La Xunta ordena por mail ocultar al Parlamento datos clave del psiquiátrico privado investigado por maltrato

La situación del psiquiátrico privado La Robleda (O Pino, a diez kilómetros de Santiago) saltó a las portadas cuando trascendió que una inspección del Defensor del Pueblo había denunciado violaciones de derechos a sus pacientes. Ese mismo día, el BNG presentó una batería de preguntas urgentes en el Parlamento gallego sobre la situación del centro, que la Fiscalía también ha decidido investigar de oficio. Entre otras cuestiones, los nacionalistas quieren saber cuál es la financiación que recibe el sanatorio y cuántos pacientes se derivan a él. Sin embargo, la intención de la Xunta no es resolver esos interrogantes. Un correo enviado por la subdirectora xeral de Atención á Saúde Mental deja clara la directriz de la Consellería. En mayúsculas y negrita, escribe: NO ENTRAR EN LA RESPUESTA DE ESTO.

El correo interno, al que ha tenido acceso elDiario.es, tiene como asunto Preguntas parlamentarias Hospital Hestia-La Robleda. A lo largo de dos páginas, la directora xeral Almudena Díaz Pereira desarrolla las contestaciones que los comparecientes deberán ofrecer a las once cuestiones que los nacionalistas plantearán en la comisión de Sanidade de este jueves. Sólo en dos se conmina a no responder. Son las que se interesan por saber a cuánto asciende la financiación pública que recibe el centro a través de su concierto con el Servizo Galego de Saúde y cuál es el número de pacientes procedentes del sistema público que acaban ingresados allí.

Tras esa instrucción, un breve texto: “Este centro tiene una autorización de USO que finaliza el día 3 de Marzo. Los pacientes derivados a estos centros muchas veces son de sociosanitario no olvidarlo, el número de los pacientes psiquiátricos son 26 (24 crónicos y 2 agudos), no tenemos muchas veces otra opción para garantizar los ingresos en los tiempos adecuados”. Las mayúsculas y la puntuación se ha transcrito de forma textual.

La inspección sorpresa realizada el pasado mes de septiembre a La Robleda —sanatorio perteneciente al grupo Hestia Alliance— por técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependientes del Defensor del Pueblo, constató casos de pacientes a los que se mantenía atados durante semanas, sin protección frente al riesgo de agresiones sexuales. Otros, según el informe, llevaban años ingresados sin justificación médica. Todas las habitaciones tenían cámaras de videovigilancia y el acceso a la tecnología estaba restringido. La Fiscalía Provincial de A Coruña ha abierto sus propias diligencias e investigará lo que sucede tras las paredes del sanatorio.

A preguntas de elDiario.es, la Consellería de Sanidade, admitió que el correo, con “información de trabajo de carácter interno”, fue remitido “por error” a la secretaría de una entidad oficial a la que, una vez descubierta la equivocación, le pidieron que lo eliminase.

“La difusión del contenido de ese correo se hizo sin el consentimiento del Servizo Galego de Saúde y con advertencia expresa e inequívoca de que tenía que ser eliminado, por lo que los servizos jurídicos del Servizo Galego de Saúde evaluarán si la difusión a terceros de ese correo puede constituir un ilícito penal al objeto de exigir las responsabilidades correspondentes”, añaden en una respuesta escrita que finaliza así: “El Servizo Galego de Saúde no autoriza la difusión pública de la información recogida en dicho correo”.