pasado verano que cobraba 40.000 euros anuales como “abogado”, algo que justificó a preguntas de elDiario.es porque consideró que sí estaba permitido el “desarrollo de actividades económicas de carácter profesional” como la abogacía.

En el Congreso, los diputados 'rasos' pueden tener otra ocupación distinta de la pública siempre que no se solapen o entren en contradicción previa autorización. En las Cortes de Castilla y León, todos los procuradores —salvo que tengan dedicación exclusiva— pueden trabajar en su puesto habitual.

PP y PSOE también pagan a sus procuradores

Según ha podido confirmar elDiaro.es, los procuradores que no tienen dedicación exclusiva también reciben pagos de los grupos Popular y Socialista. Los procuradores 'populares' cobran otros mil euros mensuales —además de sus dietas por asistencia— que el Grupo hace en dos pagos, según confirman fuentes consultadas por elDiario.es. Prácticamente la mitad del dinero que maneja el Grupo se gasta en sueldos y salarios (651.034,75 euros) y en cargas sociales (36.294,53 euros). El portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, asegura a este periódico que la cantidad “no llega a los mil euros” aunque “fluctúa” entre procuradores por “cuestiones internas”.

El Grupo Socialista también hace un pago de 710 euros mensuales a los procuradores rasos y de 891 a los que son portavoces en las comisiones del parlamento. “Es una paga con retención de IRPF del 35% y consta en la declaración de la renta, no es un sobresueldo”, sostiene el número 2 del PSOE, Daniel de la Rosa. La semana pasada, el nuevo secretario general, Carlos Martínez, insistió en la importancia de que el parlamento autonómico pagara a los procuradores por su trabajo para que los procuradores tengan “medios materiales y retributivos suficientes” y se deje atrás el actual “régimen de voluntarios”. El Grupo Socialista gastó en 2023 461.373,4 euros en personal (396.892,27 en sueldos y salarios y 64.481,15 en cargas sociales).

El personal eventual del parlamento

Además, las Cortes de Castilla y León cuentan con trabajadores eventuales que son nombrados por el presidente del parlamento autonómico, Carlos Pollán, a iniciativa propia, a petición de los miembros de la Mesa o de los grupos parlamentarios. Los salarios de este tipo de personal —compuesto por siete trabajadores dependientes de Presidencia, nueve que dependen de los miembros de la Mesa y cinco que son asesores del grupo parlamentario— depende directamente del Presupuesto del Parlamento.

Según confirma el parlamento a elDiario.es, es este órgano el que se encarga de las retribuciones de este personal. Entre estos asesores, cuyo sueldo las Cortes se negó a desvelar hace ya unos meses, se encuentran cargos políticos como el presidente de la UPL (Carlos Javier Salgado), el concejal de Administración Local de Ávila (Héctor Sastre), el presidente de Vox Palencia (Matías Recio) o el exprocurador socialista Óscar Álvarez.

Los fondos que luego van al partido político

Ni PP ni PSOE detallan en sus cuentas cuánta partida de sus presupuestos va destinada a financiar el partido. Según su contabilidad de 2023, Vox dio 55.000 euros, UPL y Soria ¡YA! recibieron 149.100 euros cada uno por prestar varios servicios a los procuradores, Por Ávila cobró 50.000 euros, mientras que Podemos recibió 30.240 euros; Izquierda Unida, 17.640; y Alianza Verde, 2.520 euros.

Sin embargo, la información relativa a los gastos presupuestados y ejecutados por los Grupos Parlamentarios no obra en poder de las Cortes de Castilla y León, puesto que los grupos parlamentarios son “los exclusivos titulares” de estos datos y “quienes deciden si abren dicha información o no al conocimiento público”. Con carácter general, todos los grupos publican su contabilidad, aunque no todos con el mismo detalle.

La contabilidad relativa a 2024 aún no está disponible en la web del parlamento, que se actualizó en junio de 2024 con los datos del ejercicio anterior. El Grupo Socialista fue el que más tardó en registrar su contabilidad en el registro de las Cortes. Mientras que el PP, UPL-Soria ¡YA! y el Grupo Mixto lo entregaron en enero de 2024; Vox, en febrero, los socialistas lo registraron a mediados de junio del año siguiente al que correspondían las cuentas.

El parlamento da unas subvenciones a los grupos parlamentarios para su funcionamiento en base al número de representantes. En 2024, la Mesa de las Cortes estableció una subvención fija de 2.890 euros y una variable de 3.660 euros por procurador mensuales. En total, los grupos tuvieron acceso a 3,7 millones de euros que fueron repartidos en función de su tamaño.

Esto significa que el Grupo Popular, que tiene 31 procuradores, recibió 1.396.200 euros ese año. El Grupo Socialista (28 diputados autonómicos), 1.264.400 euros. Por detrás, Vox (que entonces tenía 13 representantes) recibió 605.640 euros y el grupo parlamentario que componen UPL-Soria ¡Ya! (6 diputados) obtuvo 298.200 euros en concepto de subvención. El Grupo Mixto, compuesto por un procurador de Podemos, otro de Por Ávila y el exvicepresidente autonómico, Francisco Igea, tuvo 152.568 euros.

Una página de contabilidad del PP

El Grupo Popular solo publica su cuenta de resultados: una página en la que figuran sus ingresos y gastos, pero no detalla quién percibe esos sueldos o cuáles son los “servicios exteriores” que ha contratado el grupo. Los 'populares' ingresaron casi 1,4 millones de euros en 2023, todos procedentes de esa subvención que concede el parlamento para sus gastos de funcionamiento.

Prácticamente la mitad de ese dinero se gasta en sueldos y salarios y en cargas sociales, pero no se especifica quién cobra qué cantidad. Según el portavoz, el grupo tiene cinco trabajadores propios. También se desglosan otros gastos de la actividad ordinaria: servicios exteriores (204.266,57 euros), tributos (143,88) y otros gastos de gestión corriente (225.000). Además, se incluyen 6.759 euros de la amortización del inmovilizado. En total, en 2023 hubo unos 272.000 euros que quedaron sin consignar a ninguna partida.

El PSOE registra 795.140 euros como “otros gastos”

El Grupo Socialista que hasta ahora capitaneaba Luis Tudanca explica un poco más su contabilidad: en tres folios en vez de en uno, y porque solo se incluye una tabla en cada página. El grupo parlamentario ingresó en 2023 los 1,3 millones de euros previstos y gastó en personal 461.373,4 euros (396.892,27 en sueldos y salarios) y 64.481,15 en cargas sociales.

Desde el partido confirman que la cifra de trabajadores es “variable”, puesto que en 2024 fueron “cinco o seis personas” aunque “actualmente” hay destinadas cuatro.

Al igual que los 'populares', los socialistas también han contratado servicios exteriores, aunque tampoco se detalla a qué empresa (111.677,26 euros). El apartado tributario es idéntico al del PP: 143,88 euros. Al Grupo Socialista le 'sobraron' 67.091 euros sin ejecutar en 2023, según su informe de contabilidad, que se quedan en las arcas para el siguiente ejercicio. También gastaron 795.140,62 euros en el cajón de sastre que es 'otros gastos de gestión corriente'. El año anterior, en 2022, estos 'otros gastos' supusieron un millón de euros para el Grupo Socialista.

El activo del Grupo Parlamentario incluye 46.558 euros entre el no corriente (15.569,72) y el corriente (30.988 euros). También tenían un crédito con una entidad por valor de 12.773 euros, según el informe de contabilidad; unas deudas a corto plazo de 50.682 euros y 8.738 euros de “acreedores varios” y otras cuentas a pagar.

Ocho empleados en Vox y los “complementos” para sus procuradores

Vox tiene el informe más extenso, en el que concreta algunos de los conceptos que los otros grandes grupos no abordaban. Los ingresos del Grupo son esos 605.640 euros, de los cuales se gastaron 412.371 euros en sueldos y salarios. El grupo de Vox tenía ocho trabajadores para su funcionamiento ordinario: un jefe de prensa, un asistente de Comunicación Audiovisual una jefa del área jurídica, dos jefes del grupo de las áreas jurídica y económica, dos asistentes y un asesor jurídico. Vox incluso detalla el sexo de este personal contratado: seis hombres y dos mujeres.

De tesorería, Vox tenía 180.814,65 euros en 2023. El patrimonio neto era de 95.328 euros. El pasivo corriente (de acreedores y otras cuentas a pagar) era de 85.485 euros. Según explicó la semana pasada el grupo Vox, se planteó que todos sus representantes recibieran una cantidad neta de 2.025 euros mensuales si se dedicaban en exclusiva a la “labor de representación”. Es una asignación que llaman “complemento por rendimiento”.

También se gastaron 76.077 euros en “servicios profesionales independientes” como los de gestoría laboral, 64.205 euros por la Seguridad Social a cargo de la empresa, 2.906 euros en gastos de viajes y 1.196 euros en “otros gastos y servicios” asociados a los viajes del grupo. Por debajo del millar de euros hay conceptos como los servicios bancarios (864,6 euros) y la manutención (691,5 euros en un año). Esto significa que hubo 7.672 euros sin ejecutar.

El convenio entre el grupo y el partido político Vox se formalizó en noviembre de 2023: el grupo abonó 55.000 euros al partido político para la “prestación de servicios”. La cuenta bancaria corriente del Grupo Vox empezó el año con 128.831 euros y lo terminó con 180.814 euros.

149.100 euros para los partidos UPL y Soria ¡Ya!

El grupo integrado por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡Ya! se divide a partes iguales los 298.200 euros que reciben del parlamento autonómico. Y todo va íntegramente a las arcas del partido y la agrupación de electores, con conceptos como el uso de la sede del partido, el asesoramiento jurídico, la gestión de medios o la manutención.

La Unión del Pueblo Leonés cobra a sus procuradores 22.260 euros al año por utilizar su sede para sus reuniones. El asesoramiento jurídico que proporciona UPL de manera “puntual” suponen otros 13.440 euros al año, así como la elaboración de documentos que ayuden a los procuradores: otros 30.00 euros. UPL cobra otros 30.000 euros a UPL por la elaboración, envío y gestión de comunicados de prensa. También hay otros gastos como la difusión de la gestión de los procuradores (14.400 euros), los gastos en medios con publicidad (20.400), la gestión de la web (14.400) y los gastos de manutención (4.200 euros) de las reuniones que al menos tendrán lugar una vez a la semana con los cargos públicos de las tres provincias que integran la Región Leonesa.

Soria ¡YA! replica el modelo de UPL, aunque las cuantías varían. Así la agrupación ofrece el uso de su sede por 35.780 euros anuales, el asesoramiento jurídico y técnico (27.738), la elaboración de documentos como ayuda a los trabajos (27.738), la elaboración y envío de comunicados de prensa (27.738 euros), la difusión de la gestión de los procuradores (11.040 euros), el mantenimiento de la web (11.040 euros) y la manutención (8.026 euros) de las reuniones con cargos públicos y representantes de asociaciones, fundaciones y colectivos.

El Grupo Mixto

El Grupo Mixto está integrado solo por tres procuradores (Pablo Fernández, Pedro Pascual y Francisco Igea) y recibe anualmente 152.568 euros para los gastos de su funcionamiento. De estos, 46.461 euros se van en gastos de personal (35.182 en sueldos y 11.279 para la Seguridad Social). También hay otros gastos de gestión corriente (100.800 euros) que son las aportaciones a los partidos y coaliciones a las que pertenecen los procuradores. Podemos recibió 30.240 euros según la contabilidad, en la que también figuran los ingresos a Izquierda Unida (17.640 euros) y Alianza Verde (2.520), las tres formaciones que integran Unidas Podemos y a las que representa Pablo Fernández. Por Ávila recibió 50.400 euros por parte del Grupo Mixto. Además, hay servicios de gestoría y auditoría (1.118), los servicios de profesionales independientes (318 euros) y los servicios bancarios (240).