El Superior vasco cierra la causa penal contra la consejera Amaia Barredo sin realizar ninguna actuación de investigación

La sala de lo civil y de lo penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha decretado el archivo total de la investigación por prevaricación contra la consejera Amaia Barredo, del PNV, titular de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Los hechos guardan relación con una etapa anterior como viceconsejera de Medio Ambiente, cuando autorizó el proyecto Valogreene Paper de Bergara a pesar de que el ayuntamiento local, de EH Bildu, cambió su visto bueno inicial por una clara negativa.

El alto tribunal, al que le correspondía esta causa por ser aforados los miembros del Gobierno, no ha realizado ninguna actuación propia de investigación y desecha los indicios que había hallado el trabajo previo de un juzgado de Vitoria que la citó como imputada en la primavera de 2024, cuando no era parte del Ejecutivo de Imanol Pradales. Eso sí, el Superior deja abierta la investigación contra el colaborador de Barredo Javier Agirre Orcajo, ahora en URA (Agencia Vasca del Agua) e investigado por la sala de Vitoria. También asegura que han de tramitarse los contenciosos-administrativos que buscan igualmente anular la autorización de Valogreene Paper.

¿Cómo surge este caso? Tras una comunicación de Ekologistak Martxan sobre la puesta en marcha en la localidad guipuzcoana de Bergara del proyecto con ese nombre, la Fiscalía vio indicios de que Barredo, como viceconsejera de Medio Ambiente de Arantxa Tapia en aquella época, pudo cometer un delito de prevaricación al autorizar esa planta. La prevaricación consiste en dictar una resolución administrativa a sabiendas de que es injusta o irregular. No está penada con prisión pero sí con la inhabilitación para ejercer el cargo.

Valogreene Paper, inicialmente, había contado con los parabienes del Ayuntamiento de EH Bildu. Pero al entender que sus promotores habían cambiado sus características de modo muy importante para destinarla a los lodos papeleros, el municipio retiró finalmente la autorización inicial. Sin embargo, el área de Medio Ambiente del Gobierno vasco otorgó igualmente el plácet ambiental. Barredo fue quien estampó la firma. La tramitación del expediente la capitaneó Aguirre Orcajo, el director de Medio Ambiente en aquel equipo. Barredo saltó en 2023 de viceconsejera a diputada foral en Álava y finalmente, a mediados de 2024, regresó al Ejecutivo como consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

Según la resolución judicial, a la que ha tenido acceso este periódico, el tribunal entiende que Barredo no realizó ninguna actuacíón “arbitraria ” y “diametralmente opuesta” a la legalidad, que es lo que exige el delito de prevaricación y pide que se revise la posible “ilicitud” en el plano de lo contencioso-administrativo. Los hechos “no revisten caracteres de un delito de prevaricación administrativa”, indican los magistrados Iñaki Subijana (presidente), Nekane Bolado, Roberto Saiz, Francisco de Borja Iriarte y Manuel Ayo.

Barredo siempre había confiado en que las actuaciones no tenían recorrido alguno y así lo verbalizó públicamente en variadas ocasiones. El archivo es recurrible ante el propio superior. Fuentes judiciales no ven con asombo el resultado porque “la instrucción es muy mala” en su conjunto. En los últimos meses el caso había estado peloteando entre el juzgado que inició las pesquisas y el Superior. En junio, cuando Barredo pasó a ser aforada, la sala de Vitoria se inhibió y el alto tribunal vasco entendió que hacían falta más razones, una exposición razonada. Ese documento no ha llegado hasta enero y, en poco más de dos semanas, el Superior ha decidido dar carpetazo al asunto sin mayores actuaciones.