Compromís intenta paralizar en el TSJCV la consulta sobre el valenciano en educación que impulsa el PP de Mazón

Continúan los intentos por paralizar la consulta sobre la lengua base en los centros educativos valencianos impulsada por el conseller popular José Antonio Rovira y en la que están involucradas alrededor de 570.000 familias a lo largo de todo el territorio. Así, el síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, y el portavoz de educación de la formación valencianista, Gerard Fullana, han anunciado este lunes la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) -la medida del Consell ya está judicializada en el alto tribunal valenciano a raíz del recurso presentado por Acció Cultural del País Valencia, Famílies pel Valencia y Familias de Russafa- que argumenta las razones para suspender este referéndum y que ha sido rubricado por miembrosde la coalición (diputados provinciales, autonómicos y en el Congreso y concejales de Castelló, València y Elche) con hijos e hijas en edad escolar.

Los recurrentes, que presentan el recurso a título individual como personas usuarias de la escuela pública y de la enseñanza en valenciano, solicitan medidas cautelarísimas y cautelares ante la orden de consulta. “Formamos parte de las miles de familias afectadas por este referéndum que no tiene ninguna base pedagógica, que solo aspira a crear crispación y marginar el valenciano en las aulas”, han asegurado los firmantes, quienes bajo el lema 'Pels nostres fills i filles, sí al valencià' sentenciaban que en las zonas castellanohablantes “está directamente prohibido aprender en valenciano y en las zonas valencianohablantes, no nos aseguran que nuestros hijos e hijas estudien en la lengua que hemos elegido”.

Compromís pone el énfasis en que celebrar la consulta en el mes de marzo “implicará generar el caos burocrático en los centros, dado que es demasiado tarde y colapsará el proceso de admisión y matriculación. Estamos convencidos que la consulta es una cortina de humo más para intentar desviar la atención de las negligencias de Mazón y el conseller de Educación por la DANA”.

Incompatibilidad de la consulta y la matriculación

Fullana considera que existen cuestiones formales, “como la imposibilidad de conjugar este proceso de consulta con la matriculación de forma normal, porque como todo en este Gobierno, se ha presentado tarde y mal”. También explican que “se obliga” a las familias a participar solo de forma telemática y no presencial, y este es “un elemento importante con jurisprudencia suficiente”. Otro aspecto importante, destacan, es que la orden no cuenta con memoria económica, lo que “es motivo de nulidad”.

En cuanto a los motivos de fondo, los principales se basan en que “se obliga al alumnado de las zonas castellanohablantes a no estudiar en valenciano y después hay una falsa libertad, a centenares de miles de familias se las obligará a estudiar en una opción no elegida, con un agravante: no hay ninguna justificación pedagógica para esta cuestión”, denuncia el diputado el valencianista.

Además, Compromís sostiene que el Consell Jurídic Consultiu, en su dictamen sobre la orden de consulta, realiza una decena de observaciones, “dos de ellas esenciales a las que la administración está obligada a poner solución: no se garantiza a cada familia la lengua por la cual voto y el procedimiento únicamente telemático es ilegal”.

Así mismo, recuerdan los diputados valenciansitas que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad de Compromís contra la ley de 'Libertad Educativa' aprobada por PP y Vox: “El alto tribunal investiga incumplimientos de 28 artículos de leyes de rango superiores como la LOE, el Estatuto de Autonomía y la Constitución”.

Los centros ya tienen la información sobre la consulta

Las familias pueden consultar desde este lunes sus datos en el censo provisional que deben publicar las direcciones de los centros públicos y la titularidad de los centros concertados.  Esta publicación debe realizarse en los tablones de anuncios del interior del centro, tal y como se indica en la orden de la consulta. Los datos se generarán a través del sistema de información ITACA. 

Una vez publicados los datos en los censos provisionales, las personas interesadas podrán presentar reclamaciones hasta el 21 de febrero. Estas reclamaciones se realizarán en la secretaría del centro público o ante la titularidad del centro privado concertado. 

La publicación de los censos definitivos se realizará una vez terminado el plazo de subsanación de errores y hasta el 24 de febrero, día anterior a que empiece la consulta. Si una vez publicado el censo definitivo alguna familia detectara algún error podrá interponer reclamación ante la dirección territorial competente en materia de educación. La consulta se realizará entre el 25 de febrero y el 4 de marzo.