La inversión millonaria para Valladolid que Puente anuncia, otros alcaldes critican y Carnero boicotea

El pasado 17 de febrero, el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, presentó la nueva estación de trenes de la ciudad. Adif invertirá 253 millones de euros en construir una nueva terminal de 7.900 metros cuadrados en un nuevo edificio de viajeros, además de duplicar las vías y los andenes para acoger cinco millones de viajeros al año, 17.500 personas en un día laborable.

El Ministerio ya ha licitado las obras para ejecutar la remodelación de la estación. La licitación incluye un contrato de obras por 249,5 millones y otro por 11,17 millones de servicio de consultoría y asistencia para proporcionar apoyo a la dirección de obra durante los trabajos y supervisar su correcta ejecución, tanto desde el punto de vista técnico como económico, de gestión ambiental, calidad, seguridad, salud y seguridad.

Dos semanas después de la presentación, tras críticas desde el propio Ayuntamiento de Valladolid, además de alcaldes de otras ciudades de Castilla y León, el Consistorio vallisoletano ha anunciado que va a celebrar un Pleno Extraordinario para “posicionarse” en relación con la estación y el soterramiento de las vías del tren. El pleno se celebrará el próximo lunes 10 de marzo, con el objetivo, según el Consistorio, de “solicitar la apertura de diálogo con Adif para establecer los cauces necesarios para que la obra no condicione ni impida la aplicación de la opción de soterramiento de la red arterial ferroviaria a su paso por la ciudad”.

La nueva estación supone un paso más hacia la integración ferroviaria de las vías del tren, dentro del convenio firmado en el 2017 en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad – la estación no está incluida en el convenio, por lo que Adif se hace cargo del coste – entre el Ayuntamiento de Valladolid (PSOE y Toma la Palabra), la Junta de Castilla y León (PP) y el Ministerio de Transportes (PP).

Sin embargo, la integración continúa paralizada con las obras de reparación del viaducto del Arco de Ladrillo – que debería demolerse según el convenio para construir un paso inferior para peatones – y la no licitación de nuevos pasos en la zona de Ariza, que el Consistorio mantiene parados al considerar necesario que entre en funcionamiento uno de los tramos de la variante Este de mercancías para poder licitarlos. Puente ha confirmado que una parte de la variante entrará en servicio en abril de este año y eso supondrá liberar las vías de Ariza y hará posible los nuevos pasos.

Mientras, las declaraciones del alcalde de la ciudad, el popular Jesús Julio Carnero, sobre la estación han tenido desde el primer momento una idea: el soterramiento. A pesar de que Adif haya explicado con cinco razones los motivos por los que la nueva estación hace incompatible soterrar las vías del tren, Carnero ha señalado que tienen que “estar confundidos”. Al mismo tiempo, ha solicitado por carta que se les remita el proyecto de la estación, para conocerlo “de primera mano” y confirmar que hace inviable la promesa electoral del regidor.

El Ministro ha insistido, ante esta petición, que Carnero “sabe perfectamente” que no se le puede remitir el proyecto completo, hasta que no esté licitado, para evitar “filtraciones”. Puente puso como ejemplo que si “se le remitía el proyecto a Carnero y el alcalde estuviera pensando en un amigo constructor que tuviera en mente presentarse a la licitación de la obra, esa persona tendría una ventaja competitiva”. Unas declaraciones que Carnero consideraba “inclasificables” y pedía una vez más el proyecto para saber si será “compatible con el soterramiento”.

El Ayuntamiento contrató un bufete de abogados para boicotear la estación

El Ayuntamiento de Valladolid contrató en agosto un bufete de abogados de Madrid para intentar boicotear la estación de trenes e impedir su construcción. Según fuentes municipales consultadas por elDiario.es y documentos a los que ha tenido acceso este medio, el bufete elegido fue Jiménez de Cisneros Abogados, especializado en derecho administrativo. Fue seleccionado con un contrato menor, el Consistorio envió invitación a tres empresas para la adjudicación y solo respondió este despacho madrileño, que presentó una oferta de 14.000 euros sin IVA, 16.940 euros en total.

En la memoria justificativa para la contratación de este asesoramiento jurídico, documento al que ha tenido acceso elDiario.es, se explica que la construcción de una nueva estación de trenes es una “transcendente actuación que requiere un asesoramiento jurídico especializado y la elaboración de informes en el proceso de elaboración, tramitación y aprobación de los correspondientes proyectos, así como en el debate y discusión de cuantas cuestiones jurídicas se susciten en su desarrollo y ejecución”.

En este mismo texto se señala que tras las elecciones de mayo de 2023, el nuevo equipo de gobierno “considera de vital importancia para el desarrollo económico y social de la ciudad el soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad, por lo que apuesta por reivindicar ante el Gobierno de España y en el seno de la SVAV dicho soterramiento”.

Este bufete elaboró las alegaciones del Ayuntamiento al proyecto de la estación y señaló que cuando se aprobara el proyecto se adoptarían “las acciones correspondientes para la defensa de los derechos e intereses municipales”. En noviembre de 2024 Adif remitió la documentación para que el Consistorio presentara las alegaciones, que envió cuatro consideraciones: que el documento enviado por Adif no “tenía la consideración de proyecto constructivo”, que “el espacio delimitado en los planos gráficos del Proyecto de construcción no se ajustan al fijado en el Estudio Informativo aprobado ni en el Plan General de Ordenación de Valladolid”.

Además, el Ayuntamiento señaló que “el documento sometido a informe rebasa con mucho las funciones propias del Proyecto de construcción y podría limitar incorrectamente las facultades y competencias municipales” y, por último, que “el Estudio de movilidad es claramente insuficiente”. Concluía que el informe debía ser “desfavorable y negativo a los efectos de su tramitación”.

El proyecto se aprobó sin tener en cuenta las alegaciones del Ayuntamiento, según otro de los informes del bufete al que ha tenido acceso elDiario.es. Por este motivo, y en la “obligación del Ayuntamiento de hacer uso de todos los medios disponibles para evitar que se ejecute la obra en los términos en los que la misma se define en el proyecto” no descarta la posibilidad de un recurso en el contencioso-administrativo.

El Consistorio contrató también a este bufete de abogados para realizar las alegaciones correspondientes al proyecto de construcción de un paso inferior en Arco de Ladrillo. En la memoria justifica que “conlleva unas implicaciones para la ciudad que también exigen un análisis detallado de todo el proceso de elaboración, aprobación y ejecución desde un punto de vista jurídico”.

Alcaldes de Castilla y León critican la estación

“Sí a la estación, pero sin que haga imposible un futuro soterramiento”. Es una de las declaraciones que ha hecho Carnero, que no ha llegado a celebrar la inversión de Adif. Sus homónimos de otras ciudades se han 'sumado' a estas críticas. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo (PP), ha considerado “estratosférica” la inversión para la estación. “Los vallisoletanos se pueden considerar muy afortunados. Yo he sido usuario de esa estación y me parece que está bien, pero no quiero entrar en polémicas con la ciudad de Valladolid y con sus habitantes”, decía García Carbayo.

Por su parte, el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, ha criticado lo que considera “alardes provocativos” del ministro Óscar Puente. El regidor se mostró “contrariado” y lamentó “el abandono constante que sufre esta provincia en cuanto a inversiones y, sobre todo, en algunas de ese Ministerio”. El secretario general del Partido Socialista de León, Javier Alfonso Cendón, apuntaba a que “algunos seguían obsesionados” con la estación de tren.

Desde Zamora también llegaron las voces contrarias al proyecto de estación. El Partido Popular zamorano publicó un sacó un comunicado con el que han denunciado que Puente y el Gobierno “ningunean una vez más a Zamora tras siete años de incumplimientos en materia de las infraestructuras”. 

En respuesta a estas declaraciones, Óscar Puente ha negado “haya ningún favoritismo con el proyecto de estación de tren de Valladolid”. “Mientras en unos sitios me acusan de favoritismo con Valladolid, el alcalde de Valladolid ha contratado a un bufete de abogados con dinero público en el mes de agosto para oponerse al proyecto cuando ni siquiera se conocía el proyecto”, explicó el exalcalde vallisoletano.

Mientras, la Junta de Castilla y León, que firmó el convenio de integración de las vías del tren dentro de la SVAV, donde posee una participación del 25%, también ha reprochado al ministro Óscar Puente que no les haya informado del proyecto de la nueva estación. El portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha planteado que, si se hacen cuentas, el coste de la integración, que a su juicio “no soluciona el soterramiento”, más el coste de la estación, de 253 millones de euros, se acerca “mucho” a lo que “podría ser el valor inicial de algunos de los cálculos para hacer el soterramiento”.

Dos semanas después de conocer el proyecto de la estación, tras críticas llegadas desde diferentes puntos del territorio de Castilla y León, y el rechazo del propio Ayuntamiento de Valladolid por 'impedir' la mayor promesa electoral del alcalde – que afirmó que dimitiría si no lograba el soterramiento –, la estación llega a un Pleno Extraordinario del Consistorio en el que los Grupos Municipales podrán exponer su posición: el equipo de gobierno (PP y Vox) se opondrá a Óscar Puente y exigirá, por enésima vez, el soterramiento de las vías del tren.