El PSPV denuncia que el marido de una diputada del PP tenía “conocimiento anticipado” del contrato de 155 millones

El portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, ha desvelado este martes supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación del 'supercontrato' de vivienda protegida para alquiler en cuatro parcelas municipales, una de ellas en un barrio arrasado por la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre. Sanjuan ha denunciado ante la Agencia Valenciana Antifraude y ante el Síndic de Greuges, equivalente autonómico del Defensor del Pueblo, que el concejal de Vivienda, Juan Manuel Giner, invitó a la empresa de Javier Timoner, marido de una diputada popular en el Congreso y dirigente del PP de València, a participar en la licitación del estudio de viabilidad económica del contrato de construcción de 221 viviendas de protección pública en cuatro parcelas de propiedad municipal. Un contrato que, finalmente, ha obtenido precisamente la promotora inmobiliaria de Timoner, tal como ha informado elDiario.es. Los socialistas denuncian una supuesta vulneración del ordenamiento jurídico e infracción de derechos fundamentales“, según el escrito al Síndic de Greuges al que ha tenido acceso este diario.

La empresa del promotor ni siquiera llegó a presentar una oferta tras la invitación a participar en la licitación del estudio de viabilidad económica, finalmente adjudicado a la empresa Raizde3 SL, que calculó un beneficio 'limpio' del contrato de 155 millones de euros. Así, el PSPV considera que la promotora del marido de la diputada del PP Alma Alfonso “se benefició de la información facilitada” por la Concejalía de Vivienda, en el marco de la invitación a participar en la licitación del estudio de viabilidad económica, “sin que tan siquiera quede acreditado que la empresa tuviera el más mínimo interés en efectuar el trabajo”.

Por tanto, a juicio de los socialistas, la empresa “tenía conocimiento directo y anticipado del procedimiento de contratación al que acabó presentándose en solitario”. “Da la casualidad”, ahonda el PSPV, que la promotora inmobiliaria fue “la única empresa” que se presentó al 'supercontrato' de comnstrucción de 221 viviendas de protección pública. El escrito de Borja Sanjuan también destaca que el concejal de Vivienda “decidió” fijar un canon anual de licitacion de cero euros, “pese a no ser la práctica habitual en este tipo de contratos”.

Además, el portavoz socialista sostiene que “existe prohibición para contratar” a la empresa de Javier Timoner por la supuesta “íntima relación de amistad” entre su cónyuge, diputada y dirigente de la ejecutiva PP de València (presidida por la alcaldesa María José Catalá), y los ediles del grupo municipal popular. El escrito recuerda que el matrimonio asistió a la boda de un concejal del PP, tal como reseñan fotografías colgadas en redes sociales.

Alma Alfonso, argumenta el portavoz socialista, “no es una mera afiliada” al PP sino que “ocupa un cargo de relevancia en la dirección” de los populares en la ciudad de València. Además, Sanjuan recuerda que la diputada “ha publicado en sus redes sociales numerosas muestras de afecto y amistad” hacia los concejales del PP y hacia la primera edil.

El PSPV también lamenta que su solicitud de acceso al expediente administrativo de contratación “a día de hoy aún no se ha atendido”. Por otro lado, el escrito de los socialistas incide en que el promotor fue director general de Lubasa en un periodo en el que, tal como acredita la sentencia más reciente del 'caso Taula', la constructora inyectó fondos en la 'caja B' del PP de València de Rita Barberá.

En una comparecencia este martes, después de que este diario publicara que el consistorio ha propuesto la adjudicación del millonario contrato a la promotora de Javier Timoner, Borja Sanjuan ha criticado el “pelotazo urbanístico de 155 millones”. El portavoz socialista ha afirmado en referencia al equipo de Gobierno del consistorio: “Como mínimo, lo que tienen que hacer es explicar por qué el marido de una diputada del PP es el adjudicatario de 155 millones de suelos de los valencianos, incluidos algunos afectados por la DANA”.

Fuentes del equipo de Gobierno da María José Catalá asegura que se trata de un concurso público y de libre concurrencia que “cuenta con el aval de los técnicos”. “Los socialistas están manipulando la realidad una vez más”, aseguran las mismas fuentes, que recuerdan: “Se trabaja en todas las vías posibles para construir viviendas en la ciudad, no se puede estar parados, la izquierda construyó 14 viviendas en ocho años y sólo el derecho de superficie va a proporcionar 221 de protección pública a la ciudad”.