La Guardia Civil da un balón de oxígeno a Asensio, Sader y Ecofert Sansoain al no ver “peligrosos” los lixiviados de Zubieta

La unidad central del Seprona de la Guardia Civil, el equipo especializado en delitos ambientales, ha entregado ya su informe de conclusiones al juzgado de Donostia que investiga el envío de lixiviados desde la planta CMG-I de Zubieta, un recinto cuya titularidad es del consorcio foral GHK. Los residuos acabaron en Sader, en Bilbao, y en Ecofert Sansoain, ubicada en la localidad navarra de Artajona. Es un documento que siempre se había considerado como determinante para el futuro de una causa instada por la Fiscalía al entender que esas remesas podrían constituir un delito ambiental y otro de falsedad documental, ya que se hicieron con un código LER diferente al de la naturaleza real de los residuos. El atestado concluye que el material enviado a Bizkaia y Navarra no es “peligroso” pero también que hubo una “identificación errónea con arreglo al código LER asignado”.

La investigación partió de una denuncia de la plataforma GuraSOS. La Fiscalía la revisó y admitió que parte de ella mostraba indicios de delito. Otra fue descartada de entrada. Hecha la revisión, el ministerio público presentó una denuncia en otoño de 2025 en la que señaló como presuntó responsable al diputado foral guipuzcoano de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, que es el presidente del consorcio GHK, así como secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa -lo era entonces y será reelegido este mes de marzo-. La denuncia afectaba también a otros cargos. Igualmente, Sader se personó en el procedimiento. No lo ha hecho Ecofert Sansoain, que ha colaborado con él de modo externo.

Asensio, en una entrevista en 'El Diario Vasco', ha señalado que “si no hay delito” debería ser “archivada la causa”. También insiste en que la Guardia Civil ha constatado lo que él lleva defendiendo meses y una vez más remarca que GuraSOS no tenía razón. En comparecencias anteriores ha criticado con dureza a este colectivo por iniciar una y otra vez procedimientos judiciales contra el CMG-I, que incluye entre sus instalaciones una incineradora, y que siempre los acaba perdiendo. Cree Asensio que el dictamen es “concluyente” aunque admite que no está personado en el sumario. “No existe ningún actuación delictiva”, señalan también fuentes de Sader. “Se ha caído la denuncia”, agregan desde Ecofert Sansoain.

Este periódico solamente ha accedido a una página del medio centenar de folios del documento de la Guardia Civil, que también tiene anexos. Ese documento explica que el CMG-I generó unos lixiviados dentro del marco de su autorización y que podía derivarlos para su tratamiento “externo”. Remarca -en negrita- que “no se observan indicios de actividad delictiva en las operaciones relativas a la identificación, traslado ni tratamiento externo efectuado con los lixiviados”.

Sin embargo, apunta también a que el código LER empleado no fue el adecuado. La Fiscalía sostuvo en su momento que ese podía constituir un delito de falsedad documental pero la Guardia Civil entiende que eso “se dirimiría administrativamente”. El área de Medio Ambiente del Gobierno vasco, que es el que controla la planta de Zubieta, siempre ha rechazado actuar contra el CMG-I en este asunto. El informe, al menos en ese apartado, dice también que la conclusión de que las sustancias no son peligrosas se sustenta en “analíticas efectuadas por la mercantil Sader” y datos aportados por Ecofert Sansoain, es decir, en informes de las propias empresas investigadas.

La Fiscalía ha contado en todo este proceso con el aval expreso y público del Gobierno de Navarra. Sus responsables de Medio Ambiente, includio el consejero, José María Aierdi, y la 'número dos', Ana Bretaña, han sostenido que hubo irregularidades en el envío de lixiviados. De hecho, se llegó a sancionar a Ecofert Sansoain con dureza y a decretar su cierre cautelar, un proceso no resuelto aún y que ha generado una gran afección económica a esta compañía, según indican sus letrados. Políticamente, ha habido grandes tiranteces entre Gipuzkoa y Navarra por este asunto. El Ejecutivo navarro llegó a pedir al vasco que actuara contra el CMG-I, extremo que el nuevo consejero vasco del ramo, Mikel Jauregi, descartó como antes lo había hecho su predecesora, Arantxa Tapia.

¿El caso queda cerrado? No. La Guardia Civil es la Policía judicial y ofrece un informe importante pero no determinante. La última palabra es de la magistrada del caso, Silvia Villanueva. En su momento, manifestó que tomaría declaración a los denunciados, incluido a Asensio, y a la 'número dos' de Navarra, Bretaña, después de leído y revisado este atestado. Hay partes personadas que entienden que esto ni siquiera sería necesario a la luz del dictamen policial. En todo caso, las dos acusaciones -Fiscalía y GuraSOS- pueden solicitar otras pruebas para defender su tesis. Técnicamente, hay plazo hasta principios de abril para completar la investigación, aunque es posible una nueva prórroga de seis meses.